Fathi, de 19 años, relata con un leve hilo de voz la odisea que le tocó vivir cuando, con 13 y en contra de su familia, fue casada por la fuerza en Somalia. El marido impuesto era un hombre unos 30 años mayor que ella y terrorista de Al Shabab, grupo perteneciente al entramado terrorista de Al Qaeda, que controla importantes zonas de este país del Cuerno de África. 

Según su testimonio, no participó en entrenamientos ni en actividades militares, pero esta muchacha representa el eslabón más débil de una cadena difícil de romper, la de la participación de menores en conflictos armados. “Yo era muy joven. Crecí en una localidad que controlaban [los terroristas]. Con 13 años vinieron a buscar a mi padre para casarme con el miliciano”, detalla durante una entrevista en Mogadiscio, la capital de Somalia.

“Mi familia no pudo decir que no. Mi padre no estaba de acuerdo, pero me casaron por la fuerza con un hombre mayor, de unos 45 años. Tuvimos una hija y, cuando estaba embarazada del segundo, escapé”, añade esta joven que aparenta menos años de los que tiene. Durante su testimonio rompe a llorar cuando recuerda las agresiones que sufría y cómo la obligaban a sacar adelante la casa, la cocina y otra serie de responsabilidades.

Hoy, Fathi es madre de una hija de siete años y un hijo de cinco, fruto de ese matrimonio del que finalmente consiguió huir. Fathi fue uno de los menores, como en otras guerras, que acaban formando parte del conflicto armado que impone su ley en Somalia desde hace décadas. Su reinserción es complicada, aunque las Fuerzas de Seguridad de este país, tanto el ejército como la policía, están haciendo sus deberes para evitar que formen parte de sus filas, según datos de Unicef. Esta agencia alerta, a su vez, de las negativas consecuencias que los recortes internacionales que sufre Somalia tienen sobre la atención que requieren este y otros problemas.

Pese a esas mejoras en las tropas locales, queda, sin embargo, la asignatura pendiente del abuso de menores del referido grupo yihadista perteneciente a la red Al Qaeda. Controla importantes zonas de Somalia, como ocurre en el caso de la zona donde Fathi se crió, en un claro desafío al Gobierno local. Además de querer derrocar a las autoridades, el objetivo de Al Shabab pasa por imponer la interpretación más estricta de la ley islámica, la conocida como sharía.

"Mi familia no pudo decir que no. Mi padre no estaba de acuerdo, pero me casaron por la fuerza con un hombre mayor".

Fathi, joven somalí casada a la fuerza con un terrorista

Unicef alerta, sin embargo, de una nueva piedra en el camino, por el sorpresivo cambio de edad de los menores aprobado este año en la Constitución somalí. De 18 años, la edad que consideran legal, se pasa a 15, edad que consideran de madurez. Esta alteración, en contra de algunos de los tratados en defensa de la infancia que ha firmado el Ejecutivo de Mogadiscio, va a complicar el trabajo realizado hasta ahora en la protección de estos menores asociados a grupos armados, advierte esa agencia de la ONU.

Fathi conversa con EL PAÍS en la sede del Centro Elman para la Paz de Mogadiscio, la ciudad a la que llegó por vez primera cuando se liberó de Al Shabab y donde reside junto a su tía. Entonces comenzó otra prueba, la de luchar por recuperar su vida, reintegrarse y ser aceptada socialmente. Ahora trabaja en un comercio de teléfonos móviles, lleva a cabo reparaciones de esos aparatos en sus ratos libres y hasta se evade jugando al baloncesto. “Me ayuda a combatir el estrés y a olvidar que no tengo suficiente comida para mis hijos”, explica.

El proceso no es sencillo, reconoce Fartuun Adan, directora del centro y viuda de Elman Ali Ahmed, empresario y filántropo que fundó la institución en 1990 y que fue asesinado en 1996. La misión esencial es la reinserción de víctimas del conflicto y menores marginados para que formen parte de una nueva generación de somalíes.

El principal actor de los abusos cometidos sobre menores en Somalia es Al Shabab, aunque también se registran por parte de las Fuerzas de Seguridad o las milicias pertenecientes a los distintos clanes. Se perpetran ataques sobre centros sanitarios, escuelas o, incluso, se impide la asistencia humanitaria a una población sacudida por la sequía y el hambre.

