Miles de menores migrantes, en riesgo de quedar fuera de la regularización extraordinaria en España

MADRID. Mientras la Comunidad de Madrid, el partido Vox y organizaciones conservadoras acudieron al Tribunal Supremo para intentar frenar el proceso de regularización masiva alegando “fraude de ley”, falta de control de antecedentes penales y un supuesto impacto sobre los servicios públicos, en la calle el debate era otro: familias que esperan que sus hijos tengan papeles y puedan continuar con su educación superior.

“Donde más desconocimiento hay es justamente en el caso de los menores de edad”, explica la abogada ecuatoriana Nicolle Naranjo, especialista en extranjería del consulado de Ecuador en Madrid. “Existen padres que no sabían cómo integrar a este menor de edad también a este arraigo extraordinario”.

Naranjo llegó al consulado en marzo de este año, apenas semanas antes del inicio del proceso. Desde entonces, gran parte de su trabajo ha consistido en organizar talleres informativos y consulados móviles para orientar a la comunidad ecuatoriana sobre cómo acceder a la regularización. En esos encuentros, asegura, las preguntas se repetían: cómo presentar la solicitud, si debía hacerse presencial o telemáticamente y qué documentos necesitaban los menores.

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El vacío legal que golpea a los adolescentes

Aunque España garantiza el acceso a la educación básica a todos los menores, independientemente de su situación administrativa, la irregularidad acaba apareciendo como una barrera cuando los niños crecen, especialmente al llegar a la universidad y al mercado laboral.

“La universidad, muchas universidades y muchos centros de estudio te van a dejar matricular con un pasaporte. Sin embargo, ¿dónde es el punto de quiebre? Para hacer las pasantías, por ejemplo”, explica la abogada. “Porque para hacer pasantías ya necesitamos tener este permiso de trabajo. Entonces, aquí es donde la universidad no te dice ‘no, porque estás irregular’, sino porque las condiciones al momento de hacer las prácticas son las que te impiden llegar a graduarte”.

La consecuencia es una generación de jóvenes completamente integrados en España, pero atrapados en un limbo administrativo justo cuando intentan incorporarse al mercado laboral.

“España realmente ha entendido que muchos niños migrantes ya están completamente integrados en esta sociedad”, afirma la abogada. “Mantenerlos en situación irregular generaba una situación de vulnerabilidad que esta medida busca corregir”.

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La flexibilización de requisitos ha sido una de las claves del proceso. Frente al régimen ordinario, la regularización extraordinaria reduce exigencias y elimina algunas de las barreras más difíciles para las familias migrantes.

“Basta demostrar una permanencia continuada en España durante estos últimos cinco meses anteriores a la solicitud”, explica Naranjo. Además, añade, “para los menores de edad la autorización de residencia es de cinco años”, frente al permiso de un año que reciben muchos adultos.

El decreto también elimina la obligación de demostrar medios económicos suficientes o disponer de un informe de vivienda adecuada, dos requisitos que anteriormente dejaban fuera a muchas familias.

La abogada sostiene que buena parte del problema nace de una falsa sensación de estabilidad. Como los menores tienen acceso a salud y educación, muchas familias postergan la regularización hasta que aparece una limitación concreta.

“Muchos padres de familia recién se dan cuenta que sí es cierto, tengo que regularizar al menor, cuando ven que sus compañeritos quieren irse de viaje”, relata.

Hasta ahora, además, el procedimiento era especialmente complejo. “Regularizar a los niños tenía esa serie de requisitos, como el tema de la vivienda. Esta vez no, así que hay que aprovechar”, insiste.

Una abogada migrante asesorando a otros migrantes

La historia de Nicolle Naranjo también atraviesa el relato migratorio que ahora acompaña desde el consulado. Lleva tres años en España. Estudió un máster en Derecho Empresarial en la Universidad Autónoma de Barcelona y otro en extranjería e inmigración en Esneca Business School antes de incorporarse al consulado ecuatoriano.

“Tuve la oportunidad de ingresar como abogada de extranjería ecuatoriana”, cuenta. “Ingresé a una rama jurídica donde yo no tenía que litigar”.

Antes de trabajar en el consulado, Naranjo había fundado en Ecuador y España el bufete Avine Legal Group, una plataforma creada para orientar a potenciales migrantes antes incluso de llegar al país europeo.

La iniciativa surgió, dice, tras detectar errores frecuentes cometidos por agencias de viaje que asesoraban sobre migración sin conocer la legislación española.

“Como las agencias de viaje no se manejan con legislación española existía justamente este hecho de que ‘anda, lleva tu menor de edad’, y se quedaban de manera irregular”, recuerda.

Avine empezó a orientar sobre vías legales de migración, nacionalidad o residencia como profesional altamente cualificado. La red ha llegado a asesorar usuarios en Ecuador, Perú, México y Chile.

En marzo, cuando ingresó al consulado, dejó el proyecto en manos de su colega Andrés Navarrete, desde Ecuador.

Ahora, desde la administración pública, continúa haciendo prácticamente lo mismo: traducir el lenguaje burocrático para familias que muchas veces no saben por dónde empezar.

Y en medio de la batalla política sobre la migración, insiste en que el foco debería estar en los niños que ya crecieron en España, estudian en sus colegios y hablan con acento español, pero siguen esperando un documento que confirme algo que, en la práctica, ya ocurre todos los días: que son parte del país.

Las claves del proceso

La regularización extraordinaria estará abierta hasta el 30 de junio de 2026 y contempla requisitos más flexibles que los procedimientos ordinarios de extranjería. Algunos puntos fundamentales son los siguientes:

•  En el caso de los menores, deberán haber ingresado en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses antes de la solicitud.
• Para los menores en edad escolar también será obligatorio presentar un certificado de matriculación en un centro educativo autorizado.
• El proceso elimina además algunos de los requisitos que tradicionalmente complicaban la regularización de familias migrantes, como demostrar ingresos mínimos o disponer de un informe de vivienda adecuada.
• En el caso de menores nacidos fuera de España, si solo uno de los progenitores presenta la solicitud deberá acreditar la custodia exclusiva o contar con una autorización notarial legalizada del otro progenitor. Además, los hijos pueden regularizarse al mismo tiempo que sus padres o tutores.
• Para los menores nacidos en España de padres extranjeros, el decreto flexibiliza los plazos y permite acceder al proceso aunque la residencia no se haya solicitado durante los primeros seis meses tras el nacimiento.
• La autorización de residencia concedida a los menores tendrá una duración de cinco años y les permitirá trabajar al alcanzar la edad mínima legal.
• Fuera de esta regularización extraordinaria, las familias también pueden acceder a otras vías como el arraigo familiar, dirigido a padres o tutores de menores españoles o comunitarios, un permiso que igualmente concede residencia por cinco años sin exigir tiempo mínimo previo de permanencia en España.