Freno vial en Cerro Blanco y alerta minera en Cerro Azul | Una norma ambiental enciende polémica en la vía a la Costa 

El destino del cinturón verde del oeste de Guayaquil ahonda tensiones políticas y ambientales entre el Municipio y el Gobierno Nacional. Mientras el Ministerio del Ambiente mantiene estancado el proyecto municipal de una vía alterna a la Costa a través de Cerro Blanco, la misma entidad emitió una normativa que abre la posibilidad de nuevas explotaciones mineras en el vecino Cerro Azul.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) emitió un acuerdo que, según autoridades locales y ciudadanos, abriría la puerta a nuevas canteras en un polo de expansión inmobiliaria de la ciudad.

La vía a la Costa concentra más de 70 urbanizaciones y 70.000 habitantes. Y los moradores han rechazado por décadas la presencia de canteras -explotaciones de materiales pétreos- debido a la contaminación por polvo, el ruido de las explosiones y los daños a las viviendas que producen las detonaciones.

• ¿Qué pasará con la actividad minera en el Cerro Azul después de acuerdo ministerial?

Los vecinos acusan al Gobierno de incurrir en una contradicción institucional. El detonante es el Acuerdo Ministerial 047, del 28 de abril de 2026, que dispuso la apertura gradual del Catastro Minero Nacional para concesiones de pequeña minería en el corredor entre Guayaquil, Daule y Samborondón.

Esto ocurrió apenas 53 días después de que la misma cartera de Estado, mediante el Acuerdo 022 del 6 de marzo, declarara las 880,2 hectáreas de Cerro Azul como área protegida por su alta importancia hídrica y su rol como corredor ecológico de los remanentes de bosque seco tropical. 

Cerro Azul conecta otras áreas protegidas como Cordillera Chongón Colonche, Cerro Blanco, Papagayo, Prosperina y Cerro Paraíso, de acuerdo con Ambiente. Un proyecto municipal para trazar una autopista de 6,2 kilómetros como vía alterna a la Costa permanece estancado desde 2024 por falta de licencia:

Los reparos ambientales a la resolución

La preocupación del municipio y de organizaciones civiles radica en el Artículo 3 del Acuerdo 047. El texto señala que se "limitará" el otorgamiento de concesiones en Cerro Azul, pero condiciona cualquier explotación a los estudios del Instituto de Investigación Geológico, el cual tiene 60 días para determinar una "Cota Máxima de Explotación" como un límite para los materiales áridos y pétreos.

Isabel Tamariz, directora municipal de Ambiente, advierte que este articulado abre “las reglas del juego a nuevas concesiones mineras" en el área. "El catastro minero está cerrado, y se está claramente indicando que se va a volver a abrir a partir de un plan piloto y de limitaciones técnicas", cuestionó la funcionaria.

Andrea Fiallos, activista y conservacionista, enfatizó el impacto que esto genera en un ecosistema frágil. "Que 53 días después de la declaratoria de bosque protector se emita una resolución para abrir el catastro minero en ese mismo corredor genera una contradicción institucional que debilita la credibilidad de cualquier declaratoria de protección futura", señaló

• Atención, conductores: En estas 12 calles conflictivas, la ATM colocará guardavías en Guayaquil

"Lo que nos preocupa no es la existencia de actividad extractiva preexistente que es una realidad con más de dos décadas en esa zona sino la señal que envía en un momento crítico, previo a El Niño".

Andrea Fiallos, ambientalista. 

Fiallos recordó que una alteración de la cobertura vegetal impacta en las escorrentías (flujo de agua lluvia del cerro) y fragmenta los hábitats de la fauna silvestre, en zonas de alta susceptibilidad a eventos como El Niño.

“No estamos en contra del desarrollo urbano ni de regularizar operaciones existentes. Lo que pedimos es coherencia: si un ecosistema merece protección, esa protección debe ser la premisa y la actividad extractiva, la excepción evaluada con estándares rigurosos”, agregó Fiallos. 

El Ministerio defiende un "candado técnico"

Por su parte, Iván Falcones, representante del colectivo ciudadano Vía a la Costa Progresa -que agrupa a 27 cooperativas y urbanizaciones -unos 55.000 habitantes- denunció que las operaciones mineras ya generan graves perjuicios.

"Tenemos un problema con el polvo calcáreo de las canteras que tenemos que respirar y viviendas con fisuras en sus paredes por las detonaciones", lamentó Falcones, quien exige la ejecución de estudios de calidad del aire.

Según relata, llevaban años "solicitando que se declarase área protegida a Cerro Azul”, lo que se logró gracias a la iniciativa ciudadana. Los moradores temen que la nueva resolución abra la posibilidad de explotación en las faldas del cerro que bordea la vía Perimetral y los primeros kilómetros de la vía a la Costa, detrás de urbanizaciones como Bosques de la Costa, dijo.

• Los planes de mover el aeropuerto de Guayaquil a Taura condicionan la construcción de una ruta alterna a la Costa

“Cerro Azul conecta con Cerro Blanco y Bosque Prosperina, de la Espol. Es un solo corredor con fauna silvestre que circula entre ellos. Si se afecta Cerro Azul se va a partir ese corredor ecológico".

Iván Falcones, colectivo Vía a la Costa 

Ante las críticas, el Gobierno defiende su gestión y apunta a una supuesta confusión. Alicia Jaramillo, viceministra de Ambiente y Agua, descartó que se estén entregando nuevos permisos y aclaró que la medida busca regular 13 concesiones mineras preexistentes (bajo rectoría del Gobierno o del Municipio).

"Se ha puesto un candado técnico para las explotaciones preexistentes", argumentó Jaramillo en un video institucional. La funcionaria precisó que el Acuerdo 047 obliga a cualquier cantera activa a someterse a la cota máxima que determine el Geológico.

Además recordó que en un plazo de seis meses, debe elaborarse el Plan de Manejo integral de Cerro Azul. Este documento será el que determine definitivamente qué actividades preexistentes son compatibles con la conservación del bosque y los servicios ecosistémicos que provee a la ciudad.