Jamil Mahuad no se rinde y lleva a la CIDH su denuncia de persecución política
El expresidente Jamil Mahuad realiza una petición ante la CIDH después de que agotó todos los recursos en el sistema judicial ecuatoriano, ya que la Corte Constitucional negó en diciembre pasado una acción extraordinaria de protección.

Jamil Mahuad durante el encuentro 'Perspectivas y visiones de América Latina', el 20 de junio de 2019.
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Flickr / Casa de América
Autor:
Redacción Primicias/EFE
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El expresidente Jamil Mahuad (1998-2000) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición en la que denuncia una supuesta persecución política que, según sostiene, fue instrumentalizada a través de la justicia de Ecuador y derivó en una condena de ocho años de prisión por malversación de fondos públicos.
El exmandatario busca que se declare la responsabilidad internacional de Ecuador por la violación de sus derechos a las garantías judiciales y al debido proceso, al principio de legalidad, a la libre residencia y circulación, a la protección igualitaria ante la ley y la protección judicial efectiva, de acuerdo al documento que compartió su equipo de comunicación.
Como medidas de reparación, pidió que se deje sin efecto la condena dictada en 2014 en su contra por peculado y también la orden de captura por la que no regresa al país después de haber salido hacia Estados Unidos en el 2000, entre otras.
El proceso judicial se abrió por haber declarado el congelamiento de depósitos bancarios en 1999, en medio de una severa crisis económica, tras lo cual decretó la dolarización de la economía, que está en vigor.
En el escrito presentado a la Comisión se señala que las autoridades judiciales ecuatorianas realizaron una "interpretación forzada, extensiva y analógicamente prohibida del tipo penal de peculado" y que transformaron "una decisión de política macroeconómica adoptada en el ejercicio de competencias constitucionales... en un supuesto acto de apropiación de fondos públicos en beneficio propio".
Además, se afirma que la supuesta persecución penal, que califica como "arbitraria, sistemática y prolongada", fue promovida "desde las más altas esferas del poder político y, de manera particularmente intensa, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa" (2007-2017).
Mahuad realiza esta petición ante la CIDH después de que agotó todos los recursos en el sistema judicial ecuatoriano, ya que la Corte Constitucional negó en diciembre pasado una acción extraordinaria de protección que interpuso por su caso.
La representación legal del exmandatario está liderada por el venezolano Asdrúbal Aguiar, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y actual director ejecutivo del Grupo IDEA, compuesto por expresidentes conservadores de Iberoamérica, como el español José María Aznar (1996-2004) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
Mahuad, dirigente de la extinta Democracia Popular, ganó las elecciones presidenciales de 1998 y asumió el poder el 10 de Agosto de ese año. Su gobierno alcanzó la firma de la paz definitiva con Perú, pero quedó marcado por la grave crisis financiera de 1999, el congelamiento de depósitos y el feriado bancario. En enero de 2000 anunció la dolarización de la economía, con una conversión de 25.000 sucres por dólar.
Su mandato terminó el 21 de enero de 2000, cuando fue derrocado en medio de una crisis política y social. El vicepresidente Gustavo Noboa asumió la Presidencia. Tras dejar el poder, Mahuad se radicó en Estados Unidos y retomó actividades académicas. Desde 2000 ha mantenido vínculos con Harvard, donde ha impartido clases sobre negociación, liderazgo y gobernabilidad.
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