El número registrado de niños y niñas víctimas en 2025 fue de 2.195. El principal delito que figura es el reclutamiento, pero hay también muertes, mutilaciones, abusos sexuales o secuestros, según datos de Unicef. De los 473 muertos o mutilados el año pasado, el 49% fue por explosiones de armamento, municiones u otros artefactos. Casi la mitad, 96 de 201, de las víctimas de abusos sexuales fueron por matrimonio forzoso.

El engaño de un familiar llevó, cuando era adolescente, a Abdirrissak, hoy de 22 años, a formar parte de Al Shabab, explica. Le prometieron que iba a recibir una buena educación, pero, con 16 años, acabó en un campo de entrenamiento militar durante cinco meses. Pasado ese tiempo, su familia le pidió que se entregara y fue así como llegó a Mogadiscio. Ahora, formado como informático y como responsable de una escuela, recuerda a los milicianos como “un atajo de malas personas”.

Como activista formado en el Centro Elman, eleva su voz para que “todos los somalíes se unan frente a Al Shabab y su ideario. Los menores han de saber que no es sencillo salir de allí”, alerta Abdirrissak, que, al igual que Fathi, solo permite que se publique su nombre. Su deseo de que se acompañe a las autoridades en ese proceso de reinserción, en cambio, va a verse dificultado por el último cambio legal aprobado en el Parlamento.

“La reciente enmienda constitucional define al niño como una persona menor de 15 años (edad de madurez), mientras que la legislación somalí mantiene los 18 años como la edad de responsabilidad legal. Esta incoherencia genera un vacío de protección para los adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes corren el riesgo de quedar fuera de las salvaguardias legales precisamente en la etapa de mayor vulnerabilidad”, advierte en un documento la agencia de Naciones Unidas para la Infancia, que entiende que la carta Magna prevalece sobre el resto de textos legales.

Así que “esta discrepancia en las definiciones podría socavar el propósito protector de las leyes vigentes y de los proyectos de ley en trámite —incluidos los relativos a la violación y los actos indecentes, los derechos de la infancia, la mutilación genital femenina y los asuntos familiares—, así como los compromisos más amplios de Somalia en materia de infancia y conflictos armados”, lamenta Unicef en el texto.

Somalia figura entre los cinco países del mundo con mayor número de violaciones graves contra los niños en conflictos armados, según el secretario general de la ONU, que le reclama desde diferentes instancias que tome medidas para ponerle coto. Ese retroceso legal, entiende Unicef, “conlleva el riesgo de que sigan sin abordarse nuevas violaciones graves contra adolescentes de entre 15 y 17 años, lo cual podría verse reflejado en futuros informes sobre esta cuestión, así como en la postura de los donantes y del Consejo de Seguridad”. Las autoridades de Mogadiscio son firmantes, entre otros compromisos, de la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que considera niños a los menores de 18 años, medida que queda ahora en entredicho con el cambio constitucional.

Ya en 2024, cuando el cambio legal se estaba debatiendo a nivel parlamentario, Human Rights Watch (HRW) alertó de que se estaban poniendo en peligro algunos derechos de la infancia, como su defensa ante matrimonios forzados o la mutilación genital, que afecta a un altísimo porcentaje de las niñas en Somalia.

"No estoy pensando en casarme. Tengo miedo de los hombres. Solo pienso en sacar adelante a mis hijos".

Fathi, joven somalí casada a la fuerza con un terrorista

“El parlamento somalí debería resistirse a los esfuerzos por debilitar las protecciones constitucionales para los menores, especialmente las niñas”, señaló Laetitia Bader, subdirectora para África de esta organización humanitaria. “Los donantes de Somalia deberían presionar al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones”, pero esa amenaza no sirvió de nada.

Fartuun Adan observa a Fathi en una de las salas del centro Elman, donde la joven cuenta su historia. La directora va asintiendo porque conoce perfectamente todo lo que la joven va rememorando. También que sus planes no pasan por un matrimonio, al menos a corto plazo. Los gestos de Adan acompañan el relato, convencida de que ya no hay marcha atrás pese a las dificultades que todavía se ciernen sobre Fathi. “No estoy pensando en casarme. Tengo miedo de los hombres. Solo pienso en sacar adelante a mis hijos”, zanja.

Contenido publicado el 24 de octubre de 2026 en El País ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.