Puertos privados movilizan el 51% de la carga de Ecuador y proyectan inversiones por USD 208 millones hasta 2030

Los puertos privados se han consolidado como actores claves del comercio exterior de Ecuador al movilizar el 51% de la carga portuaria contenerizada del país y mantienen una proyección de inversiones que alcanzará los USD 208 millones en los próximos cinco años. 

La Asociación de Terminales Portuarias Privadas (Asotep) organizó este martes 11 de noviembre de 2025 un recorrido de prensa por la Terminal Portuaria de Guayaquil (TPG), en medio de una disputa legal sobre la constitucionalidad del actual modelo portuario ecuatoriano.

Las cinco principales terminales portuarias privadas de Guayaquil han acumulado inversiones por USD 391,9 millones de dólares hasta 2025 de infraestructura, equipos y tecnología, provenientes de capital ecuatoriano, estadounidense, alemán, inglés y peruano. Con la proyección de invertir 208,1 millones adicionales entre 2026 y 2030, con lo que el monto total de inversión alcanzaría USD 600 millones, según los planes de inversión difundidos por Asotep.

"Un puerto que no invierte y crece, desaparece por falta de competitividad", afirmó Luis Enrique Navas, presidente de TPG, quien detalló los estándares de seguridad, equipamiento y capacidad operativa de la terminal, en medio de un debate legal sobre el rol de los puertos privados en el sistema portuario.

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TPG, ubicado en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, ha aumentado su capacidad operativa hasta pelear muy de cerca por el primer lugar en movilización de carga con el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, operado por DP World en la parroquia rural de Guayaquil.

La terminal prevé expandir su muelle de 660 a 800 metros para 2030, señaló Navas, lo que le permitiría atender simultáneamente dos buques de hasta 400 metros de eslora con tres grúas cada uno. Actualmente la terminal puede atender a dos buques, pero con restricciones según el tamaño.

Terminales abordan riesgo del narcotráfico

Guayaquil cuenta con cinco de las más grandes terminales portuarias del país, que en conjunto mueven el 90% de toda la carga de exportación e importación nacional, una concentración que ha incidido también en el incremento de la violencia y en las operaciones del narcotráfico en la ciudad. 

Al Puerto de Guayaquil, operado por Contecon bajo concesión; y al de Posorja, construido y operado por DP World en alianza público-privada; se suman tres terminales privados en el sur de la ciudad: TPG/Inarpi, Banapuerto/Naportec y Fertisa, estas tres últimas miembros de Asotep.

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Solo TPG invirtió USD 15 millones en la adquisición y operación de tres escáneres de carga para la inspección no intrusiva por rayos X de toda la mercancía que ingresa y sale del puerto, una medida implementada para mitigar la amenaza del narcotráfico. 

La terminal también cuenta con drones acuáticos para evitar contaminación subacuática de buques y presencia permanente de las Fuerzas Armadas, detalló Navas, pues los puertos reportan una mayor presión por contaminación a los buques en el cuerpo de agua (en el estero el Muerto) y en el canal de acceso a los puertos en el Golfo de Guayaquil.

Según se informó desde las terminales privadas, tras la implementación de los sistemas de escáneres con rayos X a mediados de 2024, se han reducido las incautaciones de droga en las terminales, pero la amenaza sigue siendo latente para todos los puertos si no se controla el ingreso de narcóticos por las fronteras, su traslado por carretera y su despacho desde cantones que operan como centros de acopio.

TPG -por ejemplo- procesa entre 7.000 y 8.000 contenedores semanales a través de sus escáneres, en un proceso que toma aproximadamente 30 minutos por camión. Las imágenes del escaneo son enviadas simultáneamente a la Policía y a la Aduana para su análisis, y entre el 8% y 10% de los contenedores reciben inspección física, dependiendo del destino de la carga.

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Defensa del modelo portuario actual

El sector portuario enfrenta un desafío legal tras la admisión a trámite por parte de la Corte Constitucional de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Contecon, concesionaria del Puerto de Guayaquil, contra el régimen jurídico portuario vigente.

Contecon argumenta -entre otras cosas- que el marco legal actual permite que operadores privados administren puertos sin un proceso formal de delegación del Estado, lo que según la concesionaria incide en menores costos regulatorios para los privados y en una presunta “competencia desleal”.

La demanda busca que se declare la inconstitucionalidad artículos de la Ley General de Puertos y su reglamento, lo que -de prosperar- podría conllevar a la expulsión de parte o todo el marco legal portuario del sistema jurídico de Ecuador.

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"La postura de Contecon es demandar una ley ha permitido el crecimiento de todo el desarrollo portuario en el país y la propia concesión de su puerto", respondió Navas, quien señala que finalmente puede ser una "buena oportunidad" para que la Corte Constitucional verifique todos los antecedentes y confirme la validez del marco legal actual. 

Según Iliana González, directora ejecutiva de Asotep, el marco jurídico y legal del sistema portuario del Ecuador está debidamente consolidado y aprobado por un sinnúmero de entes del Estado.

También recordó que la inversión privada en puertos se remonta a la década de 1940, es anterior a la Constitución de 2008 y se consolidó fuertemente en 2000 ante la ineficiencia de las autoridades portuarias estatales de entonces, dijo.

Tanto TPG como Asotep no descartaron la posibilidad de que se expida una nueva ley de puertos por la vía legislativa ordinaria, siempre que se garantice la libre competencia y se respeten las inversiones realizadas desde 2006, en el caso de TPG, que comenzó en ese año sus operaciones.

González coincidió en que podría ser necesaria "una consolidación o una codificación de todo el marco legal portuario y las normas jurídicas" a través de una nueva ley, pero insistió en que debe respetarse  "la seguridad jurídica y las inversiones” realizadas con antelación.