Procuraduría pide que Corte Constitucional active seguimiento a sentencia sobre bienes de los Isaías

Casi nueve meses después de que la Corte Constitucional dejara sin efecto las resoluciones judiciales que permitieron la devolución de los bienes a los hermanos Isaías, exaccionistas del desaparecido Filanbanco, la Procuraduría General del Estado pidió al organismo que active una fase de seguimiento a la sentencia.

En un comunicado, el 8 de julio de 2025, la Procuraduría dice que "desde la notificación de la sentencia a las partes, el juez de instancia, Johnny Lituma, ha incurrido en dilaciones injustificadas en la ejecución de lo ordenado por la Corte Constitucional".

Señala que recién, en abril de 2025, al momento de emitir los oficios dirigidos a las instituciones competentes para que se reviertan los actos de registro de propiedad y mercantiles, y se restituyan los bienes muebles e inmuebles al Estado, dicho juez ha intentado introducir en el proceso una figura no contemplada por la sentencia: las denominadas “situaciones jurídicas consolidadas” en favor de supuestos “terceros de buena fe”, que habrían adquirido algunos de los bienes durante el período 2022–2024.

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La Procuraduría recordó al juez que modificar el sentido de una sentencia constitucional en fase de ejecución podría constituir prevaricato, por lo que exige una solución inmediata a esta controversia. "La fase de seguimiento permitiría a la Corte verificar directamente la ejecución de su decisión y tomar medidas correctivas", insistió.

Ante el Pleno de la Corte Constitucional, se ha solicitado el inicio formal de la fase de seguimiento de la sentencia, argumentando que el juez de instancia, además de demorar injustificadamente el cumplimiento, pretende reinterpretar o desnaturalizar el fallo constitucional para favorecer indebidamente a terceros no reconocidos en el proceso.

Procuraduría General del Estado

"Evidente incumplimiento"

Para la Procuraduría, hay un "evidente incumplimiento de la Sentencia No. 2572-22-EP/24", emitida el 21 de noviembre de 2024 por la Corte y que dejó sin efecto las decisiones judiciales que permitieron la devolución de los bienes a los hermanos.

En esa sentencia, la Corte Constitucional disponía el archivo de todo el proceso judicial que permitió que los hermanos Isaías, exdueños de Filanbanco, recuperaran 65 inmuebles y las acciones de seis empresas.

En esta línea, la Procuraduría solicita al pleno de la Corte Constitucional que tome tres acciones: 

• Disponer el inicio de la fase de seguimiento de dicha sentencia
• Ordenar que el caso reciba tratamiento prioritario, en atención a su trascendencia nacional y a la necesidad de remediar situaciones estructurales que afectan derechos constitucionales;
• Disponer las medidas que correspondan para asegurar la ejecución estricta del fallo y evitar su modificación por parte del juez ejecutor.

La Procuraduría señala que el caso "requiere un tratamiento de urgencia para evitar una vulneración grave e irreversible de derechos constitucionales".

Este caso se remonta a años atrás. En septiembre de 2022, un Tribunal dispuso que el Estado debe devolver los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías. Entonces, la Procuraduría General del Estado y otras cinco instituciones, presentaron una acción de protección. 

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En noviembre de 2024, la Corte aceptó la acción presentada por la Procuraduría, el Banco Central, el Ministerio del Ambiente, y otras dos entidades más. 

Pero la sentencia de la Corte Constitucional no abordaba el asunto de los bienes ya restituidos.  Los hermanos Isaías eran los dueños del Filanbanco, que llegó a ser el banco más grande del Ecuador y que fue intervenido por el Estado durante la crisis financiera de finales de los noventa y el feriado bancario.