Los habitantes de varias zonas rurales de Cuenca decidieron organizarse para enfrentar a la delincuencia. Con marchas, patrullajes y guardias comunitarias, advierten que harán "justicia por mano propia".
Armados con bates de beísbol, palos de escoba, ollas, carteles y bocinas, cientos de habitantes del sur de Cuenca salieron la noche del 17 de abril de 2023 a una marcha de protesta contra de la delincuencia.
Los vecinos de una decena de comunidades recorrieron 3,5 kilómetros de la vía Cuenca-Azogues, gritando consignas y mostrando carteles contra la inseguridad.
En ellos se ve una tendencia hacia la idea de hacer de justicia por mano propia: "Fuera la delincuencia", "Abajo los extorsionadores", "Ladrón cogido será quemado".
Esa misma noche, en la parroquia Yanuncay (también al sur de Cuenca), decenas de vecinos hicieron una protesta parecida.
"Queremos decirles a los ladrones que no vengan por acá, saldremos con más fuerza y seremos más contundentes”, advertía uno de los moradores.
Y en los barrios Corazón de Jesús y Convención del 45 (en el centro de Cuenca) se repitió la misma historia. Los vecinos salieron para exigir a las autoridades que reactiven una Unidad de Policía Comunitaria.
Las protestas, aparentemente espontáneas, se replicaron en toda la ciudad, en parroquias urbanas y rurales. Todas buscan enviar un mensaje de unidad frente a la delincuencia y dejar claro que, si las autoridades no actúan, ellos lo harán.
Habitantes de Turi protestan contra los extorsionadores en Cuenca, el 17 de abril de 2023. Cortesía.
Cansados de la delincuencia
A ese malestar se sumaron los habitantes de barrios que han recibido amenazas de extorsionadores. Su reacción es tomar la ofensiva y organizarse.
En parroquias como Sayausí, Tarqui, Baños, Ricaurte, El Valle y Hermano Miguel, los dueños de locales comerciales han recibido panfletos o mensajes de advertencia de parte de extorsionadores.
En la turística parroquia de Turi, más de 50 negocios denunciaron haber recibido visitas o llamadas de los extorsionadores.
Mientras que en la parroquia Hermano Miguel aparecieron panfletos en los que delincuentes anunciaban que empezarían a cobrar a cambio de seguridad.
En lugar de ceder a las amenazas, los habitantes de esas parroquias decidieron unirse y reforzar la seguridad con sistemas de control y videovigilancia.
Pero en otros sitios la respuesta es más radical.
Guardia armada
En la parroquia El Valle, la comunidad indígena de Gualalcay formó una guardia comunitaria integrada por exmilitares y personal entrenado en seguridad.
Los integrantes de esta guardia difundieron un video en redes sociales que los muestra equipados con chalecos antibalas y armas de distintos tipos.
Jorge Arévalo, presidente de la comuna Gualalcay, advierte que cualquier delincuente que sea aprehendido será castigado con justicia indígena.
Cuando sucede un hecho delictivo o se advierte de la presencia de extorsionadores, se activan las alarmas y los habitantes de Gualalcay se comunican con las parroquias vecinas.
De inmediato, los comuneros organizan patrullajes y cierran los accesos para evitar que los presuntos delincuentes huyan.
Las protestas se multiplican
Estas expresiones en los barrios no son improvisadas, empezaron a surgir a inicios de abril como respuesta a la falta de reacción policial en casos puntuales.
Los vecinos del céntrico barrio Corazón de Jesús dieron el primer cacerolazo a inicios de abril, luego de que un presunto delincuente entró a robar en una vivienda y, a pesar de las alertas de los vecinos, no hubo respuesta policial.
El atraco ocurrió cerca de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que no está operativa y de una cámara de videovigilancia averiada.
"Los policías vienen desde otros barrios y, por eso, llegan tarde. Pedimos que reabran la UPC para que la Policía esté más cerca", comenta un vecino.
A ese reclamo se sumó el de que los detenidos son liberados de inmediato por los jueces, según la Gobernación de Azuay.
Militares a las calles
El gobernador de Azuay, Matías Abad, reconoce que la unión barrial ha sido un llamado de atención para las autoridades locales y el Gobierno Central.
Tras estas manifestaciones, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad, "tenemos a 400 militares y una fuerte presencia policial", detalló el gobernador.
Abad admite que en Azuay operan bandas criminales dedicadas a la extorsión, pero asegura que también hay delincuentes comunes, que se toman el nombre de las bandas para amedrentar a la población.
El gobernador anunció que para combatir a esos grupos, la Policía implementará una unidad de inteligencia para prevenir delitos y no solo reaccionar una vez que se cometen.
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