Comisión retira de la Ley de Noboa garantía de pago para las generadoras de electricidad privadas

Una de las grandes trabas para el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica por parte de la empresa privada ha sido la falta de garantías del Estado para el pago de la tarifa eléctrica. 

El presidente Daniel Noboa incluyó en la reforma energética enviada el 28 de septiembre de 2024 a la Asamblea un artículo para corregir ese vacío y promover una mayor participación de la empresa privada en la generación de electricidad. 

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Específicamente, propuso que los contratos de compra de energía eléctrica que firmen las distribuidoras estatales con las empresas generadoras privadas estén "respaldados por garantías emitidas por el Estado". 

Esa garantía puede ser mediante deuda pública o fideicomisos específicos, previa autorización del Ministerio de Finanzas, versaba el proyecto denominado Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables.

Con eso, el Estado busca asegurar el repago de la electricidad generada por los inversionistas privados y aumentar la participación del sector privado en la generación de electricidad del país, que ahora es de solo el 10%. 

Sin embargo, en el primer informe del proyecto de Ley de Noboa, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, se retiró ese artículo. 

Este era uno de los dos ejes importantes del proyecto de ley, que también buscaba promover proyectos de generación eléctricos privados de hasta 100 megavatios.

Sin garantía específica

En su lugar, la Comisión propuso que el titular del título habilitante (la empresa privada generadora) tendrá derecho a utilizar todos los mecanismos de la legislación de Ecuador, a fin de garantizar el pago a sus financistas o acreedores garantizados.

Los financistas acreedores garantizados podrán, a su vez, suscribir acuerdos directos con la entidad concedente (el Estado), a fin de asegurar la continuidad del proyecto.

Y añade que "bajo ninguna circunstancia (sic) se suspenderá la ejecución de un proyecto para la prestación del servicio público de energía eléctrica”.

El asambleísta Pedro Velasco explica que de esa manera se trata de evitar que se afecten los ingresos de las empresas distribuidoras. Velasco añadió que el proyecto de ley permitirá promover proyectos con inversión privada ya no solo de 10 megavatios como está en la legislación actual, sino de 100 megavatios.

Y dijo que los inversionistas tendrán un descuento en el pago del Impuesto a la Renta si los proyectos se construyen en frontera.

Pero sin una garantía real y tangible para el repago de la electricidad que entreguen las empresas privadas al Estado, los inversionistas privados difícilmente lograrán que bancos o multilaterales financien sus proyectos, dice el consultor en energía, Gabriel Secaira. Y, de esa manera, la ley no logrará su objetivo: incentivar la construcción de nuevas centrales con dinero de la empresa privada.

Incertidumbre entre inversionistas por pago de tarifa

La Comisión sugiere eliminar ese artículo pese a que ha sido precisamente la falta de esa garantía la que ha tenido parados, desde hace cuatro años, a tres proyectos de energías renovables adjudicados por el Ministerio de Energía a la empresa privada, que son: 

El Aromo, Villonaco III y el Bloque de Energías Renovables No Convencionales habrían podido agregar, juntos, hasta 810 megavatios a la oferta de electricidad. 

Eso representa cerca del 74% de los 1.080 megavatios que este momento necesita el Estado para superar la crisis eléctrica y cortes de luz.

• Lea: Centrales de energías renovables como el Aromo, Villonaco y otras aportarían 800 megavatios, pero están estancadas

Un problema de larga data

Ya en el pasado el Gobierno intentó crear un fideicomiso para garantizar el repago de la electricidad que compre a privados. 

El consultor eléctrico Gabriel Secaira explica que ese mecanismo se incluyó en la licitación de los proyectos privados El Aromo, Villonaco III y el Bloque de Energías Renovables No Convencionales. Ahí, se preveía la firma de contratos de compra de venta de energía, que tendrían a un fideicomiso como respaldo de pago de la electricidad que comprarían las distribuidoras estatales.

El entonces presidente Guillermo Lasso dio paso a la creación del fideicomiso que, además, establecía una prelación de pagos con el dinero recaudado por las distribuidoras de electricidad, donde las generadoras privadas tenían prioridad para cobrar valores de la energía facturada. 

Pero el fideicomiso nunca se puso en marcha por oposición de las propias empresas distribuidoras. Incluso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) demandó la inconstitucionalidad de ese fideicomiso en la Corte Constitucional.

Frente a eso, en el gobierno de Daniel Noboa se ha trabajado en una garantía con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cumplir con las empresas privadas e intentar destrabar las inversiones. 

Mientras eso se resuelve, el gobierno de Noboa anunció el 15 de octubre de 2024 que entregó las licencias ambientales a seis proyectos impulsados por la empresa privada para la instalación de 399 megavatios de energía solar e hidroeléctrica que son parte del Bloque de Energías Renovables No Convencionales.

Un fondo de garantía destrabaría proyectos

Debido a lo complejo que ha resultado el impuso de la inversión privada en Ecuador, Secaira insiste en que solo una garantía real podrá destrabar las inversiones. De ahí que el consultor propone, incluso, mejorar la propuesta del presidente Noboa y crear un Fondo de Garantía independiente y autónomo, que tenga los recursos para pagar la electricidad en caso de que las distribuidoras no puedan hacerlo.

Ese fondo se podría alimentar mediante el 2% de la facturación anual que sea cobrada por las distribuidoras, más el 2% de la facturación, efectivamente cobrada a los generadores privados, durante 10 años. 

Además, también se podría alimentar, temporalmente, por los ahorros generados por el no uso de diésel oil en la operación de termoeléctricas durante los tres próximos años.

"Los inversionistas no buscan incentivos en un país, que llegado un momento se acaban. Buscan garantías para su inversión", dice Secaira.

Gobierno tiene puestos sus ojos en la inversión privada

Además, definir una garantía del Estado para los inversionistas es clave si se considera que, según el Plan Maestro de Electricidad, más de la mitad de las 37 centrales de generación que debe instalar el país hasta 2032 dependen de la inversión privada.

De hecho, de los 7.404 megavatios nuevos que Ecuador tendrá que instalar hasta 2032 para evitar que se alargue la crisis eléctrica y los cortes de luz, el 76% o 5.593 megavatios son de iniciativa privada. 

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Eso implicará que los privados construyan 20 centrales de generación, con una inversión de unos USD 7.416 millones, que equivale a casi siete veces el presupuesto de la mayor generadora de electricidad estatal, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), que fue de USD 1.104 millones en 2023.