Alias 'Óscar', un exempleado de la Asamblea de Ecuador, es señalado por ordenar crímenes “sádicos” y unas 60 decapitaciones
Óscar Intriago laboró en la Asamblea Nacional, logró la anulación de una pena de 34 años por asesinato y comandaba una célula de Los Lobos en Los Ríos, vinculada a matanzas y fraudes vehiculares en Mocache.

Uno de los 14 presuntos integrantes de la facción de Los Lobos aprehendidos en la operación Zeus 4, el 5 de noviembre de 2026, una banda señalada por hechos violentos en Quevedo y Buena Fe (Los Ríos).
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Policía Nacional
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Antes de que su apodo fuera asociado a 60 cuerpos mutilados y a una red de extorsión que habría cooptado la matriculación vehicular en el cantón Mocache, en la provincia de Los Ríos, Óscar Oracio Intriago Cerezo -alias ‘Óscar’ o ‘La O’- recorría los pasillos de la Casa Lasso-Conto en Quito como Servidor Legislativo 4 de la Asamblea Nacional.
El sospechoso, capturado en la operación Zeus 4 del 5 de noviembre de 2026, terminó dirigiendo, según el Gobierno, una de las facciones más sanguinarias de Los Lobos, una banda de decapitadores en la provincia de Los Ríos. El cabecilla de la célula criminal operaba a distancia desde el cantón minero de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), según las autoridades.
El amplio prontuario judicial de Óscar revela que ingresó a la función pública -trabajó en el legislativo entre 2019 y 2021- cuando ya arrastraba una sentencia condenatoria por transporte ilícito de municiones, dictada en 2017. En paralelo a los años en el sector público enfrentó procesos por porte de armas, por asesinato y tráfico de drogas, según el historial en la Función Judicial.
‘La O’ también trabajó para la Defensoría Pública en 2022. El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció nuevos detalles de la estructura y de su presunto cabecilla en dos entrevistas radiales, este 11 de noviembre de 2026, confirmando el pasado del sospechoso como empleado del legislativo. Las investigaciones sitúan al sujeto de 31 años como quien ordenaba ejecuciones atroces.

Decapitaciones sistemáticas y terror registrado en video
El ministro señaló que la célula criminal recurría a mutilaciones y decapitaciones sistemáticas como método de amedrentamiento. De acuerdo con las pesquisas, los perpetradores solían registrar en video las ejecuciones para remitirlas a rivales o difundirlas internamente como escarmiento disciplinario.
En entrevistas con Radio Centro y Radio Forever, Reimberg enfatizó que la estructura respondía a órdenes directas emitidas por Óscar, a quien describió con rasgos "sádicos" por exigir decapitaciones y desmembramientos desde su centro de operaciones en Ponce Enríquez.
La desarticulación de la estructura se concretó tras ocho meses de investigación, luego de 25 allanamientos ejecutados en Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena. La intervención dejó 14 aprehendidos, seis catalogados como Individuos de Interés Penal Relevante. En los inmuebles allanados, los agentes incautaron 14 armas de fuego y 257 municiones de diversos calibres.
Los peritajes de balística forense practicados al armamento incautado permitieron conectar de forma técnica a esta célula criminal con al menos 60 homicidios y masacres perpetradas durante más de dos años en la provincia de Los Ríos, sobre todo en los cantones Quevedo y Buena Fe.
"No solamente les disparaban, sino que les cortaban la cabeza a todas sus víctimas. Estamos hablando más de 60 víctimas y estamos seguros de que fueron ellos, de acuerdo a la trazabilidad en el armamento que utilizaron”.
John Reimberg, ministro del Interior.
"Cooptaron agencia de tránsito y se disputaban el botín"
La estructura es señalada por el cometimiento de extorsiones y secuestros extorsivos. Además, las indagaciones determinaron que la organización captaba recursos a través de la cooptación institucional de la agencia de matriculación vehicular del cantón Mocache, en Los Ríos, un esquema que movilizaba flujos de aproximadamente USD 5 millones anuales.
A través de esta entidad municipal, la red legalizaba automotores robados en distintas ciudades del país, particularmente en Quito. Los informes oficiales dan cuenta de que en el último año se matricularon de forma irregular más de 26.000 vehículos en dicha dependencia. Las autoridades calculan que el esquema global alcanzó un beneficio económico de cerca de USD 20 millones.
