Colectivo presenta demanda de inconstitucionalidad por alza de pasajes en Quito para personas con discapacidad

El Cabildo Cívico de Quito presentó este 21 de septiembre de 2026 una demanda de inconstitucionalidad por el alza de pasajes para las personas con discapacidad. A partir del 1 de enero dejarán de pagar USD 10 centavos y cancelarán USD 20 centavos.

Representantes del colectivo, sus familiares y activistas llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar la demanda. Con carteles, los ciudadanos en sillas de ruedas rechazaron que deban pagar más por un servicio al que no pueden acceder.

Rocío Bastidas, activista del colectivo, rechazó que la tarifa preferencial se haya eliminado el pasado 8 de septiembre cuando el Concejo Cantonal de Quito aprobó el alza del pasaje de USD 35 centavos a USD 40 centavos. 

"Hemos suscrito esta acción de inconstitucionalidad porque se está afectando a los más vulnerables, a los más podres, a los que no tienen ningún amparo... no les dejan entrar, no hay suficiente garantía ni para subir ni para bajar", refutó Bastidas desde los exteriores de la Corte Constitucional.

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El concejal Andrés Campaña recordó que en Quito se manejaron tres tarifas durante 11 años: la universal que es la completa que pagan los ciudadanos, la reducida para personas adultas mayores que es la mitad de la tarifa, y la preferencial para las personas con discapacidad que era de USD 10 centavos.

insistió que la medida vulnera el principio de no regresividad de los derechos.

Pero el reclamo va más allá del costo y también se centra en la calidad del servicio. Oralia Freire, también activista, dijo que al ser un grupo prioritario el que deberá pagar el malestar incrementa. "Quito no es una ciudad inclusiva y mucho menos el transporte".

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Para ellos, que se incremente en un 100% en la tarifa que pagan representa un gasto importante, aseguró. "Encima no hay accesibilidad, no hay inclusión y mucho menos seguridad".

La ordenanza aprobada para el alza del pasaje en Quito establece seis requisitos que deben cumplir los propietarios de buses. Otras dos obligaciones serán parte de disposiciones que emitirá la Secretaría de Movilidad.

El Municipio asumirá un subsidio para los transportistas que bordea los USD 23 millones.