Manabí | Familiares de víctimas de ataques armados se llevan los cuerpos y contaminan escenas del crimen, advierte la Fiscalía

La fuerza pública reconoce que, en la provincia de Manabí, las estructuras del crimen organizado, en especial Los Lobos y Los Choneros, han incrementado la violencia. Uno de esos escenarios tiene que ver con que familiares de las víctimas retiran los cuerpos de las escenas del crimen antes, o incluso cuando llegan las autoridades a realizar los procedimientos de ley.  

Según información policial, esta práctica no solo aumenta la estadística de muertes violentas al menos en un 10%, sino que entorpece los procesos policiales y complica las investigaciones fiscales. Los registros en Manabí no son nuevos y las mayores incidencias de casos ocurren en cantones del norte como El Carmen, Chone, Sucre y Pedernales.

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Para el fiscal manabita Paco Delgado, quien investiga hechos violentos y ha dirigido casos de narcotráfico, llevarse los cuerpos de las escenas del crimen y evadir las autopsias “incide muchísimo en una investigación fiscal, porque hay que probar los hechos fundamentales, hay que evidenciar la muerte con los informes de autopsia, con el testimonio médico legista (causas, heridas, horario, otros) y un sinnúmero de información que va a coadyuvar a probar al fiscal que existió un delito”.

“Al no tener la autopsia, evidentemente no se va a poder tener un caso, no hay materialidad. Hay un fallecido, pero no hay un informe de levantamiento de cadáver, no hay un informe de autopsia, entonces difícilmente se podrá tener un caso”.

Paco Delgado, fiscal de Manabí.

Sin embargo, Delgado aclara que “han existido algunos casos en los que no se hace la autopsia, pero se inicia la investigación con un parte policial. Con esa información de que no se pudo hacer la autopsia por x motivos, se empieza esta indagación, pero resulta que en el camino descubres a los participantes, a los responsables de este hecho; incluso el propio familiar que impidió la necropsia viene a decir que quiere participar en la investigación y hay que realizar la exhumación del cadáver”.

Esto tiene un costo: se alarga la investigación y “remueve” la parte sentimental. Pero ¿qué pasa con el familiar que impide levantar el cadáver y frena realizar la autopsia? El fiscal Paco Delgado dice que “no se conoce que haya existido familiares procesados por este tipo de acción, no existe una figura legal; quizás, de forma general, habría una obstrucción a la justicia, pero no hay algo específico”.

"Se llevan los cuerpos bajo amenazas"

A finales de 2025 se reportaron varios casos en Manabí. El 1 de diciembre, en el sector La Pimienta, cantón Pedernales, un ataque motivado por violencia común, delincuencia criminal y microtráfico provocó que seis personas fueran secuestradas, maniatadas, atacadas con armas de fuego y quemadas en una zona rural. Según información policial, uno de los cuerpos fue retirado por los familiares antes del procedimiento legal.  

Otro caso similar sucedió el 10 de diciembre de 2025, en la comunidad Santa Teresa, una zona rural del cantón El Carmen, donde cinco personas fueron asesinadas en un prostíbulo. El parte policial sostiene que familiares y amigos de las víctimas, “mediante amenazas y tratando de agredir a los servidores policiales, se llevaron los cuerpos con rumbo desconocido”.

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Para el 22 de diciembre, en el sector de las canteras, de la comunidad Chimborazo, parroquia San Isidro, del cantón Sucre, siete personas fueron asesinadas. Las autoridades solo pudieron hacer el levantamiento de tres cuerpos, debido a que los familiares se llevaron a las otras cuatro víctimas.

Y el 27 de diciembre hubo un caso aún más complejo: dos hermanos fueron asesinados a tiros en la intersección de la avenida Machalilla y la calle Alejo Lascano, en el cantón Puerto López.

