Comisión ordenada por la Corte Constitucional deberá delinear una salida a los constantes estados de excepción

La comisión interinstitucional que la Corte Constitucional ordenó crear, en su dictamen del 28 de febrero de 2025, no logra completarse. Han pasado ya dos meses desde este primer dictamen, y un mes desde la ampliación y aclaración que la Corte emitió, ratificando su creación. Sin embargo, hasta ahora los integrantes no están completos.

La Corte ordenó la creación de esta comisión debido a los constantes estados de excepción que el presidente Daniel Noboa ha venido decretando desde que llegó al poder. Estos decretos permiten la restricción de derechos, algo que ha derivado también en denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

• Asamblea constituyente: una alternativa costosa y demorada para cambiar el ordenamiento jurídico en Ecuador

Según el dictamen, dicha comisión debe encargarse de la coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales contra la violencia y crimen organizado. “(La) comisión interinstitucional constituirá un espacio de convergencia de las entidades estatales, destinado a coordinar, articular, planificar, ejecutar y supervisar la creación e implementación de herramientas y medidas legislativas, de política pública y de política judicial para poder afrontar, dentro del régimen constitucional ordinario, el problema estructural de violencia y delincuencia organizada", dice el dictamen.

Pero hasta el momento la comisión no ha podido comenzar a trabajar, pues sus miembros no están completos. Esto abre la puerta a una posibles pugnas con el Ejecutivo, que ya se opuso a esta comisión, y que, al mismo tiempo, planea una Asamblea Constituyente que necesariamente deberá pasar por un primer filtro en la Corte Constitucional.

Una excepción muy repetida

Daniel Gallegos, abogado constitucionalista y docente universitario, explica que el principal objetivo de la Corte es buscar una manera de contrarrestar el "abuso constante" de los estados de excepción desde que la Constitución fue promulgada. 

"El problema es que usar el estado de excepción como mecanismo ordinario para tratar de hacer lo que la política pública debería hacer. Es una desviación del estado de derecho", sostiene.

Por ello, asegura que este dictamen es una manera en la que la Corte le está diciendo al Ejecutivo que no puede seguir admitiendo nuevos estados de excepción, pues "la excepcionalidad se está convirtiendo en la norma". La comisión, por lo tanto, para Gallegos es un mecanismo de coordinación para buscar la solución más adecuada a la crisis de inseguridad que vive el país. 

• 35 presuntas desapariciones forzadas ha registrado la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2024

En la misma línea, Lorena Molina, experta en Derecho Constitucional y ex secretaria técnica de la Corte Constitucional, sostiene que lo que la Corte está diciendo al Ejecutivo es que no puede seguir justificando los constantes estados de excepción con una misma circunstancia, que es el aumento de la violencia.

"Aquí ya nos encontramos en un fenómeno que es estructural, entonces la Corte no puede seguir avalando (estados de excepción) bajo la sola afirmación de que han crecido los índices de violencia. Debe asegurarse que (el Ejecutivo) va a intentar transitar a resolver ese problema estructural con medios ordinarios", agrega.

Por ello, sostiene que la comisión ordenada por la Corte busca ser un mecanismo de control de que las instituciones estatales (Ejecutivo, Justicia, Función de Transparencia) coordinen el trabajo, pues es algo que una institución no puede hacerlo sola. Pero no es en sí una nueva institución, sino que la es un "catalizador de ese diálogo, para evaluar si están identificando las herramientas posibles para el tránsito hacia el régimen ordinario".

Algo similar ya sucedió en el gobierno de Lenín Moreno. En ese entonces, en medio de la pandemia de covid-19, el Ejecutivo acudió a constantes estados de excepción para regular la movilidad de la ciudadanía.

Pero la Corte cuestionó por igual que no se puede vivir en estado de excepción, y ordenó al Ejecutivo trabajar en un proyecto de ley para la pandemia, que permita hacer regulaciones dentro del régimen ordinario. 

""Hay mecanismos que ya están dados; se pueden generar reformas legales para controlar el ejercicio de derechos sin llegar al estado de excepción, que afecta a todos los ciudadanos"

Lorena Molina, experta en Derecho Constitucional

¿Camino a una nueva pugna?

A pesar de los argumentos de la Corte Constitucional tanto en el dictamen como en su ampliación, la comisión interinstitucional aún no está conformada.

El dictamen original daba un término de 20 días (laborables) para que las instituciones públicas entreguen información sobre la crisis de violencia que atraviesa el país. Aunque el Ejecutivo protestó, ya remitió la información.

Sin embargo, el dictamen no da un plazo para la designación de los 17 delegados que deben integrar la comisión. Quienes ya han nombrado sus delegados son:

• La Función Legislativa, que designó a José Luis Vallejo, como representante de su presidenta, Viviana Veloz; Franklin Samaniego, de la bancada de la Revolución Ciudadana; Ferdinand Álvarez de ADN; Kimberly Mora, de Construye, y José Parra, de Partido Social Cristiano.
• La Defensoría del Pueblo, que designó a Christian Nieto.
• La Función de Transparencia, que nombró a Galo Rodríguez.

Quedan pendientes las designaciones del Ejecutivo (un delegado de la Presidencia y otros siete de ministerios, las FF.AA. y la Policía) y de la Función Judicial (un delegado de la Fiscalía y uno de la Judicatura). El Ejecutivo envió un oficio el 2 de abril, en el que dicen que nombrarán a su delegado cuando la Corte les informe la fecha de instalación de la comisión interinstitucional. 

• El presidente Noboa decreta estado de excepción un día antes de la segunda vuelta electoral

Esta demora en la integración podría acarrear problemas para las instituciones que aún no hayan designado a sus delegados, pues podrían caer en un incumplimiento de una sentencia. Daniel Gallegos sostiene que esto podría generar un conflicto político que podría escalar, y terminar en una destitución.

"La Corte ha tratado de tener mucho tino; ejercer sus atribuciones, ser firme, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. No creo que la Corte apuntaría a generar inestabilidad"

Daniel Gallegos, abogado constitucionalista

Gallegos sostiene que a una posible destitución se podría llegar una vez que la Corte dé inicio a la fase de seguimiento del cumplimiento del dictamen, que aún no ha comenzado.

Sin embargo, Lorena Molina añade que también podría haber problemas para el Ejecutivo en futuros dictámenes ante nuevos estados de excepción. De hecho, la Corte actualmente está revisando el decreto del 12 de abril pasado. 

"Podría suceder que, si el Ejecutivo no manda delegados, no plantea herramientas, la Corte le diga en el siguiente dictamen que no ha demostrado que no existen causas ordinarias, y por lo tanto es inconstitucional. Podría hacerlo en el futuro, y diga que no pasa", agrega.