¿Quién es Bella Jiménez, la exasambleísta destituida e investigada por presunta concusión?

La exasambleísta Bella Jiménez figura entre los cuatro detenidos por la Policía en el marco de un caso que investiga presunta concusión en Ecuador, informó este 8 de octubre la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, la Fiscalía informó de la ejecución de varios allanamientos en Guayaquil, durante el proceso de investigación por presunta concusión.

"Hasta ahora, cuatro personas han sido detenidas, entre ellas la exasambleísta Bella Jiménez. También se levantan indicios", indicó en un mensaje en la red social, en la que adjuntó fotografías de los detenidos con el rostro difuminado. 

Además, se incluyó una fotografía en la que figuran teléfonos celulares, memorias usb, computadoras portátiles, entre otros indicios encontrados en los allanamientos.

Pero, ¿quién es exactamente Bella Jiménez? El nombre de Jimenéz no es ajeno a investigaciones de la justicia, puesto que en octubre de 2021 fue acusada de supuestamente tramitar cargos públicos a cambio de dinero, una denuncia que ella siempre negó. 

Esto ocurrió cuando Jiménez fungía como segunda vicepresidenta del Legislativo en representación de la Izquierda Democrática (ID). 

Denuncia y destitución 

En ese mismo año, en 2021, Jiménez fue destituida de su cargo, con el voto de 131 de los 132 legisladores presentes en la sesión. 

En aquel entonces, el Legislativo acogió un informe del Comité de Ética de la Asamblea que recomendó la destitución, por infringir el artículo 127 de la Constitución del Estado, que determina las causas para perder la calidad de asambleísta.

Específicamente, Jiménez fue señalada por "percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas".

La exasambleísta fue acusada por los asambleístas Alejandro Jaramillo (ID) y Victoria Desintonio, del correísmo, de supuestamente haber recibido dinero a cambio de cargos en su despacho.

En la denuncia, se especificaba que Jiménez habría pedido hasta USD 6.000 por gestionar cargos. Incluso, una mujer habría indicado que pagó, a través de un cheque, USD 2.500 para ser contratada como asistente de la legisladora expulsada de la ID.

Tras el escándalo, la ID expulsó a Jiménez de sus filas y anunció una depuración del partido. 

Lo cierto es que ahora, en 2024, la exlegisladora es investigada por concusión, un delito que precisamente castiga a un funcionario publico, que en uso de su cargo, exige dinero o una 'contribución' a una persona para realizar ciertas funciones. 

Según el código penal ecuatoriano, el delito de concusión se sanciona con una pena de tres a cinco años en prisión.