Trabajadores de la salud marchan en Quito para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública

Un grupo de cerca de 50 representantes de la salud pública se concentró la mañana de este miércoles 16 de julio de 2025 en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, y marchó hasta la Corte Constitucional (CC) para entregar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

Aunque la manifestación no fue masiva, un amplio contingente de la Policía Nacional resguardó la movilización ante la expectativa de que más grupos se llegaran.

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Este plantón se suma a una serie de acciones similares: en las últimas semanas, la Corte Constitucional ha recibido más de 18 demandas contra leyes como la de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública, impulsadas por diferentes gremios y organizaciones sociales.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, cuestionó la forma en que se aprobó la normativa. “Esta ley fue hecha en tres o cuatro días, sin ningún respeto para convocar a los sectores que deberían participar en su discusión. No hubo diálogo ni consenso, por eso estamos pidiendo que se declare inconstitucional”, señaló.

Carrasco advirtió que varios artículos afectan derechos adquiridos de los trabajadores de la salud, en especial en temas de compras públicas, evaluaciones de desempeño y jubilación.

“Nos quieren evaluar con parámetros de excelencia, pero ¿qué es excelencia cuando no hay insumos, no hay medicamentos y se persigue a los profesionales?”, dijo.

Por su parte, Marianita de Jesús Narváez, representante de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería (Faperpisec), sostuvo que la ley expone al personal operativo a despidos injustificados por evaluaciones sin sustento técnico.

“Con tres evaluaciones insuficientes, desvinculados. ¿Pero con qué herramientas trabajamos si no hay insumos?”, reclamó.

Narváez también cuestionó cambios en la jubilación: “Nos quieren llevar a jubilarnos a los 70 años de edad de carrera, lo que es absurdo. Además, mezclaron en una misma ley temas de compras públicas, servidores públicos y sanciones a menores de edad. Es una ley improvisada”, criticó.

Los manifestantes insisten en que no se oponen a la evaluación de su desempeño, sino a los procesos que consideran “arbitrarios y descontextualizados de la realidad del sistema de salud, que arrastra carencias estructurales desde hace décadas”.

Además, los dirigentes recalcaron que la movilización está ligada a la declaratoria de emergencia del sistema nacional de salud, según comentaron, golpeado por falta de especialistas, insumos, infraestructura y seguridad para los profesionales.

Con esta nueva demanda, el sector salud se suma a otros gremios que han pedido a la Corte Constitucional revisar las leyes aprobadas por la Asamblea, en medio de un clima de creciente tensión entre organizaciones sociales, sindicatos y el Gobierno.