La madrugada del 24 de septiembre de 2026, el Ministerio del Interior anunció el desmantelamiento de una estructura criminal en cuatro provincias del Ecuador, involucrada en el tráfico de más de seis toneladas de cocaína.

La intervención contó con la cooperación de la DEA y efectivos del Comando Sur de Estados Unidos. El ministro John Reimberg señaló que se trató de un golpe directo a una célula presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de ocho meses de investigación.

En la audiencia de formulación de cargos, el 25 de septiembre, la Fiscalía formalizó el caso por delincuencia organizada sin presentar elementos sobre una supuesta alianza de los detenidos con un cartel mexicano.

La imputación se sustentó en escuchas telefónicas, seguimientos y cinco decomisos ejecutados durante la investigación previa. Los expedientes judiciales de los procesados exponen una red con antecedentes locales.

• Así fue el operativo en el que alias 'Charlie', de Los Choneros, fue abatido por las Fuerzas Armadas con apoyo del Comando Sur

¿Hay rastro del CJNG?

El despliegue de las fuerzas ecuatorianas y estadounidenses se realizó la madrugada del 24 de septiembre de 2026 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La operación movilizó a 320 policías ecuatorianos y 50 militares del Comando Sur de Estados Unidos durante el toque de queda vigente.

John Reimberg, ministro del Interior, afirmó que la red respondía de forma directa al Cártel Jalisco Nueva Generación. Según su versión, la organización recibía droga desde Colombia y la enviaba a Estados Unidos y Europa.

El presidente Daniel Noboa también destacó el golpe en sus redes sociales. La vocería oficial sostuvo que el operativo causó un perjuicio económico al narcotráfico estimado en USD 322 millones tras las incautaciones continuadas de sustancias ilícitas.

En el impulso fiscal previo presentado a las 23:15 del 24 de septiembre de 2026 no se recogió esa tesis. El fiscal José Bravo Salazar solicitó la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada.

Asimismo, en el expediente no se recogieron indicios sobre la relación de los ahora procesados con una organización criminal mexicana. La imputación se centró en probar una confabulación entre los 36 detenidos para el acopio y transporte terrestre de cocaína.

Durante la diligencia judicial, la defensora pública Francoise Rhon objetó la acusación. La abogada sostuvo ante el juez que una etiqueta policial no constituye una conducta típica si no se demuestran los actos individuales de cada uno.

La defensora cuestionó que la Fiscalía no precisó quién financiaba, quién daba las órdenes ni quién contaminaba los contenedores. El argumento enfatizó que las reuniones o llamadas no pueden criminalizarse sin pruebas directas de que se cometió un delito.

Documentos de causas previas iniciadas contra miembros de esta red no hacen referencia a estructuras criminales mexicanas, pero sí a actividades ilícitas en Ecuador y a drogas. En el proceso 17U05-2026-00047, iniciado por la incautación de más de dos toneladas de cocaína en Babahoyo, ya había sido investigado Christian Pérez, alias 'Transportador', quien posteriormente pasó a ser el procesado 13 en la causa por la red de Mocolí.

Entre las fojas 93 y 96 de dicho expediente está el informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el cual certifica textualmente que los imputados "no se encuentran identificados en los registros oficiales como integrantes de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ni de Delincuencia Común". 

A este documento se suma un oficio firmado por el teniente coronel Yalir Cabrera Andrade, jefe de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas, donde se menciona que Pérez "no registra información que lo identifique como miembro de un GDO o GDC, ni es considerado objetivo de medio o alto valor".

• Estos son los operativos que evidencian la cooperación del Comando Sur de Estados Unidos en Ecuador

Asimismo, en la causa 12281-2026-00051, iniciada por el decomiso de 1.250 paquetes de cocaína en Ventanas a Julio García, alias 'Español' (otro de los procesados), consta otro informe policial. 

Tras examinar los bloques de droga marcados con las leyendas 'Lexus', 'Two' y 'Coco', según el documento, se reportó que "no se ha podido establecer una correlación con algún grupo de delincuencia organizada". 

A este antecedente se suma la causa 09281-2026-00488, iniciada tras el allanamiento a la bodega de La Alborada en Guayaquil, donde se decomisaron 1.440 paquetes de droga. En dicho proceso, la Policía certificó que el procesado Carlos Navarrete, alias 'Kike', "no registra ningún tipo de alerta en el sistema de la Interpol".

La estructura investigada y los cinco decomisos del proceso

La investigación previa de este caso se abrió el 15 de enero de 2026. Durante ocho meses, las labores de inteligencia identificaron el modo de operar en haciendas bananeras y bodegas de Los Ríos y Guayas.

El grupo transportaba la cocaína en vehículos acondicionados con compartimentos ocultos. El destino final era la contaminación de contenedores de banano de exportación en el puerto DP World Posorja y en terminales marítimas de la provincia de El Oro.

La acumulación de los cargamentos incautados sumó un aproximado de 6.190 paquetes de clorhidrato de cocaína. El primer golpe ocurrió el 20 de febrero de 2026 en La Troncal de la Costa, donde la Policía aprehendió 1.250 paquetes ocultos en cajas simulando banano.

