El reloj procesal marca la hora cero para Sociedad Deportivo Quito tras casi 10 años de litigio. Este martes 10 de noviembre de 2026, a las 10:00, el Complejo Judicial Norte albergará la Junta de Acreedores que decidirá el futuro del equipo chulla.

La diligencia se instalará tras el fracaso de la defensa del club por postergar el trámite. Las peticiones para suspender la cita se frenaron con la negativa del juez Santiago Altamirano Ruiz, quien ratificó la fecha y emitió advertencias contra nuevos recursos dilatorios.

Bajo las reglas del Código Orgánico de Gestión Procesal (Cogep), en esta audiencia la masa de acreedores deberá votar entre aprobar un plan de pagos garantizado o decretar la quiebra e insolvencia definitiva del club, ordenando la incautación y el remate en subasta pública de sus bienes.

Deportivo Quito lleva 10 años jugando en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano y en la temporada 2027 intentará nuevamente ascender a la Serie B. Sin embargo, el juicio concursal podría impedirlo.

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Sin paso a las dilaciones

El camino hacia la audiencia estuvo marcado por varios intentos de la defensa de Deportivo Quito para postergar el trámite. El 31 de agosto de 2026, el juez Santiago Altamirano Ruiz convocó a la Junta de Acreedores para el 10 de noviembre de 2026 a las 10:00 en el Complejo Judicial Norte.

Apenas un día después, el 1 de septiembre de 2026, el abogado Celso Vásconez Ojeda, abogado del club, solicitó el diferimiento alegando un viaje a España del 22 de octubre al 10 de noviembre de 2026. Los acreedores exigieron negar la petición.

El 21 de septiembre de 2026, el juzgador rechazó la suspensión. La resolución determinó que un viaje programado no configura fuerza mayor, que existió suficiente antelación y que el club podía comparecer con otros abogados.

Frente a la negativa, la representación del club presentó un escrito de nueve páginas exigiendo la remoción del síndico de quiebra, William Erazo. La defensa alegó la pérdida de confianza por la designación de los abogados Christyan Aguas Naranjo y Lizeth Guerra, de la firma Fileconsulting, como sus asesores jurídicos en el juicio concursal.

El reclamo sostuvo un conflicto de intereses. La fundamentación señaló que Aguas Naranjo patrocinó previamente a Olger Caisachana en un juicio por USD 1,7 millones contra Sociedad Deportivo Quito, donde la Corte Provincial sancionó las costas por mala fe.

El 23 de octubre de 2026, el juez desestimó la remoción. Altamirano declaró la solicitud improcedente por carecer de sustento e intimó a los defensores a no presentar escritos retardatorios, bajo riesgo de de sanciones legales y disciplinarias.

Superadas las objeciones sobre la fecha, el lunes 9 de noviembre de 2026, el juez Altamirano dispuso que la Junta de Acreedores se desarrolle de manera mixta para facilitar la participación.

La providencia estableció que las partes locales acudan de forma presencial a una sala del quinto piso del Complejo Judicial Norte. Al mismo tiempo, autorizó la conexión por Zoom para acreedores residentes en el exterior, como Marjorie Pazmiño.

La situación de Deportivo Quito

Sociedad Deportivo Quito afrontará su hora más complicada en la Junta de Acreedores de este 10 de noviembre de 2026. El peritaje del 21 de agosto de 2026 fijó los activos en USD 3,2 millones y los pasivos en USD 3,7 millones, dejando un déficit de USD -442.218. 

Sin embargo, la principal polémica alrededor de ese cálculo es que Erazo incluyó en la contabilidad al Complejo de Carcelén, que según la dirigencia no se puede rematar en caso de una eventual declaratoria de quiebra. El hecho de que ese predio se excluya del cálculo cambia totalmente el panorama, ya que el déficit sería de más de USD 3 millones.

Otro tema a tratar es que, mientras la causa se tramita en el ámbito judicial, los ingresos del club por taquilla y marcas se recaudan mediante Marketing Deportivo Quito MarkSDQ Cía. Ltda., firma controlada por Songoku S.A.S. con el 80% de participaciones y por HUB S.A.S. con el 20%, que pertenecen a las familias de Danilo Carrera y Erik Chiriboga.

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¿Qué puede pasar en la Junta?

El desenlace procesal de la Junta se decidirá bajo las reglas del Código Orgánico General de Procesos. El primer escenario es el acuerdo, el cual exige el voto favorable de una mayoría que represente más del 51% de los acreedores, según el porcentaje de deuda.

En esa votación, las empresas privadas mantienen un peso determinante al registrar una acreencia de USD 2,3 millones. Al concentrar el 79% de los pasivos judiciales, el acreedor principal tiene la potestad legal para aprobar o vetar cualquier plan de pagos.

El segundo escenario es la declaratoria de quiebra e insolvencia definitiva regulada. Si la masa rechaza la propuesta del deudor, el juez dictará sentencia de quiebra y dispondrá la incautación y el remate en subasta pública de los bienes.

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A la sesión también llegan las peticiones de fiscalización formuladas por la Sindicatura de Quiebras. El perito William Erazo requirió la entrega obligatoria del contrato de gerenciamiento con MarkSSQ y una auditoría contable de los libros de dicha sociedad.

Asimismo, el síndico solicitó autorizar la apertura de una cuenta bancaria bajo control exclusivo del juzgado para depositar las recaudaciones. 

En resumen, el martes 10 de noviembre de 2026 a las 10:00, la justicia ordinaria resolverá si otorga un acuerdo o decreta la quiebra.