Oficiales de la Armada, sancionados por captación ilegal de dinero

El protagonismo del exmilitar Miguel Ángel Nazareno en un esquema de captación ilegal de dinero arrastró a 139 uniformados, quienes depositaron sus ahorros en la empresa Big Money. A raíz de ese caso, la Armada del Ecuador encendió las alertas dentro de la institución.

Tres meses después de aquel comunicado de John Merlo, comandante de la Armada, en el que alertaba de la presunta participación de miembros activos de la institución en entidades financieras "tipo piramidal", se conocen las primeras sanciones.

Se refería a la plataforma ByDzyne, dedicada oficialmente a redes de mercadeo, pero que realmente operaría como una captadora de dinero con formato piramidal.

La Marina detectó que cuatro de sus elementos están inmersos en captación ilegal de dinero. Según la información a la que accedió PRIMICIAS, se trata de cuatro oficiales subalternos, quienes tuvieron "una participación activa y directa" en este esquema ilícito.

No se especifica si tienen relación con Big Money ni el nombre de la captadora.

Ricardo Unda, Inspector General de la Armada, elaboró el "Informe del Grupo de Investigación de Asuntos Administrativos 617-2022", donde se determinó la participación de personal naval en entidades no autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

Entre otras cosas, citó inobservancia al artículo 23 de las Normas de Comportamiento Ético del Personal perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas.

En él se establece que "el funcionario no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones".

Además, debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones.

El documento, remitido mediante oficio al Comando General de la Armada, recomendó las sanciones a los oficiales.

Los uniformados son procesados por incumplir la disposición, con sanciones que van de uno a cinco días de arresto.

Pago de impuestos

Otra de las recomendaciones de Unda, que acogió Merlo, es que al personal naval involucrado con la compañía captadora de dinero cumpla con las obligaciones tributarias derivadas de los ingresos obtenidos como miembros de esta empresa.

Esto es, a través del pago de impuestos correspondientes. La Dirección de Talento Humano de la Armada está a cargo del control y cumplimiento de esta disposición.

Pero según explicaron fuentes navales a PRIMICIAS, el Servicio de Rentas Internas (SRI) definirá el mecanismo.

Desde la Superintendencia de Compañías, encargada de revisar la constitución de las empresas, confirmaron que Fiscalía resuelve los ilícitos, una vez declarado como tales.

Y que el único que puede ordenar la devolución de dineros captados de forma de ilegal, es un juez en sentencia, a través de las medidas de reparación integral.

La Armada no ha denunciado a los uniformados ante la Fiscalía.

En paralelo, la Dirección de Comunicación Social elaborará campañas de difusión de valores y principios institucionales, orientada a concienciar sobre la importancia del respeto irrestricto a las leyes y reglamentos que rigen a las Fuerzas Armadas.

Sus responsables coordinan el cumplimiento de esta tarea.