Prisión preventiva para cuatro policías acusados de concusión en Santa Elena

Cuatro policías enfrentan un proceso penal por el presunto delito de concusión, tras ser señalados de extorsionar a un ciudadano vinculado a un caso de robo de hidrocarburos en la provincia de Santa Elena. En la causa también está procesada una civil, identificada como Carolina Betsabeth R. S., por su presunta participación en el esquema.

El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para los cuatro uniformados, Galo Javier B. M., Johnny Fernando Ch. S., Marlon Jefferson M. M. y Édison Efraín P. C., todos agentes de la Policía Judicial, este 17 de octubre de 2025, mientras que a Carolina R. S. se le impuso la prohibición de salida del país.

También se ordenaron medidas de protección para la víctima y su familia, incluyendo la prohibición de contacto o intimidación por parte de los procesados, informaron las autoridades.

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El hecho ocurrió el 1 de junio de 2025, durante un operativo policial en la comuna La Entrada, parroquia Manglaralto, donde se retuvieron varios vehículos cargados con tanques de combustible sospechoso.

Según la denuncia del propietario de uno de los vehículos, los policías le exigieron un pago de USD 5.000 a cambio de "ayudarlo" en el caso. La oferta incluía alterar el parte policial y facilitar la liberación de dos menores de edad presentes durante la intervención, con el fin de evitar consecuencias legales mayores.

La investigación, liderada por la Unidad de Conducta Policial, reveló un esquema meticulosamente planeado. Al día siguiente, se registraron varias transferencias bancarias por el monto exigido, dirigidas a una cuenta a nombre de Carolina R. S., esposa de uno de los agentes. Poco después, se ingresó un parte policial modificado al sistema, en el que se distorsionaban los hechos, y se solicitó la devolución del vehículo retenido.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Manglaralto solicitó órdenes de detención que fueron ejecutadas en un operativo nacional que se desplegó en ciudades como Tulcán, Tena, Portoviejo y Machala.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó algunas pruebas como los partes de detención, testimonios de agentes, certificados bancarios que rastrean las transferencias, análisis forenses de teléfonos celulares y documentos vinculados a los vehículos retenidos.

Según el artículo 281 del COIP, los agentes se exponen a penas de cinco a siete años de prisión. La etapa de instrucción fiscal, que durará 90 días.

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