La pérdida por minería ilegal, desde 2019, alcanza las 25 hectáreas de selva, dentro del Parque Nacional Podocarpus, en las provincias de Loja y Zamora.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME) rechazó la actividad minera ilegal que se registra dentro del Parque Nacional Podocarpus, una de las principales áreas naturales protegidas del país, situada en la Amazonía.
A través de un comunicado, el gremio minero manifestó su "rechazo total a la extracción ilegal de minerales" en una reserva natural, de la que recordó que alberga con una "alta biodiversidad y endemismo" con más de 600 especies de animales.
"Los perjuicios generados por la extracción minera ilícita no son solamente ambientales, sino sociales y económicos", reseñó a partir de una serie de reportes que advierten de la creciente actividad minera dentro del Podocarpus.
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que realiza un seguimiento de la deforestación de la Amazonía a través de imágenes satelitales, advirtió en febrero de la pérdida por minería ilegal de 25 hectáreas de selva, dentro del Parque Nacional Podocarpus desde 2019.
La Cámara, que aboga por la minería legal y responsable con el medio ambiente, advirtió que la introducción de maquinaria, apertura de accesos, instalación de campamentos ilegales y extracción de minerales, como el oro, en un área tan sensible causa "un impacto ambiental negativo muy difícil de remediar".
“La invasión de la minería ilegal en el Podocarpus es aún mucho más grave, pues es dentro un área protegida, en una zona remota y poco controlable, incluso la contaminación del agua llegaría hasta el Perú por la cuenca Puyango -Tumbes”, señaló la presidenta ejecutiva de la CME, María Eulalia Silva.
El Podocarpus abarca unas 146.000 hectáreas entre las sureñas provincias amazónicas de Loja y Zamora Chinchipe, ambas fronterizas con Perú.
Esta área alberga una gran superficie de páramos, bosques nublados y zonas de matorral, fundamental para la preservación y continuidad de los ecosistemas del sur del Ecuador y el norte de Perú.
Para Carolina Orozco, presidenta de la junta directiva de la CME, “ha quedado demostrado que el Gobierno no ha tenido ni los recursos humanos ni económicos para combatir la minería ilegal que se ha salido de las manos. La minería responsable es parte de combatir esa extracción ilegal".
"El oro está en el subsuelo y es responsabilidad de los ecuatorianos decidir quién lo hace y de qué manera lo hace. Hoy la decisión no es si queremos o no minería, sino cómo luchamos contra la ilegalidad y cómo fomentamos la minería responsable”, añadió Orozco.
Según un informe de la Superintendencia de Compañías y del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (Sigade), la inversión extranjera directa del sector minero pasó de USD 808 millones en 2018 a menos USD 190 millones en 2022, lo que supone "una desinversión".
Esto se debe, según la CME, a que las empresas mineras en exploración y previa fase de construcción han pausado sus inversiones, a consecuencia de la incertidumbre económica y jurídica, pero también por la falta de garantías en cuanto a seguridad para las operaciones legales.
El gremio minero insistió en que "Ecuador está perdiendo una oportunidad con sus recursos naturales, pues por una parte el Estado no ha sido capaz de frenar la minería ilegal y, por otra parte, se están ahuyentando importantes fuentes de inversión extranjera por decisiones erráticas".
"Hacemos un llamado a las próximas autoridades a tomar este problema en serio y a fomentar una industria legal en beneficio de todos los ecuatorianos.", concluyó la CME.
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