El segundo decomiso se ejecutó el 24 de febrero de 2026 en el puerto DP World Posorja con la detección de 500 paquetes en dos palés. Dos días después, el 26 de febrero de 2026, las autoridades interceptaron otros 1.440 paquetes en una bodega de La Alborada.

La cuarta incautación se produjo el 8 de abril de 2026 en Los Ríos con el hallazgo de 2.000 paquetes en sacos de yute negros. Finalmente, el 22 de julio de 2026 fueron incautados 1.000 paquetes adicionales en flagrancia en la parroquia La Esperanza, del cantón Valencia.

En el organigrama presentado por la Fiscalía constan 36 personas con distintos niveles de responsabilidad. La acusación ubicó en la cúspide a Jinson Trujillo, alias 'Gran jefe' o 'Kayosama', junto a Guido Olvera, conocido como 'Mico'.

En la articulación logística figuraban Mauricio Peñafiel, alias 'Chicho'; Jorge Hidrovo, apodado 'Mister', y Christian Pérez, identificado como 'Transportador'. La red empleaba además a conductores y personal de acopio.

Los antecedentes judiciales 

El rastreo en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) revela que varios procesados registran causas penales previas. Las actuaciones anteriores demuestran la trayectoria de los implicados en procesos por delincuencia común y asociación ilícita.

El caso de mayor relevancia corresponde a Guido Olvera, alias 'Mico', detenido el 11 de octubre de 2018 en la parroquia Tachina de Esmeraldas por presunta asociación ilícita junto a 10 personas.

En ese operativo, la Policía interceptó cuatro vehículos de alta gama e incautó armas de fuego de nueve milímetros. Entre los aprehendidos constaba un mayor activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y se hallaron uniformes militares pixelados e inhibidores de señal.

Olvera Arcos fue procesado y, tras recibir prisión preventiva, 'Mico' solicitó la sustitución de la medida cautelar mediante la consignación de una caución económica (fianza) y obtuvo su excarcelación.

Otro antecedente consta en una causa contra Carlos Navarrete, alias 'Kike'. Navarrete fue capturado el 26 de febrero de 2026 en la bodega de La Alborada con 1.440 paquetes de droga y registra dos detenciones anteriores.

Por su parte, Julio García, alias 'Español', fue detenido en febrero de 2026 por el transporte de 1.250 paquetes en un camión en Ventanas. La causa fue inhibida por la justicia local y remitida a la unidad de Quito.

En la causa 17U05-2026-00047 aparece Christian Pérez, alias 'Transportador', procesado por el hallazgo de más de dos toneladas de cocaína en Babahoyo el 8 de abril de 2026. En ese expediente consta la certificación de que no registra antecedentes como miembro de bandas.

La lista de historiales suma a Diego Franco, alias 'Patrick', y a Luis Salazar, apodado 'Bemba'. Ambos fueron procesados tras ser capturados en flagrancia el 22 de julio de 2026 en Valencia con 1.000 paquetes.

Asimismo, Alberto Aguirre, alias 'Barbón', registra el expediente 09281-2014-2189 por el delito de robo calificado con resultado de muerte. La causa por el homicidio del ciudadano Renato Cardelli llegó a recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia para otro procesado, mientras que en su caso el juicio estaba suspendido porque estaba prófugo.

Abogados presentan escritos

La audiencia de formulación de cargos del caso estuvo marcada por incidentes técnicos y reclamos de caducidad de la detención. El proceso recayó en la Unidad Judicial de Flagrancias de Corrupción y Crimen Organizado a las 00:31 del 25 de septiembre de 2026.

El juez de turno, Harry Navarrete, avocó conocimiento a las 00:56 y convocó a la audiencia para la 01:30 del mismo día. La providencia otorgó un plazo de 34 minutos entre el señalamiento y la instalación telemática mediante la plataforma Zoom.

Transcurridas las horas de la madrugada, los abogados defensores particulares ingresaron escritos urgentes. Los juristas denunciaron que el sistema los mantenía en la sala de espera sin permitirles el ingreso para representar a los 36 ciudadanos capturados. Por esta razón, todos fueron defendidos por una Defensora Pública.

A los escritos se adjuntaron capturas de pantalla con el mensaje de espera del anfitrión. Los defensores de Mauricio Peñafiel y Arnoldo Vásquez reclamaron el derecho a la defensa y la falta de acceso al expediente.

De forma paralela, las defensas alegaron una supuesta ilegalidad de las detenciones por la expiración del plazo legal. Peñafiel fue aprehendido a las 03:50 del 24 de septiembre de 2026 en Puerto Santana, mientras que Vásquez Parrales fue detenido a las 03:30 en Urbanor.

El 25 de septiembre de 2026, el juez Navarrete ordenó la prisión preventiva de los 36 implicados, para garantizar su presencia durante el proceso penal. Y dio inicio a la instrucción fiscal, que tendrá un plazo de 90 días.