Inés Manzano, exministra de Energía, está fuera de Ecuador y comparece a su juicio político de forma virtual
La exministra de Energía, Inés Manzano, no asistió de forma presencial al trámite del juicio político que enfrenta en la Asamblea y delegó su defensa a sus abogados, una decisión que fue cuestionada por la bancada correísta.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea empezó el 14 de julio la práctica de pruebas en el juicio político contra Inés Manzano.
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PRIMICIAS.
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La exministra de Energía, Inés Manzano, se conectó este 14 de julio de forma virtual al inicio de la fase de práctica de pruebas en el juicio político planteado en su contra por la bancada de Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea de Ecuador.
En un escrito presentado por sus abogados, Rafael Oyarte e Ismael Quintana, quienes sí acudieron de forma presencial a la Comisión de Fiscalización, se explicó que la exfuncionaria se encuentra fuera del país.
Quintana, quien se refirió a Manzano como "la exministro", afirmó que la solicitud de juicio político "está elaborada con base en conjeturas y no sobre la realidad".
El abogado sostuvo que se pretende atribuir a la exfuncionaria responsabilidades por un contrato suscrito antes de que asumiera el Ministerio de Energía y remarcó que el pago cuestionado también se efectuó antes de su gestión.
Añadió que el convenio fue firmado entre la ATM y CELEC EP, empresas públicas con autonomía administrativa y financiera, por lo que Manzano no ordenó ese desembolso. Además, aseguró que fue la propia exministra quien solicitó a la Contraloría un examen especial sobre el caso.
Durante la sesión, la legisladora correísta Ana Herrera, en rechazo a que la exministra haya enviado a abogados para que la defiendan de un proceso de control político, pidió la intervención de los interpelantes.
Asimismo, los legisladores de RC Mónica Palacios y Franklin Samaniego cuestionaron la actuación de Manzano y la acusaron de haber permanecido "ciega, sorda y muda" frente a las presuntas irregularidades expuestas en el proceso.
Los correístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto acusan a Manzano de presunto incumplimiento de funciones en la contratación de Austral Technical Management (ATM), empresa que entregó al país generadores eléctricos usados y defectuosos.
Ese contrato fallido, gestionado en plena crisis eléctrica de 2024, habría generado pérdidas al Estado ecuatoriano por alrededor de USD 70 millones.
El correísmo cuestionó que Manzano no haya llegado personalmente a la Asamblea, pero tampoco puso demasiados reparos y la sesión continuó.
Un inicio con advertencia
Los interpelantes correístas cuentan con tres horas para presentar las pruebas de cargo. Palacios anunció que la acusación se basará en un examen de la Contraloría, el informe de minoría de la Comisión de Transparencia en el caso Progen y en un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Quito.
Previo al inicio de los alegatos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN) advirtió que no permitiría que el juicio político se convierta en un "reality show".
Aseguró que al mínimo grito, insulto o intento de altercar la reunión, la suspenderá y la retomará cuando vuelva la calma, a la hora que sea necesario.
El correísmo toma la palabra
La asambleísta Mónica Palacios aseguró que todo inició en abril de 2024, durante la administración en la cartera de Energía de Roberto Luque, cuando declaró la emergencias eléctrica.
Y en agosto se firmó el contrato con ATM por un valor superior a los USD 89 millones a cambio de 48 generadores termoeléctricos.
En septiembre, según la versión del correísmo, Celec EP y empresa Austral Technical Management modificaron el esquema de pagos. Uno de esos cambios habría determinado que el 5% del monto sería pagado en 2024, con la sola presentación de la factura comercial y la lista de empaque.
El 70% también sería cancelado ese año con una inspección inicial y una verificación visual. El 25% se pagaría con la puesta en marcha de la planta de generación y el 10% una vez que se efectúe la transferencia de conocimiento en 2025.
"Esto permitió que una parte considerable del valor del contrato fuera desembolsado antes de que la empresa demuestre el efectivo cumplimiento de las obligaciones técnicas que justificaban la contratación emergente", aseguró Palacios.
Con esas modificaciones, Celec habría terminado pagando USD 71,4 millones ya en la administración de Manzano y pese a la advertencias, la contratación no se detuvo, según la acusación correísta.
Blasco Luna calificó como una "serie de arbitrariedades" los cambios que se produjeron en torno al pago del contrato y aseguró que no se trató de un error, sino de un hecho premeditado.
"No vemos un solo megavatio de generación de ATM", dijo que legislador del correísmo al referirse a los generadores que llegaron con fallas que impidieron su puesta en funcionamiento.
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