El Congreso de los Diputados de España rechazó este 2 de octubre los decretos contra los desahucios y la crisis de vivienda emitidos por el gobierno de Pedro Sánchez y manifestantes reaccionaron indignados contra la medida, haciendo llamados a una huelga general.

El decreto impulsado  por el gobierno del socialista Sánchez fue rechazado con votos del partido nacionalista Junts Per Catalunya, del Partido Popular (PP) y de Vox.

Los decretos buscan facilitar el acceso a la vivienda en medio de una oleada de protestas en el país que reclaman medidas para garantizar este derecho y frenar la especulación inmobiliaria en España.

Fueron producto del polémico desahucio la semana pasada de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada del departamento en donde vivía desde hace más de 70 años por un fondo de inversión propietario del inmueble.

"Huelga general"

El rechazo de los decretos provocó indignación, rabia y decepción en la Puerta del Sol de Madrid y parte de la calle Arenal, donde miles de personas acampan como protesta para reclamar medidas que garanticen el derecho a la vivienda.

Unas 1.300 carpas y 2.000 personas permanecen acampando en la céntrica plaza en protesta por la crisis de vivienda.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, calificó en Madrid de "muy grave" el rechazo de los decretos y llamó "a la huelga general por la vivienda".

La medida fue apoyada por cientos de manifestantes que proclamaron "huelga general" al enterarse de la votación en el Congreso.

"Creo que buena parte de nosotros ya estaba preparada para que no se aprobaran ninguno de los dos decretos", dijo Malena, una manifestante, quien añadió que "ya era mala señal que se dividieran en dos". No obstante, indicó que, aunque no se aprueben, van a seguir manifestándose, ya que "esta acampada no es solo por un decreto, sino para cambiar las cosas".

Los manifestantes han convocado a una gran manifestación para este sábado 3 de octubre.

Sánchez insistió en que los decretos rechazados servían para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios.

El Ejecutivo subrayó que la utilidad de estas medidas quedó demostrada el mismo jueves, cuando el decreto ya en vigor evitó que una vecina de Barcelona perdiera su casa.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Vivienda subrayaron que "el texto planteado incorpora las enervaciones exigidas por Junts en muchas ocasiones, y además las compensaciones en caso de suspensión son obligatorias por parte de la administración".

"En ningún caso se pone en peligro la herencia de las familias, pues el texto es muy claro en cuanto al derecho de tanteo y retracto por parte de las personas inquilinas, que solo aplica en caso de compraventas", sostienen las mismas fuentes.