¿Cuáles son las medidas urgentes que propone España contra los desahucios y la crisis de vivienda?
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, provocó multitudinarias protestas que terminaron en un pacto histórico del gobierno para enfrentar la crisis de vivienda, ¿qué puntos del acuerdos son los más importantes?
Miles de personas acamparon en la Plaza del Sol en Madrid tras protestas en contra de los desalojos, España, 29 de septiembre de 2026.
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EFE
Autor:
Redacción Primicias / Agencias
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El gobierno de España alcanzó un pacto histórico con los otros partidos de mayoría para aprobar un paquete de medidas, que se cree enfrentarán la crisis de vivienda y evitarán desahucios dolorosos como el ocurrió a Maricarmen Abascal, que fue obligada a dejar su departamento en Madrid.
La indignación estalló tras el desalojo la semana pasada de Abascal, que salió en camilla del lugar donde vivía desde hacía siete décadas, después de que una empresa de inversión lo adquiriera.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, se expidieron dos decretos de ley de vivienda "para defender los intereses y los derechos de la ciudadanía". Pero ¿qué incluyen estas medidas?
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Prohibición de desalojos hasta 2030
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Ante la conmoción desatada por el caso de Maricarmen, el gobierno anunció la suspensión de los desalojos hasta 2030, una de las principales demandas de los manifestantes.
A la protección frente a los desahucios para familias vulnerables, se suma la regulación del alquiler de temporada, habitaciones y pisos turísticos con medidas como una duración máxima de 12 meses para alquiler temporal o la obligación de justificar la temporalidad del contrato.
Maricarmen, una anciana de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles 23 de septiembre de 2026 de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro.EFE - 2
Prohibición de fondos buitre
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También se prohíbe durante dos años a los fondos de inversión comprar viviendas para uso especulativo hasta 2028.
Además, se establecen reducciones fiscales para caseros que bajen el alquiler y bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a compra de primera vivienda, entre otras medidas del primer decreto.
Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios comprando inmuebles y de reducir la oferta para los residentes.
Laura Prieto posa junto a su perro en el interior de su vivienda en Madrid.Santi Burgos - Contenido exclusivo de El País - 3
Renovación de alquiler
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Se aprobará un segundo decreto que incluye la renovación automática de los alquileres que vencen hasta 2029 -es decir, los arrendadores tiene la obligación de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato.
Y si no lo hacen, tienen que indemnizar al arrendatario y dar paso a la congelación de las rentas en las actualizaciones anuales.
La rama socialista considera que alguno de los socios más conservadores del Gobierno no va a querer apoyar este último decreto, que se presenta más polémico y que tiene que conseguir una mayoría en el Parlamento para su aprobación definitiva.
¿Qué queda pendiente?
En los decretos no se incluye una de las peticiones básicas de los manifestantes, convocados por el Sindicato de Inquilinas: que se recuperen los contratos indefinidos de alquiler para así evitar subidas desmedidas del precio al finalizar el contrato.
Además, la medida más similar, la de la renovación automática de alquileres, queda en ese segundo decreto que podría no ser aprobado.
¿Qué sigue ahora?
Estos decretos tienen que ser convalidados en el Congreso de los Diputados, que celebrerá un pleno extraordinario el viernes 2 de octubre.
Para lograrlo, se necesita el aval de partidos como el independentista catalán Junts, que desde hace días tiene la "puerta abierta" a negociar aunque su posición es la de introducir beneficios fiscales para los propietarios, para que no pierdan dinero con los alquileres.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez llamó a todas las formaciones políticas, incluida la oposición de derechas y de extrema derecha, a formar una "mayoría social" para aprobar ambos textos.
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