Torres y Álvarez defienden gestión de la Asamblea mientras Paola Cabezas prepara queja contra Niels Olsen 

Los oficialistas Esteban Torres y Ferdinan Álvarez (ADN), y Paola Cabezas, de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC) evaluaron este lunes, 18 de mayo de 2026, el primer año de gestión de la actual Asamblea Nacional.

En el programa de Lunes a Lunes de Teleamazonas, Torres calificó con un 8 al trabajo realizado por el Legislativo en este lapso, al destacar que se han aprobado 24 leyes enfocadas en economía y seguridad. 

Sin embargo, Cabezas sostuvo que la Asamblea no se merece más allá de un 4 de calificación "y no hay aciertos", pues consideró que su presidente, Niels Olsen (ADN), "perdió una gran oportunidad de poder dar una nueva cara a una Asamblea que ya venía deslegitimada".

Incluso la asambleísta del correísmo anunció que presentará una queja contra Olsen, después de que este la comparara con una serpiente y ratificó que no acepta sus disculpas. No obstante,Torres sostuvo que Cabezas ha tachado de "chupa cabras" y "asesinos" a los de la bancada de ADN.

Torres también catalogó de "peyorativo" que se señale a los oficialistas de "alza manos" por defender una agenda del Gobierno, mientras Cabezas mencionó que muchas de las leyes aprobadas han derivado en demandas de inconstitucionalidad.

"Que caiga quien tenga que caer"

Por su parte Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió la gestión de la mesa legislativa frente a cuestionamientos de sectores de oposición que la acusan de no dar paso a que ministros y otros funcionarios de Gobierno rindan cuentas en temas como salud y seguridad.

Álvarez aseguró que la comisión “no responde al show ni al escándalo”, sino a procesos sustentados en pedidos de información y sesiones de control político. Según dijo, durante este periodo se realizaron 47 sesiones y más de 6.000 requerimientos de información, de los cuales alrededor de 5.000 fueron respondidos.

Sobre el caso Progen, relacionado con un presunto perjuicio económico de USD 104 millones y que deja 21 funcionarios procesados, el asambleísta sostuvo que la comisión no protege a nadie y recordó que el tema fue conocido inicialmente por la Comisión de Transparencia antes de pasar a manos de la justicia ordinaria. "Que caiga quien tenga que caer", sentenció.