Tras el anuncio del presidente Nayib Bukele de liberación anticipada de unos 5.000 supuestos colaboradores de pandillas en El Salvador, los familiares de los presos exigieron este miércoles 21 de octubre de 2026 la libertad incondicional.

Durante un pronunciamiento emitido este miércoles 21 de octubre de 2026, exigieron la liberación incondicional de todos los arrestados que aseguran ser inocentes y criticaron que se les obligue a aceptar delitos que no cometieron.

El rechazo surge tras el anuncio del mandatario sobre un esquema de beneficios carcelarios para la mitad de los considerados colaboradores "no habituales" bajo el régimen de excepción. Sin embargo, las familias y colectivos civiles advirtieron que esta medida busca encubrir detenciones arbitrarias masivas.

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"Un inocente no debe aceptar un delito que no cometió"

El núcleo de la protesta radica en la condición impuesta por el Ejecutivo para acceder a beneficios como el programa penitenciario "Cero Ocio". Portavoces de agrupaciones ciudadanas señalaron que exigir una admisión de culpabilidad a personas capturadas únicamente por vivir en zonas vulnerables o por su condición de pobreza vulnera sus derechos fundamentales.

Exigencia de inocencia: Liliana Urías, del Movimiento Madres por la Libertad, enfatizó que sus familiares —detenidos desde 2022 y sin nexos con maras— no requieren libertades condicionales. "Ellos no deben de salir condicionados, su proceso debe terminar reconociendo su inocencia", aseveró.

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Falta de garantías: Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), calificó de injusto que los reclusos deban declararse culpables en un sistema carente de garantías judiciales, exigiendo además reparaciones económicas e indemnizaciones para los afectados y respuestas por las muertes bajo custodia estatal.

Temor a la impunidad y a silenciar a las víctimas

Por su parte, José Salvador Ruiz, integrante del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción, advirtió que aplicar el plan presidencial implicaría "perpetuar la impunidad", ya que el Estado eludiría su responsabilidad por haber encarcelado a miles de inocentes sin sustento probatorio.

Las organizaciones también alertaron que liberar a los detenidos bajo amonestaciones o restricciones buscaría silenciar sus denuncias sobre los abusos, torturas y muertes documentadas en las cárceles durante los cuatro años de vigencia del régimen especial, que acumula más de 96.000 aprehensiones en todo el país centroamericano.