Yasunidos recauda más de USD 18.000 para pagar multa impuesta por el TCE
El colectivo Yasunidos dice que pagará la multa electoral impuesta a dos de sus integrantes para evitar “más hostigamiento”. Sin embargo, la organización acudirá a la Corte Constitucional.
Dirigentes del colectivo Yasunidos en una rueda de prensa en Quito, el 10 de mayo de 2023.
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El colectivo ecologista Yasunidos asegura que logró recaudar más de USD 18.000 para pagar la multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a dos de sus dirigentes por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña de la consulta popular sobre el bloque ITT del Yasuní.
La organización señaló en un comunicado el 14 de mayo de 2026 que asumirá el pago para evitar “la escalada de hostigamiento” contra el colectivo y continuar con su labor en defensa del Yasuní.
También reiteró, no obstante, que considera la sanción “inconstitucional e injusta” y confirmó que presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
La organización indicó que la recaudación se logró mediante rifas solidarias, una “fiesta por la vida”, campañas de financiamiento colectivo y aportes de organizaciones nacionales e internacionales.
El TCE sancionó con USD 9.000 a cada dirigente tras aceptar una apelación presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Yasunidos asegura que el caso se originó por una diferencia contable de USD 0,39 en los informes financieros de campaña.
En primera instancia, la denuncia había sido rechazada por el tribunal, que consideró que una organización social no podía ser fiscalizada bajo los mismos parámetros que una agrupación política.
Hubo inconsistencias, según TCE y CNE
Tanto el TCE en su sentencia como el CNE en su denuncia aseguraron que hubo una serie de omisiones que configuraron la infracción, no solo una diferencia de centavos en el reporte contable, como asegura Yasunidos.
Para este proceso, la Función Electoral alude a inconsistencias en la rendición de cuentas de campaña, entre ellas la entrega tardía de reportes financieros, falta de documentos bancarios y tributarios, y ausencia de respaldos sobre el origen de aportes de terceros, lo que —según la sentencia— vulneró el principio de transparencia.
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