Este volumen de dinero desató disputas internas sangrientas entre los miembros de la red, derivando en purgas, asesinatos y mutilaciones.
Entre los episodios documentados en la investigación consta el asesinato y decapitación de un mecánico que trabajaba para la propia organización, ejecutado tras sospechas de haber filtrado información (por “sapo”); la mutilación fue encargada al “mejor amigo de la víctima”, anotó Reimberg.
Además, la Fiscalía vincula a Intriago Cerezo como autor mediato del secuestro y asesinato de Andy Mendoza, cometido el pasado 1 de septiembre en el cantón Buena Fe.
De la función pública al mando criminal
Óscar Oracio Intriago Cerezo se vinculó laboralmente con dependencias estatales incluso tras haber registrado al menos un primer antecedente penal en el sistema judicial.
Nacido en el cantón Valencia (Los Ríos) el 10 de febrero de 1995 y con instrucción formal registrada de bachiller, Óscar constó en los distributivos de personal de la Asamblea Nacional para la época en la que las autoridades lo sitúan en el cargo, según constató PRIMICIAS.
En el Legislativo ocupó la plaza de Servidor Legislativo 4 en la Casa Lasso-Conto -edificación histórica de inicios del siglo XX contigua al Palacio Legislativo en Quito- durante la administración de César Litardo, oriundo de Quevedo (Los Ríos), quien se inició en el correísmo y asumió la presidencia del legislativo tras alinearse al gobierno de Lenín Moreno.
Óscar involucrado en crimen de candidato y exasambleísta
El historial judicial de Óscar muestra un patrón recurrente de causas concluidas con penas atenuadas o fallos favorables que redujeron su permanencia en prisión.
- El hecho de mayor gravedad procesal se originó tras el asesinato del exasambleísta y candidato legislativo Patricio Mendoza Palma (Movimiento Político Avanza), ocurrido el 21 de diciembre de 2020 en Quevedo, al término de una entrevista periodística.
- El 6 de abril de 2022, el Tribunal de Garantías Penales de Quevedo sentenció por unanimidad a Óscar Oracio Intriago Cerezo y Luis Oliver Calderón Arteaga a 34 años y ocho meses de privación de la libertad como autores directos del delito de asesinato.
- Sin embargo, el 10 de febrero de 2023, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en Quevedo revisó la resolución en segunda instancia. Con los votos de mayoría de los jueces Vilma Andrade Gavilánez y Luis Trujillo Soto -frente al voto salvado del juez Julio Almache Tenecela-, el tribunal revocó la sentencia condenatoria contra alias 'Óscar', declaró su estado de inocencia y ordenó su inmediata libertad.
- Este fallo se encuentra actualmente bajo impugnación ante la Corte Nacional de Justicia, mientras Intriago Cerezo afronta una nueva instrucción fiscal por delincuencia organizada y terrorismo.
El amplio prontuario del cabecilla de los decapitadores
- El primer antecedente formal de Oscar data del 30 de mayo de 2017 en Quevedo, cuando fue interceptado en una motocicleta portando seis proyectiles calibre .38; tras admitir su culpa mediante un procedimiento abreviado, la Unidad Judicial Penal de Quevedo lo condenó a tan solo un año de privación de libertad por transporte no autorizado de municiones.
- Dos años más tarde, el 1 de agosto de 2019, volvió a ser aprehendido en Quevedo por tenencia y porte de armas con una pistola y 10 cartuchos; sin embargo, evitó la prisión debido a que los peritajes determinaron que se trataba de un arma de fogueo con proyectiles de goma no letales, lo que llevó a la Fiscalía a abstenerse de acusarlo y al juez a dictar su sobreseimiento definitivo
- La recurrencia delictiva continuó en marzo de 2021, cuando fue capturado en Cayambe (Pichincha) durante un allanamiento que incautó 35 gramos de pasta base de cocaína dosificados en fundas y sobres. En esa causa, la Unidad Judicial de Cayambe le impuso una pena reducida de un año de prisión tras someterse a un procedimiento abreviado por tráfico de drogas a mediana escala.
- Posteriormente, en mayo de 2022, mientras permanecía recluido en Santo Domingo de los Tsáchilas, enfrentó una investigación penal por el delito de evasión penitenciaria junto a otros 11 internos; no obstante, el proceso se archivó y se ordenó su libertad en esa causa porque la Fiscalía declaró que no contaba con elementos de convicción suficientes para formular cargos.
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