Orden, ¿con o sin libertad?
Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Entre 2006-2026 escribió para El Universo (Ecuador). Es autora de En busca de la libertad: Vida y obra de los próceres liberales en Iberoamérica (Editorial Planeta, 2025).
Actualizada:
Las elecciones de medio periodo en Estados Unidos son muy diferentes a aquellas que se acercan en nuestro país. Esto es así porque los gobiernos locales en un país tan centralizado como lo es Ecuador deciden poco o nada acerca de la mayoría de los asuntos que impactan el diario vivir de los ciudadanos.
Douglass C. North, William Summerhill y Barry R. Weingast escribieron un ensayo en el que comparaban el desarrollo de Estados Unidos con aquel de Latinoamérica y concluyeron que, mientras que las colonias inglesas heredaron un mercado común y una estructura de poder federal, los reinos de ultramar heredaron mercados sumamente fragmentados —incluso al interior de las jóvenes repúblicas— con gobiernos nacionales centralistas o unitarios.
North y coautores señalan que “El orden político existe idealmente —y en la teoría de juegos— cuando los participantes encuentran que está en su interés, dadas sus expectativas acerca de las acciones de otros, obedecer las reglas escritas o no escritas que demandan el respeto mutuo”. El desorden político, en cambio, sucede cuando los derechos y privilegios de las personas están en juego, no están claramente definidos ni hay un compromiso creíble con su respeto. Entonces, está en el interés de los participantes violarlas o cambiarlas a su favor.
Los autores de este estudio parten de las “creencias compartidas” o consensos a los que ha llegado una sociedad. En el caso de Estados Unidos, había un consenso en torno a la importancia del gobierno local como un baluarte de la libertad de las personas en una república. Eran los poderes legislativos locales los encargados de regular la mayor parte de aspectos que impactan el diario vivir de los ciudadanos, incluyendo la política económica.
Asimismo, compartían la creencia de que los impuestos debían ser determinados por sus representantes locales. De allí se derivó la Declaración de la Independencia, los Artículos de la Confederación, que luego fueron reemplazados por la Constitución de los Estados Unidos.
North y coautores describen el orden resultante de este set de creencias como un “federalismo que preserva los mercados”. El gobierno nacional tenía suficiente poder/capacidad para proveer bienes comunes para todas las colonias, como la defensa nacional y un mercado común, libre de barreras internas al comercio.
A estos dos bienes comunes, yo agregaría que la Constitución de Estados Unidos proveyó el bien común de una moneda de aceptación universal, impidiendo que cada estado emitiera su propia moneda y basando el dólar en lo que era en ese entonces el estándar del comercio y las finanzas globales: el real de a ocho —la primera moneda universal. Bajo este orden, se había limitado el alcance de la política nacional, reduciéndose así considerablemente la búsqueda de rentas (y, agregaríamos aquí, la captura regulatoria).
Esa reducción del alcance de la política nacional, que se hace cumplir mediante la competencia entre distintos regímenes económicos y regulatorios a nivel local, derivó en un potente crecimiento a largo plazo.
En cambio, en lo que eran los reinos de ultramar del Imperio Español, las nuevas repúblicas no tenían un consenso en torno a una serie de derechos y privilegios, dado que estos se regían en base a un gobierno absolutista que negociaba distintos arreglos con distintos cuerpos (la Iglesia, los consulados de comercio, etc.).
Sí había gobiernos locales y estos incluso recaudaban sus propios impuestos, pero la carga de estos era distribuida de manera sumamente variable y eran las corporaciones, no los individuos, las que decidían en qué se gastaban esos impuestos. Además, los impuestos muchas veces no se gastaban donde habían sido recaudados.
La investigadora Alejandra Irigoin describe este sistema con claridad en su estudio “La representación sin tributación, tributación sin consentimiento: el legado del colonialismo español en América”. Un orden descentralizado pero mercantilista bajo el imperio español dio paso a una anarquía de décadas, periodo después del cual el orden se volvió un fin en sí mismo. En el periodo en que se construían las repúblicas latinoamericanas, se solía creer que solo el orden, usualmente autoritario y centralmente planificado, conduciría al progreso.
Al independizarse, los reinos de ultramar no formaron un mercado común que hubiera superado con creces en tamaño al de las 13 colonias en ese momento, sino que se fragmentaron, endurecieron las barreras internas al comercio y se emitieron un sinnúmero de constituciones y monedas de escaso valor y aceptación.
Irigoin concluye: “La falta de consenso sobre la forma del Estado, sobre las fuentes de ingresos y los sujetos responsables por estos, así como la desvinculación entre quienes recaudaban los impuestos y quienes los pagaban, contribuyeron a una tasa de recaudación muy baja, una base fiscal estrecha y, en última instancia, a ingresos insuficientes”.
Podemos desde esta columna cuestionar si los ingresos han sido insuficientes, pero estamos de acuerdo con Irigoin en que la tributación sin representación derivó en gobiernos que carecían de “capacidad fiscal o legitimidad (en muchos casos ambas)”.