"Mi hermano nunca se bajó del carro": familia de Diego Guerrero exige justicia mientras el guardia que le disparó permanece en prisión preventiva
Diego Guerrero murió tras recibir un disparo mientras acompañaba a un grupo de amigos que realizaba grafitis en Quito. El guardia de seguridad procesado por el caso permanece en prisión preventiva por el presunto delito de homicidio.

Carro en el que se movilizaban Diego Guerrero y sus amigos cuando realizaban grafitis en Quito.
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Facebook de Diego Guerrero y captura de TVC Ecuador
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La Fiscalía General del Estado informó que el guardia de seguridad que disparó contra Diego Guerrero, mientras el joven acompañaba a un grupo de amigos que realizaba grafitis en Quito, permanece en prisión preventiva por el presunto delito de homicidio.
El hecho ocurrió la madrugada del 10 de octubre de 2026, cuando Guerrero se encontraba a bordo de un carro de color plomo junto a otras dos personas.
Un video de una cámara de videovigilancia muestra que uno de los amigos de la víctima descendió del vehículo a la altura de la Plaza Argentina y realizó un grafiti en un edificio en construcción.
De pronto, se escucharon disparos y el joven que sostenía una lata de pintura corrió hacia el carro para escapar del lugar.

Una de las balas alcanzó a Guerrero, quien murió minutos después, pese a ser trasladado a una casa de salud.
"Mi hermano nunca se bajó del carro"
Magalí Guerrero, hermana de Diego, dijo a PRIMICIAS que las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran claramente lo sucedido.
Para ella, el punto central es que la víctima no participaba directamente en la realización del grafiti, sino que únicamente acompañaba al grupo.
"Mi hermano nunca se bajó del carro. Estuvo en el asiento posterior y ahí le impactaron en la cabeza."
Magalí Guerrero
Cuando la familia recibió la noticia, pensó que Diego había sido víctima de un robo. Sin embargo, sus allegados "jamás imaginaron lo que realmente había sucedido".
Las imágenes también muestran que el carro en el que viajaban los jóvenes tenía daños en una de sus llantas, lo que habría dificultado su traslado a un hospital para que la víctima recibiera atención médica.
Según Magalí, al llegar a la casa de salud conocieron lo ocurrido y un médico les informó que Diego estaba conectado a un respirador.
"Lo llegamos a ver antes de que lo desconectaran. Mi hermano estaba crítico. El doctor nos dijo que no se podía hacer nada y solo había que esperar a que su corazón dejara de latir."
Magalí Guerrero
Magalí sostiene que la muerte de Diego devastó a su familia. Él era el menor de siete hermanos y el sustento de su madre, con quien vivía y a quien cuidaba diariamente.
"No estaba robando, no era una mala persona. Queremos que su nombre esté limpio y exista justicia", señaló.
Empresa de seguridad asegura que asumirá "toda la responsabilidad"
El 13 de octubre, la empresa a la que pertenecía el guardia involucrado publicó un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Diego Guerrero, "ocurrido en el marco de la prestación de nuestros servicios de seguridad privada".
La compañía expresó su solidaridad con la familia de la víctima y aseguró que asumirá la responsabilidad por los hechos.
Según la Fiscalía, el guardia procesado fue identificado como Anthony Daniel S. y detenido en un local comercial del norte de Quito, mientras cumplía su turno de vigilancia.
Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en su poder una escopeta y cuatro cartuchos.

De acuerdo con el Ministerio Público, la madrugada del 10 de octubre, al observar que uno de los jóvenes realizaba un grafiti en una valla publicitaria que cubría la fachada de un edificio en construcción, Anthony Daniel S. salió de un local contiguo al lugar de los hechos portando un arma de fuego.
Posteriormente, en los videos se escuchan varios disparos.
Según la Fiscalía, las pericias forenses confirmaron la presencia de cuatro objetos cilíndricos metálicos, identificados como perdigones, extraídos del cuerpo de la víctima.
La instrucción fiscal durará 30 días, al tratarse de un hecho flagrante. De ser hallado culpable, el procesado podría enfrentar una pena de entre 10 y 13 años de prisión.
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