Validez del voto nulo
Politólogo. Autor de varios libros sobre democracia, partidos y política latinoamericana.
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Cuando estamos a punto de acercarnos a la mesa de votación es conveniente considerar que la primera decisión que debemos tomar antes de recibir las papeletas es la de validar o anular los votos. Sin embargo, generalmente no vemos esta disyuntiva y asumimos de manera automática que lo único que debemos hacer es escoger entre las opciones que se nos ofrecen para las diversas dignidades. Acostumbrados al voto obligatorio y bombardeados por la publicidad de la campaña, minimizamos el peso que tienen los votos nulos y blancos.
Esto choca con las quejas que abundan en la conversación diaria y que inundan las redes sociales acerca de la baja calidad de los candidatos y de la ausencia de propuestas. Si sabemos que las cosas son así y comprobamos que quienes definen las candidaturas no escuchan esas voces, lo lógico sería que no las legitimemos con nuestros votos. No valoramos el peso que tendría nuestra decisión si las rechazáramos masivamente.
En nuestro país el voto es obligatorio, pero eso no significa que deba manifestarse en favor de alguna de las opciones que configuran el menú electoral. No estamos obligados a hacerlo, sobre todo si consideramos que todo lo ofrecido puede resultar tóxico para la convivencia ciudadana y para la preservación de la democracia. Sin embargo, lo hacemos casi de manera automática. Es probable que esa costumbre venga de la prohibición de promover el voto nulo establecida en los primeros años del actual período democrático, pero cabe recordar que esa disposición rigió por corto tiempo y el voto depende plenamente de nuestra decisión.
Actualmente contamos con la posibilidad de dejar la papeleta en blanco o de tacharla para anularla. La primera opción siempre trae algún riesgo, porque puede ser alterada con cierta facilidad. Además de eso, y con mayor importancia, puede interpretarse como indiferencia y no como rechazo. Por el contrario, la anulación del voto expresa con claridad una posición de insatisfacción. Es, en gran medida, la manifestación de una ciudadanía responsable.
En la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es más visible la importancia de esta consideración. Las encuestas demuestran el alto grado de rechazo a este organismo por parte de la ciudadanía. Independientemente de las causas, que van desde su condición de organismo ajeno a cualquier ordenamiento institucional democrático, hasta el desconocimiento de sus funciones, lo cierto es que no goza de la aceptación ciudadana. Es un mamotreto que debe desaparecer.
La elección de la próxima semana es una excelente oportunidad para ejercer el derecho ciudadano a manifestarse en ese sentido. En la única elección en que se eligió a sus integrantes (en 2023), los votos válidos apenas llegaron al 58% del total y el 42% restante se distribuyó entre blancos y nulos (17% y 25%, respectivamente). La persona que ocupó el primer lugar apenas recibió algo más del 8% de los votos válidos, lo que no puede ser considerado como un mandato legitimado por la ciudadanía.
Si ahora pudieran transformarse los blancos en nulos y dan un pequeño paso adelante, el país podría comenzar a deshacerse de ese peso antidemocrático. Cabe recordar que si el voto nulo supera el 50% de los votos válidos se anula la elección. Sería una forma de empoderamiento de la ciudadanía y un buen tirón de orejas para quienes manejan a su antojo las elecciones.