Gasto en municipios y prefecturas: El Gobierno plantea flexibilizar los plazos en la reforma para alcanzar metas de inversión
La Comisión de Desarrollo Económico retomó el trámite de la ley económica urgente este lunes 16 de febrero. Mientras la Contraloría destapó cifras de responsabilidad penal en los municipios, Finanzas aseguró que la norma flexibilizará plazos: la meta del 70 % de inversión sería gradual hasta 2028.
Imagen de referencia de una obra del Municipio de Quito, 6 de septiembre de 2024.
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Municipio de Quito
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Tras el tenso primer debate desarrollado, el sábado 14 de febrero, en el Pleno de la Asamblea, el proyecto de Ley para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regresó a la Comisión de Desarrollo Económico.
La mesa sesionó la mañana de este lunes 16 de febrero de 2026, en modalidad virtual, para trabajar en el informe para segundo debate.
La sesión, que contó con la presencia de siete asambleístas y la ausencia de tres, estuvo marcada por intermitentes fallas de conexión tanto de los legisladores como de los comparecientes. A pesar de los problemas técnicos, los delegados del Ejecutivo y organismos de control presentaron algunas cifras sobre la gestión local para justificar la urgencia de la norma.
Contraloría: El Oro en la mira
La intervención más reveladora llegó por parte de Gabriela Sulca, subcontralora General del Estado. La funcionaria presentó una radiografía de las auditorías realizadas a los GAD entre enero de 2024 y febrero de 2026. En este periodo se aprobaron 741 informes generales, de los cuales se derivaron 206 Indicios de Responsabilidad Penal (IRP).
El dato que encendió las alarmas en la comisión fue el comportamiento de la provincia de El Oro. Según Sulca, es la única provincia donde los indicios penales superan al número de informes generales:
- 18 informes generales aprobados.
- 26 indicios de responsabilidad penal.
"Esto sugiere un riesgo extremo en la gestión de los municipios de esta provincia y requiere una especialización muy alta de la auditoría para enfocarse en hallazgos relativos a fraude y corrupción", sentenció la subcontralora.
Otros datos destacados por la Contraloría incluyen:
Hallazgos en Municipios
Ene 2024 - Feb 2026
Total informes: 44.
Dato: Provincia donde los indicios penales superan a los informes generales.
Total informes: 37.
Dato: Casi la mitad de los informes tienen indicios penales.
Total informes: 51
Total informes: 29
Total informes: 44
Total informes: 28
Finanzas: "No es recorte, es optimización"
El Ministerio de Economía y Finanzas, representado por la viceministra Daniela Contento, defendió la tesis de que los municipios tienen recursos, pero no los ejecutan en obras.
Contento reveló que, en el ejercicio fiscal 2024, los municipios recibieron USD 6.000 millones, pero apenas ejecutaron el 24,30 % en inversión real. "Existen USD 2.700 millones pendientes por ejecutar si la regla estuviera vigente", explicó. En el caso de las prefecturas, la ejecución en obra pública fue del 32,62 %.
Para calmar las críticas sobre una posible asfixia financiera, la viceministra anunció cambios en las disposiciones transitorias que se incluirán en el informe para segundo debate:
Gradualidad
- La meta de inversión no será inmediata. Se exigirá un cumplimiento del 65 % en 2026, 68 % en 2027 y, finalmente, el 70 % en 2028.
Nuevos rubros de inversión
- Se incorporará el "subgrupo 7306", permitiendo que los gastos en estudios, investigación y servicios técnicos especializados cuenten como inversión y no como gasto corriente.
Inicio de control
- El seguimiento a la regla iniciaría el 1 de diciembre de 2026, verificando el periodo desde junio de ese año.
"Esta reforma envía un mensaje claro: los recursos públicos deben priorizar obras. No queremos más fiestas, queremos salud y vivienda"
Daniela Contento
Un debate polarizado
Esta sesión ocurrió 48 horas después del primer debate del proyecto de ley en el Pleno, donde las posturas quedaron divididas. El sábado 14, la bancada oficialista de ADN denunció "despilfarros" y "farras" en los gobiernos locales, mientras que la Revolución Ciudadana y el PSC advirtieron que la ley vulnera la autonomía y obligará a cerrar proyectos sociales.
Alcaldes como Pabel Muñoz (Quito) y la prefecta Paola Pabón (Pichincha) han liderado el rechazo, argumentando que programas de atención prioritaria (como los centros Warmi, de la Prefectura) se financian con rubros que la ley clasifica como gasto corriente. Además, han dicho que el Gobierno Central mantiene una deuda histórica con los GAD que bordea los USD 600 millones.
La Comisión de Desarrollo Económico deberá sistematizar estas observaciones y las nuevas propuestas de Finanzas para elaborar el informe final. La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la comisión dijo que continuarán con más comparecencias en una siguiente sesión.
El tiempo corre para el proyecto económico urgente de Daniel Noboa, que se prevé que sea aprobado o archivado antes de finalizar febrero.
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