Choneros y Sao Box firmaron una presunta alianza para enfrentar a Los Lobos en El Oro, sugiere un informe policial

La clasificación de El Oro como provincia bajo un actual nivel de "riesgo crítico" coincide con una revelación de la fuerza pública acerca de una presunta alianza estratégica entre Los Choneros y la banda Saobox para enfrentar juntos a Los Lobos en Machala y en cantones aledaños.

Según coinciden informes de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, esta coalición criminal buscaría unificar capacidades operativas para controlar rutas de narcotráfico, redes de microtráfico y extorsión, en el litoral sur de Ecuador. El escenario estaría influyendo en los niveles de violencia en la región.

Los documentos oficiales hacen referencia también a la sospecha de que estructuras como el Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros y el Grupo de Delincuencia Común (GDC) Saobox, disidente del GAO Los Lobos, mantengan relaciones con supuestos “actores políticos”.

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La alerta se produce una semana después de la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, que resultó con prisión preventiva el pasado 8 de julio 2026, en un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito -Fiscalía indaga si existió un millonario incremento patrimonial injustificado a través de vínculos con contratistas-.

De acuerdo con el análisis oficial, esta "presunta alianza" entre Choneros y Sao Box les permitiría a los grupos criminales "reforzar su capacidad operativa en territorio". “Esta articulación estratégica facilitaría el control de rutas, la expansión territorial y la consolidación de su presencia en zonas específicas de la jurisdicción”, detalla el diagnóstico.

"El enemigo de mi enemigo es mi amigo"

Aunque Los Lobos mantenían una presencia hegemónica en El Oro, una fractura interna a mediados de 2024 por el control de la minería ilegal dio origen a los Saobox (también llamados inicialmente Lobos Sao-Box), liderados por los alias 'Saoco' y 'Boxeador'. Esta fragmentación desató una sangrienta guerra interna.

Pero el quiebre del control carcelario a finales de 2025 -tras el traslado masivo de cabecillas desde Machala a la cárcel del Encuentro en Santa Elena- agravó el escenario. Esto debilitó el mando y el flujo financiero de las bandas, obligando a las células locales a radicalizar las extorsiones y las disputas territoriales, que terminaron disparando a niveles récords los ataques con explosivos.

Los Saobox se atrincheraron en su bastión en Puerto Bolívar (Machala) -una parroquia clave para contaminar contenedores con droga en la vecina terminal portuaria-, mientras Los Lobos libraban también guerras territoriales en todo el litoral contra rivales históricos debilitados: Los Choneros.

En este contexto, “los indicios de un pacto entre Choneros y Saobox en El Oro toman mayor fuerza, bajo la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo", comentó una fuente policial, bajo reserva. “Mientras en Machala la guerra urbana es entre estas dos disidencias de Los Lobos, en cantones como Huaquillas y Santa Rosa hay ahora una fuerte presencia de Choneros”, agregó.

El riesgo de captura institucional

El mayor riesgo es la captura institucional en la provincia. A los casos documentados de infiltración criminal en la Policía Nacional por parte de grupos como los Saobox y a las presiones ejercidas sobre fiscales y jueces, se suma ahora la alerta de toma de instituciones locales en El Oro.

Las autoridades señalan que "no se descarta que figuras políticas mantengan algún tipo de relación con estas organizaciones delictivas", “con el fin de favorecerlas”, facilitar su permanencia a nivel cantonal o permitir la operación dentro de determinados territorios.

“Esta situación podría estar debilitando la institucionalidad y dificultando las acciones de control por parte de las autoridades competentes", alerta la Policía.

Según la experiencia en cantones como Durán (Guayas) y Manta (Manabí), las bandas criminales intentan emplear a sus huestes en entidades municipales y se hacen de contratos públicos para blanquear el dinero de origen ilícito, lo que podría convertir a la contratación municipal en un posible foco de infiltración criminal.