“Le dije: ‘para, para, para’, más de 200 veces”, declaró procesado por el atropellamiento de Mónica Martinich, en Samborondón

La Brigada de Capturadores de la Policía Judicial del Guayas busca desde el 25 de septiembre de 2026 al conductor de la camioneta que atropelló a la deportista Mónica Martinich, luego de que los dos pasajeros lo identificaran y uno de ellos confesara: “Le dije: ‘para, para’”.

• El último mensaje de Mónica Martinich antes de morir atropellada: “Soy mucho más feliz desde que corro”

El juez José Intriago Williams, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, dictó la boleta de captura en contra de Héctor Raúl Q. L., de 29 años, quien manejaba el vehículo a las 04:40 de la madrugada del 4 de septiembre de 2026, cuando Martinich, de 38 años, corría en el primer carril, en el kilómetro 3 de la avenida Samborondón, a la altura de la Urbanización El Río.

La deportista falleció en el sitio del impacto mientras el conductor se dio a la fuga junto con dos personas que lo acompañaban en los asientos posteriores de la camioneta. Se trataba de Marcos Anthony O. A., de 31 años, y Jonathan Esteven G. S., de 38 años, detenidos en su domicilio, en Samanes 2, según el informe de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

• Las pruebas médicas a las que fueron sometidos señalaron que ninguno tenía lesiones físicas de consideración y un peritaje incluido en el parte de investigación de la CTE concluyó que ambos dieron un resultado negativo en los exámenes de alcoholemia.

"Viajaba como copiloto"

En la audiencia de vinculación, ambos rindieron sus versiones sobre el atropellamiento que ocasionó la muerte de Martinich, madre de dos hijos, moradora de la urbanización Puerto Azul y que entrenaba para participar de una competencia en Chicago, Estados Unidos.

En su defensa, Marcos Anthony O. señaló que “viajaba en la parte posterior del vehículo en calidad de pasajero y ocupante, sin participación en la conducción”, que quien manejaba el carro era Héctor Raúl Q. Ante el juez, para que ordene su libertad, presentó documentos que mencionan que tiene una enfermedad que requiere tratamiento específico y que trabaja en una gasolinera.

Mientras que Jonathan Esteven G. declaró que “viajaba únicamente en calidad de copiloto, no conducía el vehículo al momento del accidente” y aseguró que le dijo Héctor Raúl Q. “para, para, para, más de 200 veces”. Para que el juez lo deje en libertad también argumentó que trabaja en una compañía y que tiene contrato de arrendamiento de su domicilio.

La declaración de ambos pasajeros de la camioneta se sumó a la versión que rindió Natalie Paola C. A., quien acompañaba en Martinich en el entrenamiento el día del atropellamiento. Como testigo del impacto, Natalie relató que los bomberos le informaron que “la camioneta viajaba a exceso de velocidad tratando de rebasar por la derecha”.

En la diligencia judicial, la abogada del esposo de Martinich presentó tres pruebas contra el conductor: 

• Un informe pericial que señalaría el exceso de velocidad de 140 km/h en que viajaba el conductor de la camioneta.
• El rebasamiento por la derecha observado en las cámaras de videovigilancia del sector, que se encontraba iluminado.
• El hecho de que el procesado se diera a la fuga sin auxiliar a la víctima.

Así, el juez vinculó a Héctor Raúl Q. L. y le dictó prisión por el delito de muerte culposa, que se sanciona con privación de libertad de hasta tres años. La pena en ese caso podría aumentar hasta 12 años si se comprobara que el conductor manejaba en estado de embriaguez, lo que por el tiempo transcurrido no se podrá certificar judicialmente.

Traspasó acciones de compañía

Mientras tanto, los abogados de la familia de Mónica Martinich temen que el conductor responsable huya del país, por lo que pidieron que el juez notifique a la Interpol para su localización internacional y, de ser el caso, su extradición.

El riesgo de fuga se fundamenta -señalaron- en las actividades que desde el 20 de agosto de 2024 realiza Héctor Raúl Q. L., como propietario de una agencia de viajes dedicada a la promoción de paquetes turísticos que incluyen transporte y alojamiento.

• En los registros de la Superintendencia de Compañías, Héctor Raúl Q. constaba como fundador y único accionista de la agencia, pero el 17 de septiembre de 2026, dos semanas después de ocurrido el atropellamiento de Mónica Martinich, las acciones valoradas en USD 100 fueron traspasadas a Gabriela R. L., mientras que Héctor Raúl Q. aún consta como gerente general.

La agencia de viajes reportó en 2025 ingresos por USD 222.425 y una utilidad de USD 107.388, según los registros de la Supercías que forman parte de otro expediente judicial abierto en contra de Héctor Raúl Q. El caso de la muerte culposa de Mónica Martínich no es el único que consta en su contra en los reportes de la Función Judicial.

Intimidación, entre procesos

En julio de 2026, Héctor Raúl Q. fue demandado por su excónyuge que le exigía un aumento de la pensión alimenticia (USD 159) fijada por un juez en 2019 para sus dos hijos. En las providencias judiciales constan los intentos de citación hechos por los funcionarios de la Judicatura y la disposición del juez para que se presente a responder por la demanda.

En su reclamo judicial, su expareja pidió que el juez disponga la prohibición de salida del país, solicitud que se encontraba pendiente de respuesta. “La cuantía reclamada por pensiones alimenticias y gastos asciende a una suma elevada, lo que incrementa el riesgo de que el obligado intente sustraerse de sus responsabilidades mediante la salida del país”, señaló.

Otro proceso judicial, por intimidación, también consta en los registros de la Judicatura. Héctor Raúl Q. fue detenido en abril de 2023 tras la denuncia que presentó un fiscal de Guayas, quien relataba que fue agredido cuando llegaba a su domicilio en Guayacanes, norte de Guayaquil.

Familiares del fiscal llamaron a la Policía y los agresores huyeron, iniciándose una persecución que terminó con la detención de Héctor Raúl Q. El caso fue archivado porque las lesiones del fiscal solo determinaron una afectación de 15 días de reposo médico, según el juez, “menores a los 31 días que señala la normativa legal para que se considere un delito de acción pública”.