Juicio político a Inés Manzano: Fiscalización insistirá para que Luque, Goncalves y Calero rindan testimonio
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea suspendió este viernes 17 de julio la sesión por el pedido de juicio político contra la exministra Inés Manzano, con el fin de que Roberto Luque, Antonio Goncalves y Fabián Calero rindan testimonio en una próxima fecha.
Franklin Samaniego, Mónica Palacios y Blasco Luna (izq.), asambleístas proponentes del juicio político a la exministra Inés Manzano, en la Comisión de Fiscalización, el 16 de julio de 2026.
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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional insistirá a Roberto Luque, Antonio Goncalves y Fabián Calero para que rindan su testimonio ante el pedido de juicio político contra Inés Manzano, exministra de Energía, después de que no se presentaron a la primera convocatoria de este viernes 17 de julio de 2026.
El presidente de la Comisión, Ferninan Álvarez (ADN), suspendió la sesión este mediodía al constatar que no se encontraban en la sala y acogió el pedido de Blasco Luna (RC), uno de los asambleístas proponentes del juicio político, para que se insista en la convocatoria.
La exministra Manzano, quien permanece fuera de Ecuador, comparece vía telemática al trámite del juicio político, pero ha delegado a sus abogados para que presenten sus descargos.
Según indicó la secretaria de la Comisión, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, recibió la notificación para asistir al juicio político esta mañana, mientras que el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y Fabián Calero, exgerente de CELEC, fueron notificados esta víspera a través de correos y redes sociales de la Asamblea.
Antonio Goncalves y Fabián Calero tienen una orden de prisión preventiva por el caso Apagón, que es como denominó la Fiscalía a la investigación de presunto peculado en contratos de generación eléctrica firmados en 2024 entre la estatal Celec y la empresa Progen.
La causa del juicio político
El correísmo la acusa de incumplimiento de funciones en el fallido contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM) para generadores eléctricos, en plena crisis de apagones en 2024.
En el contrato con Austral, la Contraloría General del Estado, tras concluir el examen especial sobre la zona La Propicia, en Esmeraldas, determinó indicios de responsabilidad penal y recomendó establecer responsabilidad administrativa por USD 123.280 y señaló responsabilidades civiles por USD 53.958.000.
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