Acuerdo a favor de Maricarmen: la adulta mayor desalojada en Madrid puede volver a casa

Tras cinco días de haber sido desalojada, Maricarmen Abascal podrá volver a su casa donde vivió durante 70 años. Ese fue el acuerdo al que llegó este 28 de septiembre de 2026 la familia de la mujer de 87 años, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles.

Su caso desató una marcha que reunió a unas 25.000 personas el 26 de septiembre para protestar contra los desahucios y reclamar medidas frente a la crisis de vivienda. Al terminar la marcha, decenas de manifestantes instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol.

Maricarmen fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre por una orden judicial y después de que la empresa de alquileres Urbagestión comprara su apartamento en 2018. La compañía quiso subirle el alquiler por encima de su pensión, y después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.

El acuerdo alcanzado ahora queda pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, indicaron fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

Esta mujer fue desahuciada del domicilio del céntrico barrio del Retiro de Madrid en el que llevaba viviendo los últimos 70 años por no poder pagar la subida de alquiler que le pedía la empresa que compró su piso.

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Pagaba 500 euros de alquiler (heredado de un contrato de renta antigua) y le pedían ahora 1.650, cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros.

El caso de Maricarmen, la gota que derramó el vaso

La empresa reclamó la finalización del contrato al comprar el piso, Maricarmen demandó y ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad, en manos del fondo de inversión Urbagestión.

El caso de esta mujer mayor, que está ingresada en un hospital público desde que la desahuciaron de su casa de toda la vida, se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España y desató una nueva tormenta política en vísperas del debate en el Parlamento de una iniciativa legislativa sobre alquileres para la que el Gobierno socialista aún no tiene apoyos suficientes.

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El sábado decenas de miles de personas salieron a las calles en España en apoyo a Maricarmen y para protestar contra el mercado de la vivienda, y varios centenares se quedaron acampando en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, donde ya en 2011 se vivió un episodio similar para pedir el fin del bipartidismo en España y protestar contra la crisis.

A espera de la aprobación del real decreto 'Maricarmen'

Los cientos de acampados que siguen en esta plaza desde el sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, esperan que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez apruebe este martes el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler, aunque las negociaciones actuales no parecen indicar que vaya a ser así.

Para lograr la convalidación en el Parlamento español de este paquete de medidas urgentes, el Gobierno deberá conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas, algo que por el momento no tiene asegurado ni siquiera por parte de su propio socio de gobierno, Sumar, que no descarta un "plantón" si el texto no va "íntegramente" -con sus exigencias- mañana.

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La rama socialista del Gobierno subrayó este lunes que estaba "afanándose" para aprobar un decreto "ambicioso y transversal" que incluya una batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en 10 ámbitos.

Entre ellas se encuentran:

• La protección ante los desahucios
• La prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre
• La estabilización de los contratos de alquiler
• Regular el de temporada
• Impuesto sobre el valor añadido para los pisos turísticos o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda

Aunque el texto no incluirá la renovación automática de los contratos de alquiler -como piden los manifestantes y el Sindicato de Inquilinas- para que los arrendadores no puedan realizar subidas no reguladas del alquiler al fin de un contrato.