Ejército ecuatoriano decomisa 5.900 sacos de material mineralizado y maquinaria para la minería ilegal
La intervención militar se realizó en Urcuquí, Imbabura, en los sectores de El Olivo y Mina Nueva, como parte de los controles contra la minería ilegal.
Las Fuerzas Armadas intervinieron en un campamento de minería ilegal en Imbabura.
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Fuerzas Armadas
Autor:
Redacción Primicias
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El Ejército ecuatoriano decomisó 5.900 sacos de material mineralizado y maquinaria utilizada para actividades de minería ilegal en Urcuquí, en la provincia de Imbabura, al norte del país, según informó el Ministerio de Defensa, este 27 de julio de 2025.
El hallazgo y decomiso se realizó en los sectores de Mina Nueva y El Olivo, zonas de minería ilegal catalogadas como "críticas" y que las Fuerzas Armadas intervinieron el pasado 12 y 13 de julio con la participación de aproximadamente 1.500 soldados.
En El Olivo, el Ejército decomisó 5.300 sacos de material mineralizado, 70 cambuches que servían de alojamiento y preparación de alimentos, tres rotomartillos, dos motores de luz, dos bombas de agua, 300 metros de mecha lenta, entre otros materiales.
Mientras que en Mina Nueva hallaron 600 sacos de material mineralizado, una vivienda que servía de alojamiento y presumiblemente como puesto de vigilancia y otros materiales y maquinaria para realizar estas actividades.
El material encontrado fue inhabilitado por parte del personal militar técnico, con autorización de la Agencia de Regulación y Control Minero.
Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo a las autoridades, los Comandos de la Frontera se han asociado con el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos para explotar varios enclaves de minería ilegal en el país, entre ellos el de Alto Punino, a unos 60 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, donde se produjo la masacre de los militares del pasado mayo.
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