Las elecciones seccionales entran en etapas decisivas, desde el 12 de noviembre, con el inicio de la campaña electoral, en la que los candidatos a prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales tendrán 15 días para 'seducir' a sus electores.

La etapa proselitista se extenderá hasta el 26 de noviembre y en ella, además de los postulantes, intervendrán actores políticos como el presidente Daniel Noboa que solicitó licencia a la Asamblea para participar en actos de candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN).

También, los legisladores de las dos mayores fuerzas políticas que conforman la Asamblea, ADN y Revolución Ciudadana (RC) tienen previsto apoyar a sus candidatos, previa notificación a la Función Legislativa de que participarán en campaña, en pleno receso legislativo.

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Recursos para la promoción de candidatos

La etapa proselitista arranca a las 00:00 del jueves 12 de noviembre y termina a las 23:59 del jueves 26 de noviembre. Desde ese momento empieza el silenció electoral que se extiende incluso hasta luego de las votaciones del domingo 29 de noviembre, según la Ley de Elecciones.

Los candidatos tienen dos vías para promocionarse durante este tiempo. Uno son los fondos propios de los partidos para financiar actividades de campaña, excepto aquellas que tiene que ver con contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias

Esto se conoce como límite del gasto electoral y se obtiene de multiplicar USD 0,30 por el número de ciudadanos que consten en el registro de electores, en el caso de prefectos, y por USD 0,40 para las alcaldías.

Los límites de promoción electoral más altos para estas seccionales los tienen los candidatos a la Prefectura de Guayas y Pichincha, con USD 975.500,40 y USD 722.634,00, respectivamente.

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En tanto que los aspirantes a alcalde de Quito podrán disponer de hasta USD 827.136,00; los de Guayaquil USD 807.863,20 y para la Alcaldía de Cuenca USD 179.344,80

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fiscalizará y controlará que no se exceda los límites, caso contrario será denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como una infracción electoral.

El segundo es el Fondo de Promoción Electoral que fue asignado por el Consejo Nacional Electoral la tarde del 12 de noviembre, a pocas horas del inicio de la campaña electoral.

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El monto determinado por el organismo electoral es de USD 10'239.337,86, sin incluir el IVA. Estos son fondos estatales que no se entregan directamente a los candidatos y están destinados a promoción en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.

Lo que no se puede hacer en campaña

Según el reglamento de Control y Fiscalización del Gasto Electoral, con el inicio de la campaña se activan las brigadas de control de las delegaciones provinciales para verificar que los candidatos no incurran en las prohibiciones que establece la ley.

Tanto el Código de la Democracia como la normativa específica impiden que los aspirantes entreguen a los ciudadanos donaciones, dádivas o regalos. No serán consideradas como tales los artículos promocionales que estén reglamentados.

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La publicidad que se contrate a través del Fondo de Promoción Electoral también deberá superar los filtros del CNE. No será aprobada en los siguientes casos:

• Si induce a la violencia, racismo, uso de sustancias toxicológicas, el sexismo o si induce a la intolerancia política o religiosa y cualquier otro derecho.
• Que promueva estereotipos de género o reproduzca relaciones de dominación y desigualdad contra las mujeres.
• Aplique exclusión por razones ideológicas y de filiación política.
• Denigre la imagen de otro candidato.
• Utilicen la imagen de menores de edad.

Para evitar el uso de recursos públicos, la Ley Electoral señala que desde el inicio de la campaña los candidatos no podrán participar en eventos de inauguración o entrega de obras u otros financiados con fondos públicos.

Tampoco podrán realizar eventos con artistas internacionales o participar en dichos actos con fines proselitistas.

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Queda prohibida la publicidad o propaganda de las instituciones públicas, en todos los niveles de Gobierno, a través de medios de cualquier tipo, salvo para informar de cierres viales, situaciones de emergencia y catástrofes naturales, o temas de importancia nacional.

Durante la campaña electoral las instituciones del Estado no podrán realizar eventos públicos con recursos estatales que implique la contratación de artistas internacionales.