Sector productivo calcula que TLC con China viabilizaría más de 50.000 nuevos empleos y el incremento de exportaciones al gigante asiático.
Gremios productivos insistieron este martes, 6 de febrero de 2024, a la Asamblea que ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con China, pese a los temores ambientales en varios sectores de la sociedad.
En la víspera de que el tratamiento de ese instrumento internacional sea retomado en el Legislativo, las cámaras de industrias y comercio de Guayaquil, y la Federación de Exportadores (Fedexpor) y la Cámara de Acuacultura se pronunciaron.
En una rueda de prensa, estos gremios aseguraron que "más de 50 mil nuevos empleos por el aumento de hasta el 32% de las exportaciones generaría el acuerdo comercial entre Ecuador y China".
Para estos gremios, estos serían los beneficios:
- Incremento en exportaciones: Aumento del 19 al 32% en los primeros 5 años.
- Generación de empleo: Proyección de 50 mil nuevos puestos de trabajo directos, sin contar con los relacionados a nuevos productos que no se exportan aún.
- Exportación de nuevos productos ecuatorianos: como por ejemplo los de la Amazonia – Pitahaya, Guayusa, Yuca, Tagua, Borojó, Palmito, entre otros.
- Desgravación arancelaria de productos ecuatorianos que se exportan a China: Al 0% de forma inmediata: atún, sardina, plátano; a 5 años: cacao, rosas; a 10 años: camarón, banano, flores preservadas, café, entre otros.
- Precautela los sectores sensibles de la industria ecuatoriana: Se excluyeron 828 subpartidas arancelarias de la industria textil, de calzado, metalmecánica, línea blanca, entre otros.
- Protege el ambiente: Se ajusta a las medidas de protección ambiental estipuladas en la Constitución del Ecuador, tal como lo indican sus artículos 15.1 -16.13 y su anexo.
- Innovación tecnológica: Traerá tecnología de punta a bajo precio.
- Comercio electrónico: Impulso a la venta online de productos ecuatorianos en las plataformas electrónicas más grandes del mundo.
Asimismo, en un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano señaló que "el sector productivo en su gran mayoría promueve la ratificación de este acuerdo".
El Comité dijo que ha escuchado con extrañeza el argumento de que con el acuerdo con China se importarían bienes "basura" y que habría riesgos de "contaminación" en el país.
Esos "son temores comprensibles" pero están "alejados de lo negociado en el acuerdo y del marco de regulación actual que existe en el país", subrayó el Comité Empresarial que participó como invitado en las negociaciones del TLC con China.
"Ecuador mantiene su potestad soberana de prohibir y controlar la entrada de productos que pongan en riesgo a la población o que contaminen nuestro medio ambiente", agregó en el escrito y apostilló: "un acuerdo comercial no coarta el derecho a evitar el ingreso de bienes contaminantes".
Además, recordó que las experiencias de acuerdos firmados por otros países con China "han sido positivas", por lo que se debería ratificar el acuerdo comercial, tal como ya se hizo en su momento con la Unión Europea (UE).
Reparos de sectores sociales
De su lado, varios colectivos sociales y ambientalistas de las provincias amazónicas de Ecuador reiteraron este lunes su oposición a la ratificación en el Parlamento del acuerdo comercial con China.
Esas organizaciones instaron a los legisladores a votar contra el tratado con China por considerar que el país podría ser engullido por la gran producción del gigante asiático.
Con la firma del acuerdo en mayo de 2023 el Gobierno de Ecuador buscaba catapultar el intercambio comercial con la primera economía del mundo en número de consumidores, después de que el comercio bilateral entre ambos países haya aumentado en los últimos años hasta alcanzar en 2022 los 12.295 millones de dólares.
Mientras las exportaciones ecuatorianas a China llegaron en 2022 a 5.843 millones de dólares, las ventas chinas a Ecuador supusieron 6.452 millones, según cifras oficiales.
El tratado con China permitiría liberar de aranceles de manera inmediata a la mitad de la oferta exportable ecuatoriana, pero que llegaría al 99,6 por ciento a través de desgravaciones paulatinas en los próximos diez años.
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