La Corte Constitucional analiza que el Decreto 153 de Daniel Noboa esté apegado al marco legal

La Corte Constitucional del Ecuador informó el 21 de septiembre que aún analiza la propuesta de consulta popular para convocar a una asamblea constituyente, contenida en el Decreto Ejecutivo 153 del Presidente de la República, la cual fue remitida a los jueces constitucionales por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el correspondiente control de constitucionalidad.

"En el marco del primer momento de este proceso de control, denominado calificación de vía, la Corte Constitucional determinó que la propuesta presentada sí corresponde a la vía de asamblea constituyente, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley", explicó la Corte en un comunicado. "La Presidencia de la República compareció al proceso, con lo cual convalidó el trámite y solicitó su celeridad; para no interferir en los plazos del proceso electoral, este caso se ha tratado con prioridad".

En su dictamen, la Corte Constitucional enfatizó que la Asamblea Constituyente tendrá la potestad constitucional exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser posteriormente sometido a referéndum popular. 

En ese sentido, el Pleno de la Corte resolvió remitir el proceso a la jueza ponente, para que inicie de manera inmediata el trámite del segundo momento, correspondiente al control de constitucionalidad de la convocatoria. Es decir, ahora analizará que los contenidos del Decreto del presidente Noboa estén apegados al marco constitucional.

Cuando este análisis termine, la Corte remitirá su veredicto al CNE para una convocatoria a consulta popular o para rechazarla. 

Un ping-pong por la Constituyente

Los ecuatorianos irán nuevamente a las urnas en este 2025 el próximo 16 de noviembre, después de que el pleno CNE aprobó este domingo el calendario y convocatoria para el proceso de Referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa para el que, hasta el momento, se han aprobado dos preguntas.

En esta elección, los ecuatorianos deberán decidir sobre si se elimina o no de la Constitución la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad de Manta hasta 2009.

Y también si se elimina la obligación del Estado de asignar recursos públicos a las organizaciones políticas.

• Estas son las dos preguntas del Referéndum 2025 que los ecuatorianos responderán en las urnas

Ambos interrogantes fueron avalados por la Corte Constitucional, que aún analiza otras preguntas enviadas por el presidente Noboa y que se podrían incluir, relacionadas con crear un registro de personas sentenciadas por violación a menores o la eliminación de la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Pero la pregunta estelar se relaciona con llamar a una Asamblea Constituyente, que sigue en análisis.

El referéndum convocado para este 16 de noviembre tendrá un costo de 59,7 millones de dólares y el límite de gasto electoral autorizado para las organizaciones políticas y sociales que hagan campaña por el 'sí' o por el 'no' será de 2,7 millones de dólares para cada opción.