Caso de asesinato en Ambato, otra evidencia del laberinto de las extradiciones entre España y Ecuador

El sistema de protección internacional y los extensos procesos judiciales en Europa se han convertido en los principales obstáculos para que la justicia de Ecuador logre repatriar desde España a varios prófugos acusados de cometer crímenes.

El violento asesinato de un ciudadano ecuatoriano en Ambato expone esta realidad. Uno de los principales implicados huyó del país, fue capturado por la Interpol en territorio español y activó recursos legales para impedir o retardar su regreso.

Mientras el Estado ecuatoriano busca su condena por el delito de robo con muerte, la defensa en el continente europeo alegó la desproporción de penas, miedo por su vida y una solicitud de refugio para dilatar su retorno.

Aunque los magistrados españoles fallaron a favor de la entrega judicial, en la práctica el procesado no consta en las nuevas convocatorias a juicio, sumándose a la larga lista de requeridos que han prolongado su estadía en Europa.

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El caso Garcés

El asesinato ocurrió el 12 de febrero de 2024, a las 15:20. Personal policial acudió a una casa en las calles Manuelita Sáenz y Pasaje Pérez Pazmiño, en Ambato. El cuerpo de Víctor Hugo Garcés estaba tendido en el piso del dormitorio.

La víctima fue hallada semicubierta con una cobija de color rojo. El análisis médico forense reveló una herida penetrante en la región lumbar, dos en la zona cervical y otra en el tórax, sumado a una asfixia mecánica.

Los agentes de seguridad constataron que la caja fuerte de la habitación fue vulnerada para sustraer joyas. Los implicados, además, se llevaron el vehículo de la víctima.

Según las investigaciones, la expareja de la víctima llegó al domicilio un día antes junto a dos hombres. Una vecina relató que prestó su teléfono celular a la mujer, ahora procesada por este caso, para que realizara una llamada directa al número del ciudadano asesinado.

Luego de presuntamente ejecutar el crimen, los sospechosos abandonaron la vivienda a bordo del vehículo robado. Las cámaras de vigilancia del peaje de Panzaleo registraron el paso del automotor a las 17:31, ocupado por dos hombres en la zona delantera y una mujer.

El vehículo fue hallado el 13 de febrero de 2024, aparcado y abandonado en el sector de Patután, ubicado en la provincia de Cotopaxi. Luego, los sospechosos viajaron a la capital ecuatoriana en un bus interprovincial. Posteriormente, se perdió su rastro.

La captura y proceso en España

Tras el inicio del caso judicial por robo con muerte en Ecuador, las autoridades iniciaron la búsqueda internacional mediante una notificación roja. Así, los agentes internacionales localizaron a Daniel Andrés Ch. V., uno de los procesados, en la ciudad española de Erandio, la madrugada del 22 de marzo.

Tras su inmediata detención, el prófugo colombiano fue ingresado al Centro Penitenciario Madrid III Valdemoro. Las autoridades de España notificaron la captura a Ecuador, dando inicio al procedimiento de la extradición.

Desde la prisión en el continente europeo, Daniel Andrés Ch. V. buscó frenar su envío a suelo ecuatoriano. Su defensa legal activó una solicitud de asilo político.

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El argumento principal de la defensa sostenía que la vida del acusado corría un grave e inminente peligro si pisaba una cárcel de Ecuador. Las autoridades españolas determinaron que el temor del detenido no estaba acreditado con pruebas sólidas. El Ministerio del Interior de España, finalmente, resolvió negar la petición de refugio.

Dilatado por el pedido de asilo, el caso de extradición del sospechoso siguió. Otro argumento para frenar la solicitud fue que en Ecuador el robo con muerte se castiga con penas entre los 22 y los 26 años de cárcel. Los abogados alegaron una desproporcionalidad, ya que en España se sanciona con prisión de 10 a 15 años.

Finalmente, el 29 de abril de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España accedió a conceder la extradición del ciudadano requerido. A pesar de la decisión, la repatriación de Daniel Ch. no se ha concretado. 

Mientras tanto, en Ecuador, el juicio por el caso de Garcés no ha empezado para los otros procesados, luego de que dos personas fueran detenidas en Colombia, en marzo de 2025. 

La diligencia debía instalarse a mediados de julio de 2026, pero la defensa pública de los procesados argumentó tener vacaciones programadas durante este mes, logrando que el Tribunal difiera la audiencia para el 21 de octubre de 2026. 

Sin embargo, en la reciente convocatoria a juicio, los jueces omitieron notificaciones para el detenido en España, lo que sugiere que para esa época todavía no se prevé la concreción de su extradición.

Otra extradición truncada desde España

El caso de Daniel Andrés Ch. V. no es aislado. Un claro ejemplo fue el cabecilla criminal William Alcívar, alias 'Negro Willy', jefe de Los Tiguerones. Este personaje, requerido por el atentado a TC Televisión en enero de 2024, quedó en libertad a finales de 2025 al no recibir las garantías carcelarias exigidas por los tribunales españoles, que previamente habían concedido su extradición.

También está el caso de alias 'Pipo', líder de Los Lobos, quien esquivó de igual manera su entrega a Estados Unidos. La justicia española determinó el 17 de julio de 2026 que las acusaciones tenían datos imprecisos.

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Aunque 'Pipo' aún enfrenta otro pedido de extradición de Ecuador, su situación sigue en un limbo tras apegarse también al escenario de falta de garantías de seguridad en las prisiones nacionales.

El caso más reciente es el de Karla Saud Calero, vinculada a contratos eléctricos de Progen con Celec con un perjuicio de USD 100 millones. Detenida el 9 de julio de 2026 en la capital española, quedó libre un día después con medidas alternativas a la prisión.