CNEL adeuda USD 560 millones a trabajadores por un contrato colectivo que no contó con el visto bueno de Finanzas

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial al Primer Contrato Colectivo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), suscrito en mayo de 2021, con énfasis en las Unidades de Negocio Santo Domingo, Manabí y Sucumbíos. 

El examen evalúa el proceso de negociación del contrato, los desembolsos por beneficios que recibieron obreros amparados por el Código del Trabajo, así como las pensiones jubilares e indemnizaciones por jubilación patronal y retiro voluntario, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2024. 

El monto de recursos analizados ascendió a USD 60,8 millones, correspondiente a pagos realizados a los trabajadores de las tres unidades de negocio. 

Como antecedente, la Contraloría señala que el proyecto del contrato, elaborado por el Comité de Empresa de los trabajadores de la CNEL, fue aprobado en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de la Dirección Regional de Guayaquil del Ministerio del Trabajo, sin que existiera el dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas sobre los beneficios del contrato. 

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Pasivo millonario

El contrato colectivo incluía pagos de beneficios a los trabajadores con retroactividad desde 2018, año en que comenzó la elaboración del contrato. Sin embargo, las condiciones económicas de la empresa pública, según sus estados financieros, no permitió cumplir con la totalidad de los beneficios a los obreros, situación que se originó porque no se contó con el dictamen de Finanzas. 

Esto ocasionó a CNEL un pasivo que se acumula año a año y que, al 31 de agosto de 2024, ascendía a USD 560,7 millones, según el Estado de Situación Financiera presentado por la empresa pública. Esta es la primera conclusión del examen de Contraloría. 

La entidad recomienda la conformación de una comisión técnica para analizar el registro de ese pasivo con el fin de determinar ajustes por devoluciones judiciales o acuerdos con los trabajadores por los beneficios sociales que los ampara, asegurando la sostenibilidad financiera de la empresa y evitando el incremento anual de los valores adeudados. 

Desembolsos por encima de lo establecido 

La Contraloría también concluye las Unidades de Negocio de Manabí y Sucumbíos realizaron pagos de indemnizaciones por jubilación patronal y retiro voluntario que superaron el límite permitido, al no considerar en el cálculo el salario básico de 2015, que era de USD 354. Esto ocasionó un pago de USD 201.470 en exceso a 13 trabajadores. 

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El ente de control recomienda al Gerente de Desarrollo Corporativo una revisión y depuración de las fórmulas de cálculo utilizadas en los desembolsos por liquidación, en casos de jubilación patronal y retiros voluntarios de extrabajadores de las 12 Unidades de Negocio. 

"En caso de detectar diferencias, además de las señaladas en este informe, se procederá a la reliquidación de haberes a fin de recuperar dichos valores", añade la entidad.  

Exámenes a otras empresas públicas

La Contraloría también emitió los informes de los contratos colectivos de la petrolera estatal Petroecuador, la generadora estatal de electricidad Celec y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), pero advierte que tuvo dificultades; por ejemplo, dijo que Celec entregó la información incompleta y con retraso por lo que ya no se la tomó en cuenta para este examen. 

En todo caso, de lo examinado se desprenden las siguientes conclusiones: 

En Celec, el organismo de control determinó que en sus Unidades de Negocio de Termogas Machala y Termopichincha se pagaron indemnizaciones por despido intempestivo superiores a lo permitido por la normativa, beneficiando indebidamente a tres extrabajadores, en mayo de 2019. 

Los pagos ocurrieron, según el examen de la Contraloría, porque los gerentes firmaron las actas de finiquito sin verificar los valores. Además las áreas de Talento Humano y los Gerentes Financieros no detectaron que los valores eran incorrectos e hicieron los pagos. 

Estas fallas derivaron en un pago en exceso de USD 46.296,41 en indemnizaciones por despido intempestivo en ambas unidades de negocio

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Lluvia de permisos a dirigentes sindicales

En CNT, se identificaron irregularidades en la concesión y control de permisos a dirigentes sindicalistas debido a fallas de gestión y ausencia de normativa interna. 

Entre los principales problemas detectados están que no existía una normativa interna que regulase claramente el trámite de permisos sindicales, como resultado se concedieron los permisos sin oficio de solicitud y sin justificar actividades relacionadas con el sindicato. 

Otra observación en CNT se relaciona con el despido intempestivo a dos obreros sin justificación adecuada. Los informes que sustentaron la decisión fueron deficientes y no demostraron necesidad institucional, falta de perfil, ni análisis del impacto económico. 

La falta de supervisión del Gerente General y de los responsables de Talento Humano permitió que la desvinculación se ejecutara sin controles. Esto generó pagos adicionales por 48 remuneraciones, aumentando el costo de USD 103.552 a USD 149.913.

Y en Petroecuador, 13 servidores recibieron beneficios del contrato colectivo —como subsidios familiares y por antigüedad— sin tener la calificación laboral adecuada otorgada por el Ministerio de Trabajo. 

Esto ocurrió porque las áreas de Talento Humano no aplicaron ni controlaron correctamente las normas internas, no coordinaron la calificación de los cargos, y no mantuvieron actualizados los registros de personal ni de pagos. Como resultado, se efectuaron pagos sin sustento legal por USD 34.957.