La Asamblea cumple su primer año con leyes que no funcionaron y soportando una 'lluvia' de vetos totales
El legislativo ha aprobado 33 leyes desde su instalación, el 17 de noviembre de 2023. Algunas como la 'No más apagones' no dieron el resultado esperado.
El 29 de octubre de 2024 la Asamblea aprobó, por unanimidad, el proyecto de Ley para la Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino. El presidente Noboa tendrá que pronunciarse.
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Asamblea Nacional.
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La Asamblea Nacional transitoria está por cumplir su primer año de funcionamiento con buenos números, pero poco sintonizada con el país: de las 33 leyes aprobadas desde el 17 de noviembre de 2023, apenas dos están encaminadas al tema energético, uno de los principales dolores de cabeza del último año.
Suficientes, según las bancadas opositoras que manejan el discurso que, desde el Legislativo, han dado al Gobierno de Daniel Noboa todas las herramientas para enfrentar la crisis eléctrica que inició a finales de 2023.
La primera que se aprobó, en enero de 2024, fue la Ley de Competitividad Energética, conocida como 'ley No más apagones', que llegó al Legislativo con el carácter de económico urgente.
Para entonces la relación Ejecutivo- Legislativo fluía por el acuerdo entre la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)- Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC). El proyecto tuvo 131 votos favorables.
La norma incentivaba los proyectos de energía renovable no convencional de hasta 10 megavatios. Insuficientes para suplir, en el corto plazo, los 1.200 megavatios de déficit que existen actualmente, según la versión oficial.
Con la crisis agudizada, Noboa insistió con un segundo proyecto, esta vez para impulsar la iniciativa privada en generación de energía. La ley fue aprobada el 27 de octubre de 2024 y publicada en el Registro Oficial, sin objeciones.
Falta ver los resultados que obtenga la normativa, que ya ha sumado críticas, porque -entre otras cosas- limitaría la importación de gas natural para las empresas privadas, lo que sería un obstáculo para que sea afectiva.
Seguridad
En materia de seguridad, otro tema que preocupa a los ciudadanos, los legisladores han sido más generosos, al menos en cantidad de normativa aprobada.
Hay ocho leyes que se han construido en estos 12 meses en diferentes ámbitos de la seguridad. Desde la gestión y prevención de riesgos, pasando por el combate al lavado de activos y la Ley de Armas, Municiones y Explosivos.
El 8 de julio de 2024 se aprobó la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, que incluye el endurecimiento de penas para varios delitos, así como la extradición de delincuentes solicitados por otros países.
Al día siguiente de esa aprobación, el entonces presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aseguró que con las normas aprobadas la Función Legislativa cumplía en la lucha contra la inseguridad y que la ejecución de las mismas estaba en manos del Gobierno y las instancias judiciales correspondientes.
Si bien estas leyes, más otras medidas aplicadas por el Gobierno, generaron confianza entre los ciudadanos a inicios de 2024, la percepción sobre inseguridad ha ido empeorando con el pasar de los meses.
El Índice Gallup de Seguridad Pública 2024, publicado a inicios de octubre, señala que solo el 27% de los ecuatorianos se sienten seguros caminando de noche, la cifra más baja registrada en América Latina.
Economía
Un buen número de leyes abordan y acogen en su estructura más de un área. Eso sucede especialmente con las económicas que se ha visto cruzadas por seguridad, seguridad social y empleo.
En este periodo de tiempo, la Asamblea ha aprobado ocho leyes de este tipo. Las cuatro primeras, sin mayores inconvenientes. En marzo, hubo 83 votos para la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo.
Sin embargo, esa fue la última ley de corte económico que se publicó sin obstáculos. Para entonces, la pugna Ejecutivo- Legislativo se agudizaba.
A inicios de mayo, se votó a favor de una normativa propuesta por Kronfle que obligaba al Gobierno de turno a hacer las transferencias económicas a los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD) los primeros cinco días de cada mes.
A finales de ese mes, en cambio, Construye, RC y PSC se unieron para aprobar una enmienda constitucional para que la Asamblea pueda ratificarse en los textos vetados parcialmente por el presidente con 70 votos y no con 92, como era la norma anterior.
Eso molestó al Ejecutivo que consideró que se estaba retirando la capacidad de colegislador del Presidente. La Ley de Kronfle fue la primera 'víctima' de ese cambio político, pues el presidente Noboa la vetó totalmente, dejando en el congelador la norma por un año.
El resto de leyes aprobadas por la Asamblea tienen que ver con temas ambientales, salud, educación, participación ciudadana, entre otros.
Objeciones totales
Ya con la 'guerra' declarada entre la Asamblea y el Gobierno empezaron los vetos totales a las leyes aceptadas por los legisladores. De las 33 leyes aprobadas, siete han sido objetadas totalmente.
En tanto que tres, que han sido tramitadas durante la presidencia de Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, aún están en espera del pronunciamiento del mandatario.
Entre las normas vetadas por completo están:
- Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
- Ley que obligaba los pagos directos y automáticos a los GAD
- Ley Reformatoria a Varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador
- Ley de Prevención y Defensa contra Incendios
- Código del Ambiente
- Ley de Registro
- Reforma a la Ley de Cultura
El presidente Noboa ha hecho severas críticas a la Asamblea por las leyes aprobadas en las que ha no ha dudado en usar la figura del veto total.
En la de cultura, por ejemplo, consideró que había errores de forma, fondo y hasta faltas ortográficas en el texto aprobado.
El Ejecutivo cuestionó que en todo el proyecto se uso recurrentemente el término "Casa de la Cultura del Ecuador" para referirse -se entiende- a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
Además, que los legisladores establecieron la figura de incentivos y estímulos para quienes apoyen acciones culturales, sin tener en cuenta que estos podrían impactar el Presupuesto General del Estado.
Omitiendo, además, que es el Presidente de la República el único con competencia de proponer reformas en el ámbito tributario.
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