Guillermo Rodríguez, director del Servicio de Personas Privadas de libertad (SNAI), denunció a Claudia Garzón, exmiembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, por presunta usurpación y simulación de funciones.
La denuncia contra la excomisionada, Claudia Garzón, es por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones, ante las alertas de la Dirección General de Inteligencia de la Policía.
La denuncia
La SNAI presentó la denuncia tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre, cuando Garzón "ingresó al centro de privación de libertad masculino Pichincha N.º 1 (El Inca) refiriendo que se encontraba en una visita oficial, y manifestó pertenecer al proceso de pacificación del Comité de Prevención de Tortura", como PRIMICIAS explicó en esta publicación.
El documento dice, además, que pese "al pleno conocimiento de la terminación de sus funciones como comisionada de Pacificación, se arrogó un cargo que ya no ejercía, y lo que es peor, refiriéndose al Comité de Prevención de Tortura, un organismo que pertenece a la Defensoría del Pueblo".
La denuncia contra la excomisionada detalla que Garzón no presta servicios para la Defensoría del Pueblo, ni para ninguna otra cartera de Estado, “por lo que su actuar, hace presumir el cometimiento del delito de usurpación y simulación de funciones públicas”.
El director de Inteligencia de la Policía, que suscribe el informe, habría advertido también que "Garzón pretendió ingresar al Centro de Regional del Guayas, el 24 de septiembre, con la finalidad de visitar a alias ‘Fito’ y ‘JR’", cabecillas de la banda delincuencial Los Choneros.
La defensa de la excomisionada
Claudia Garzón, por su parte, ha negado haber entrado de manera arbitraria a la cárcel de El Inca:
"El director Víctor, me contactó, quería conversar conmigo, pero desafortunadamente la Dirección de Inteligencia Penitenciaria toma las cosas de otra manera".
El delito de usurpación y simulación de funciones públicas, está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación fue conformada vía decreto presidencial el 16 de diciembre para evaluar la situación carcelaria del país.
Sus funciones terminaron el 16 de junio con la presentación de un informe.
En el documento, que fue entregado al Presidente Lasso, los comisionados denunciaron corrupción en todo el sistema penitenciario. Ese informe no fue firmado por Claudia Garzón, quien destacó el acompañamiento del SNAI en el proceso de humanizar y pacificar las cárceles.
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