“No sabemos si nos van a desalojar”, dicen expropiados por el Quinto Puente | Gobierno insiste en señalar al Municipio de Guayaquil por bajas compensaciones

De un lado de la avenida Cacique Tomalá, en el Guasmo Sur, en un parqueadero de la Autoridad Portuaria, sonaban pasillos, música tropical y se anunciaba una inversión de USD 134,8 millones para la Fase 1A -el tramo urbano en el sur de Guayaquil- del megaproyecto Quinto Puente.

Del otro lado, un piquete policial rodeaba a un grupo de vecinos del Guasmo, a los que obligaron a retroceder una cuadra y quienes denunciaron que incluso los rociaron con gas, mientras protestaban por el bajo precio de expropiación de sus viviendas y portaban carteles de reclamo: "Sin justo precio es confiscación".

El acto simbólico de inicio de la megaobra quedó marcado por la brecha entre el festejo oficial -por el arranque de un proyecto estratégico postergado por más de 15 años- y la zozobra de familias propietarias de 180 predios, que denuncian avalúos desactualizados y "ofertas de pagos irrisorios" para dejar sus hogares.

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Entre la promesa oficial y el descontento vecinal

El presidente Daniel Noboa y el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, celebraron el arranque de la obra, destacando que reducirá el tiempo de transporte logístico pesado hacia el puerto de Guayaquil, disminuyendo el tráfico y la inseguridad en sectores urbanos, al desviar la carga exportable.

El ministro Luque prometió también la construcción de canchas deportivas y la rehabilitación del parque del planetario bajo el futuro viaducto de 1,2 kilómetros, que se levantará en el lugar. A lo largo del parterre central de la avenida Cacique Tomalá se instaló este jueves 23 de julio de 2026 maquinaria de perforación para realizar exploraciones de suelo.

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En tanto, propietarios de viviendas de cooperativas como Derecho de los Pobres y Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur denunciaron el uso de la fuerza pública y la promesa de diálogo para acallar sus reclamos.

"Simplemente estamos protestando pacíficamente por nuestros derechos... pero a una compañera le echaron gas lacrimógeno y la empujaron", relató Rodrigo Yanchaguano, habitante de la cooperativa Mariuxi Febres Cordero. Él explicó que funcionarios les prometieron dialogar solo para retirarlos una cuadra e invisibilizar su reclamo frente a la llegada de la comitiva presidencial.

Compensaciones a la baja y riesgo de "desalojo forzoso"

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha alertado que el proyecto, que afectará a unas 400 familias del sector entre propietarias e inquilinas, eleva la amenaza de un desalojo forzoso, debido a los pocos canales de comunicación con las familias afectadas.

Los moradores aseguran que el Gobierno les ofrece compensaciones basadas en avalúos catastrales desactualizados que no representan el valor comercial de las construcciones en las que han invertido el trabajo de su vida.

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• Yanchaguano es el propietario de una casa de tres plantas de la Mariuxi Febres Cordero, en donde ha vivido por 30 años. El avalúo de regularización actualizado de su propiedad es de USD 130.000, pero el Ministerio le ofrece solo USD 60.000 en base a un avalúo catastral anterior. “Con lo que nos están ofreciendo no nos alcanza para comprar en otro lugar”, dijo.
• Josué Álvarez habita en la cooperativa Derecho de los Pobres en una casa construida por su familia hace más de 40 años. La propiedad de dos solares (256 metros cuadrados) está valorada en USD 110.000, pero el Ministerio les ofrece solo USD 36.000. “Hace poco nos llamaron, para supuestamente pagar el valor justo, pero con la condición de que debíamos firmar primero”.

A pesar de que las autoridades dieron inicio a la fase urbana, los moradores aseguran que no han recibido notificaciones claras ni potenciales cronogramas de salida -algo a lo que se niegan con las liquidaciones actuales-. “No nos han dicho nada, no han notificado. No sabemos si nos van a desalojar”, dijo Álvarez.

El Gobierno se deslinda y culpa al Municipio de Guayaquil

Frente a la ola de reclamos por los bajos montos de liquidación, el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, deslindó la responsabilidad del Gobierno e insistió en trasladar la culpa al Municipio de Guayaquil.

Según Luque, el ministerio actúa bajo un marco legal estricto que le obliga a pagar exactamente el valor catastral registrado por el municipio, que es la base sobre la cual los dueños estaban pagando sus impuestos prediales. 

"La entidad a la que se le debe reclamar no es el gobierno... Si hay algún reclamo, es con el municipio por no haber avaluado bien".

Roberto Luque, ministro de Transporte e Infraestructura.

El ministro se ha mostrado "abierto al diálogo" y no se ha referido a un potencial desalojo forzoso. “Las expropiaciones se están realizando, toda ellas. Tenemos los trámites prediales avanzados, algunos predios han sido incluso pagados y desalojados, y seguimos trabajando en ello”, dijo.