Estafadores que ofrecían 'visas' de trabajo para ir a Estados Unidos son sentenciados en Cuenca

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay dictó sentencia en el caso de estafa y tráfico ilícito de migrantes. Tres personas y dos empresas ofrecían desde Cuenca falsas visas de trabajo para ir a Estados Unidos a cambio de pagos de hasta USD 20.000.

En la audiencia de apelación realizada este 12 de marzo de 2025, fueron sentenciados a 10 años de cárcel Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., mientras que Daniel Alfonso M., considerado colaborador de la organización, recibió siete años de prisión.

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También se ordenó la extinción de las empresas American Resident y AR Agencia de Reubicación.

El caso ‘American Resident’

Entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, en Cuenca operó una red delictiva liderada por Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., quienes crearon las empresas American Resident y AR Agencia de Reubicación para engañar a personas interesadas en obtener visas de trabajo para Estados Unidos.

Ofrecían empleo con sueldos de USD 12 a 50 por hora, a cambio de pagos que oscilaban entre USD  12.000 y 20.000.

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Los afectados debían pagar hasta el 50% del monto inicialmente, además de 2.000 dólares adicionales por supuestos cursos de capacitación.

También les exigían exámenes médicos, previo al viaje. Cumplir estos requisitos, tenía el propósito de aparentar la legalidad de sus actuaciones.

Cuando las víctimas exigían avances en sus trámites, eran llamadas a firmar contratos de trabajo falsos. Algunos afectados fueron enviados a entrevistas en el Consulado de Estados Unidos, en Quito, sin la documentación adecuada.

Daniel Alfonso M. acusado como colaborador, cumplía el rol de capacitador y otorgaba certificados falsos de trabajo a los perjudicados. Además, hacían los eventos de clausura de los cursos en su restaurante así como las despedidas de las víctimas que apartemente estaban listas para viajar.

Pruebas presentadas

Entre las pruebas se presentó la versión del perito contable que determinó un perjuicio económico de USD 1'209.943 a 91 víctimas, el testimonio de la perita que analizó 273 contratos y confirmó que ninguno se cumplió. 

Concepción Magdalena U. también está llamada a juicio, pero el proceso en su contra está suspendido por encontrarse prófuga.

Como medida de reparación integral los sentenciados deberán pagar USD 144.926 a las nueve víctimas que testificaron en el juicio.