Las víctimas, halladas en las escaleras que daban a un consultorio médico, fueron identificadas como Erwin José Véliz, alias ‘Gallero', y Angelo Argenis Véliz, alias 'Angelo', presuntos líderes de Los Choneros en el cantón sur.

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En el reporte policial consta que los familiares de las víctimas se opusieron al traslado de los cuerpos hacia el Centro Forense de Manta, para lo cual interceptaron a una ambulancia y obligaron al conductor y a una enfermera a trasladar los cadáveres a sus domicilios particulares.

El personal de salud fue puesto a buen recaudo, pero no denunciaron el delito, lo que imposibilitó a las autoridades seguir con los procesos.

En estos casos, por ejemplo, las víctimas que fueron retiradas por sus familiares no fueron contabilizadas en las cifras de homicidios y tampoco se siguieron procesos relacionados con el retiro de los cadáveres.

“En Manabí tenemos focalizados los cantones en los que se llevan los cadáveres; se nos ha presentado más en zonas rurales, como en El Carmen, en el sector de La Manga del Cura (Paraíso-La14, Santa María, Santa Teresa). En esa localidad, la gente no permite que se haga el procedimiento legal”.

Lenin Peralta, comandante (s) de la policía en la subzona Manabí.

Peralta agregó que esta situación también ha migrado hacia cantones de Puerto López y Sucre. “La motivación de por qué se llevan el cadáver ya consta en una investigación que se está realizando. Aquí hay otras connotaciones, por ejemplo, que no se sepa quién es la persona que fue victimada porque pertenecen a un GDO (Grupo de Delincuencia Organizada)”.

“Hay cementerios, en las zonas rurales, que no son regulados o que no se necesita documentación (certificado de defunción). En la parte urbana ya no se dan muchos de estos casos, por eso cuando se llevan un cadáver, se lo llevan a las zonas más alejadas de las ciudades”, finalizó el jefe policial.

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Para el fiscal Delgado, en estos casos, “evidentemente, uno se ve imposibilitado para una investigación, ya que no se tiene el apoyo de los familiares para que brinden información; los moradores no quieren apoyar, ya sea por miedo a represalias, y posiblemente casos así queden en la impunidad y en el archivo. Una causa de esa naturaleza dura hasta dos años”.

Contaminacion y sustracción de indicios

Leonardo Salazar, perito de criminalística acreditado del Consejo de la Judicatura (CJ), especialista en derecho procesal penal y director de la firma Rastros Forenses EC, señaló que primero hay que considerar que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que se deben ordenar las diligencias de identificación, tratamiento técnico y la necropsia respectiva de los cadáveres relacionados con muertes violentas. 

Al llevárselos, los familiares o cualquier otra persona está impidiendo el tratamiento legal; estaríamos en un hecho sin poder investigarlo”, aunque hay casos en que sí se inician las indagaciones.  

Para Salazar, este tipo de acciones de los familiares afecta las investigaciones de las unidades de la Policía, porque incluso los miembros de las fuerzas del orden, lo primero que hacen es proteger las escenas. Sin embargo, si ya ha ingresado una persona particular, el sitio se contamina.

“En el lugar queda plasmada información necesaria para esclarecer el caso… por lo que ingresar a una escena nos va a dificultar tener una hipótesis, abrirnos una ruta de investigación”.

Leonardo Salazar, perito de criminalística acreditado del Consejo de la Judicatura.

Finalmente, Salazar se refiere al tema de la sustracción de indicios de las escenas y considera que esto complica aún más el desarrollo de las investigaciones. Por ejemplo, si alguien se lleva los casquillos (indicio balístico), imposibilita identificar el tipo de arma, procedencia, qué grupo delictivo podría atribuirse el hecho, entre otros.

Además, según información policial, que se lleven los cuerpos, contaminar y llevarse indicios de la escena, complica determinar qué territorios son más violentos, dar con los autores (materiales e intelectuales) e incluso lleva a que los casos queden en la impunidad.