Prohibición de venta de alcohol entre las 10 acciones que acordaron el Municipio de Quito y universidades para mejorar la seguridad

Este jueves 30 de julio de 2026, el Municipio de Quito y los representantes de 15 instituciones de educación superior suscribieron la Carta de Adhesión "Por el cuidado y la protección de nuestra comunidad universitaria".

El documento compromete a la administración municipal, la Policía Nacional y la academia a ejecutar un Plan de Acción Conjunto para prevenir delitos, controlar el espacio público y frenar la violencia en las inmediaciones de los campus educativos de la capital.

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Las autoridades universitarias se comprometieron a nombrar enlaces técnicos permanentes, coordinar operativos de control y desarrollar programas internos de prevención sobre consumo de alcohol, drogas y violencia de género.

El plan de 10 acciones y sus plazos

El anexo técnico de la Carta de Adhesión establece un Plan de Acción Conjunto estructurado en 10 acuerdos específicos con plazos delimitados para su implementación en los entornos universitarios:

1. Implementar tres Puestos de Mando Operativos (PMO)

   • Para el orden y control del espacio público en la Plaza Indoamérica, el Parque Gabriela Mistral y el corredor entre la avenida 12 de Octubre y la calle Caamaño 
   • Plazo: Corto plazo.

2. Fortalecer el control del espacio público

   • Operativos coordinados por las Administraciones Zonales para controlar el comercio autónomo no regularizado, evitar la venta y consumo de licor, y fiscalizar licencias y uso de suelo en establecimientos.
   • Plazo: Permanente.

3. Realizar campañas de prevención

   • Sobre el consumo de alcohol y otras drogas, salud mental, salud sexual y reproductiva, prevención de violencias y uso responsable del espacio público.
   • Plazo: Corto plazo e implementación permanente.

4. Ejecutar el proyecto "Campus Quito"

   • En colaboración con las universidades, para mejorar la seguridad vial, la movilidad peatonal y la recuperación del espacio público compartido.
   • Plazo: Mediano plazo (último trimestre de 2026).

5. Desarrollar simulacros conjuntos

   • Fortalecer los protocolos de preparación y respuesta frente a emergencias y eventos delictivos.
   • Plazo: Mediano plazo (octubre de 2026).

6. Incrementar el número de cámaras de videovigilancia

   • Universitarias y municipales en los espacios públicos priorizados, garantizando su interoperabilidad a través del sistema ECU911.
   • Plazo: Mediano plazo (último trimestre de 2026).

7. Evaluar e impulsar reformas administrativas

   • Restringir o prohibir la venta de bebidas alcohólicas en tiendas y micromercados ubicados en sectores aledaños a las universidades. 
   • Plazo: Mediano plazo (último trimestre de 2026).

8. Evaluar la reorganización de paradas de transporte público

   • Priorizando el sector del parque El Ejido y otros puntos de alta concentración estudiantil, así como la extensión de corredores vivos.

9. Establecer mecanismos permanentes de coordinación territorial

   • Reuniones periódicas por Administración Zonal y un canal de comunicación directa entre delegados institucionales.
   •  Plazo: Implementación inmediata y permanente.

10. Establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento

    • Seguimiento periódico del Plan de Acción Conjunto a través de las Administraciones Zonales involucradas
    • Plazo: Trimestral.

La firma del documento contó con la ratificación de rectores y delegados de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), la Universidad Central del Ecuador (UCE), la Universidad de las Américas (UDLA), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Universidad de Especialidades Turísticas, Universidad Iberoamericana, Universidad Tecnológica Israel, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad Internacional SEK, Universidad Metropolitana, Universidad Yachay Tech y la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales del Ecuador.

El trasfondo: del manifiesto del 21 de julio a la respuesta oficial

El origen de esta suscripción se remonta al 21 de julio de 2026, cuando los rectores de la EPN, la PUCE y la UPS emitieron un manifiesto conjunto, exigiendo la declaración de una "zona segura" ante un presunto aumento de asaltos, robos con armas blancas y reportes de estudiantes escopolaminados en el sector urbano de La Mariscal.

La urgencia del reclamo universitario se desató tras un hecho de violencia que conmocionó al país: la desaparición y muerte de Nathaly Mafla, estudiante de 20 años de la EPN.

La joven fue vista por última vez el pasado 4 de junio de 2026 dentro de su campus; tras dejar su teléfono a un compañero, registros de videovigilancia mostraron su salida de la institución.

Tras cinco días de búsqueda, su cuerpo sin vida fue hallado el 9 de junio en una quebrada de La Vicentina, a unos 20 metros de profundidad, detonando las alarmas sobre los graves riesgos que acechan a los estudiantes en el espacio público aledaño.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y mayo de 2026 se registraron 2.564 denuncias por robos en Quito, concentrados mayoritariamente en el distrito Eugenio Espejo durante las mañanas y tardes de días laborables.

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La Policía Nacional alertó sobre un incremento de más de 40 casos de escopolamina reportados en La Mariscal e Iñaquito, mientras que la Secretaría de Seguridad del Municipio reveló que el 85% de los incidentes alrededor de las universidades se derivan del consumo de alcohol y riñas en la vía pública, factores que facilitan los "delitos de oportunidad".

La firma de este plan de acción municipal se suma a la estrategia presentada el pasado 27 de julio por el Gobierno Nacional, denominada "Instituciones de Educación Superior Seguras 2026", liderada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) y el Ministerio del Interior.

Con la ratificación de este acuerdo local, el Municipio retoma formalmente la ejecución de "Campus Quito", un proyecto de intervención urbana concebido en 2021 sobre un cuadrilátero de 30 hectáreas que busca transformar la infraestructura y seguridad para beneficio de 40.000 estudiantes y más de 250.000 ciudadanos que transitan a diario por este estratégico corredor del norte de la capital.

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Sobre la seguridad en los demás centros universitarios el acuerdo no establece nuevas acciones similares al “Campus Quito”.