Leyes adecuadas para gente inadecuada

El “Proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”, presentado a la Asamblea Nacional por el presidente Noboa, no pide —en rigor— la eliminación de las garantías constitucionales. Lo que busca, más bien, es salvar esas garantías de las manos de quienes las han prostituido hasta convertirlas en herramientas del crimen transnacional y de la impunidad constitutiva.

No se trata, entonces, de matar como el narco, sino de impedir que el narco mate lo que queda de República.

Si el narcoestado está ganando la guerra, el Estado formal tiene el deber ineludible de legislar con rigor y contundencia. Si esta lacra de los tiempos y sus abyectas expresiones —narcotráfico, criminalidad o muertes violentas, lavado de activos, narcopolítica, secuestro y extorsión, sicariato, tráfico de hidrocarburos, saqueo a gran escala de la minería nacional, trata de personas, tráfico de migrantes y corrupción institucional sistémica— no dan tregua y avanzan exponencialmente, entonces el Estado formal está obligado a emplear a fondo su capacidad de coerción legítima, sin lugar a duda.

Y, sin embargo, dos tipos de actores internos actúan hoy como freno directo a esa posibilidad de reacción:

Uno, los legisladores de la claudicación y dos, los todólogos.

Los primeros son los que desde el interior de la Asamblea se niegan a aprobar leyes firmes y necesarias como si estuviésemos en un régimen de normalidad institucional, política y social. Alegan tecnicismos, defienden formas muertas, fingen una preocupación jurídica… mientras sabotean deliberadamente cualquier intento de reacción del Estado ante el colapso.

¿Ignorancia? ¿Ceguera? ¿Complicidad? ¿Todo a la vez?

Se rasgan las vestiduras en defensa de una constitucionalidad vaciada desde la promulgación misma de la Constitución de Montecristi: un engendro técnico y político que consagró el poder del crimen bajo ropaje constituyente. Actúan como si no estuvieran legislando desde un cuerpo institucional ya perforado por mafias, carteles y clanes parasitarios.

Lo cierto es que, si un legislador sabotea al Estado en medio de una guerra declarada que destroza la patria, no legisla: encubre. Y quien encubre el crimen, es cómplice de su existencia. No defiende garantías: garantiza la supervivencia del delito y la impunidad.

Los opinadores espontáneos, “todólogos” y anestesistas del colapso son los garantistas de escritorio, los analistas y cronistas sin su piel en el juego, que viven entre micrófonos, columnas, sets de televisión y redes sociales, y desde ahí dictan lecciones sobre derechos humanos y constitucionalismo mientras el país se desmorona. Adormecen la conciencia crítica de la sociedad naturalizando la decadencia. Su especialidad es una: confundir el Estado de derecho con el estado de retórica, y repetir dogmas como si viviéramos en Suiza o en un laboratorio, no en un país donde los jueces dictan sentencias con una pistola invisible en la nuca.

Niegan toda medida excepcional del Estado como si se tratara de un seminario, no de una guerra sanguinaria y devastadora. Su purismo conceptual es, en el fondo, cobardía discursiva: exigen perfección procesal mientras los ciudadanos entierran a sus muertos, los jueces liberan a criminales, los narcos imponen autoridades y matan candidatos, policías, militares y fiscales. Narcisismo moral y mediático, nacido en una época donde la verdad estorba y el espectáculo no necesita argumentos.

Y no hay diferencia moral entre quien, desde su curul o desde su tribuna, conspira contra el Estado mientras el crimen se institucionaliza.

Por supuesto, hay excepciones notables y valientes: voces lúcidas que, desde los medios o la academia, han alzado su palabra con coraje, claridad y compromiso republicano.

Te saludamos, Patria, dulce y amarga.