Contraloría audita tercer contrato de Progen para repotenciar central eléctrica en Loja que aún no opera

El contralor General del Estado, Mauricio Torres, audita un tercer contrato de la empresa estadounidense Progen Industries LLC para repotenciar la central termoeléctrica Catamayo en la provincia de Loja. 

En una entrevista televisiva, Torres explicó que se trata de un contrato firmado por Progen con la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa), por USD 20,1 millones. Fue suscrito hace más de un año, el 26 de julio de 2024 y tenía un plazo inicial de entrega de seis meses, es decir, debía estar listo en enero de 2025. 

Aunque el plazo incluso fue modificado hasta el 24 de febrero de 2025, la central Catamayo aún no entra en operación.

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Progen recibió el 70% de anticipo del contrato, equivalente a USD 14 millones, pero no hay certeza de la condición y estado de los motores ofertados.

Lo anterior con base en un informe de una Comisión Técnica de Eerssa detalla: "En la documentación receptada como parte de la proforma y de la propuesta técnica económica presentada por Progen Industries LLC, no existe la información solicitada con respecto al requerimiento de número de serie de cada motor EMD que componen estas unidades de generación, así como el año de fabricación indicado por parte del fabricante". 

Otras dos centrales de Progen nunca operaron

Progen ya había incumplido contratos anteriores con Termopichincha y Termoguayas, unidades de negocio del holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

Son dos contratos por USD 149,1 millones adjudicados en agosto de 2024, para instalar 50 megavatios en la central Quevedo III (Los Ríos) y 100 megavatios en Salitral (Guayas). 

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Las centrales debían entrar en operación en noviembre de 2024, pero aunque la construcción comenzó, las obras han tenido continuos retrasos.

De ahí que el Gobierno de Daniel Noboa notificó la terminación unilateral de los dos contratos y, además, denunció a la empresa por estafa. 

La Contraloría ya aprobó dos exámenes de los contratos en Quevedo y Salitral, en los que habría detectado USD 100 millones en perjuicio para el Estado.