La Secretaría de Educación Superior lamentó la decisión de la Corte Constitucional, pues su dictamen impide solucionar los problemas que sufren los deudores de créditos educativos.
La Corte Constitucional emitió este 28 de julio de 2023 un dictamen no favorable para el decreto ley de Reestructuración Empresarial, conocida como ley de quiebras.
Según el dictamen de la Corte, la propuesta de ley no es compatible con el artículo 148 de la Constitución, por no ser de urgencia económica.
El decreto ley planteaba procesos de reestructuración económica para empresas con problemas de liquidez, con el fin de que llegaran a acuerdos de pago con sus acreedores.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, justificó la urgencia económica de su propuesta en temas como los posibles impactos del fenómeno de El Niño para el sector productivo.
Sin embargo, la Corte consideró que el proyecto busca implementar un marco regulatorio totalmente nuevo en materia concursal, cuyos alcances "se extienden mucho más allá de las respuestas a las circunstancias apremiantes" del fenómeno de El Niño.
Por ejemplo, añade la entidad, se prevé el uso de inteligencia artificial o la inclusión de criptoactivos en los procesos de reestructuración y liquidación, sin que estas innovaciones guarden relación con la necesidad de afrontar los impactos del fenómeno climático.
Para la Corte, la propuesta es además incompatible con los artículos 326 y 328 de la Constitución, por contemplar la renuncia de los derechos de los trabajadores.
Y al establecer excepciones al privilegio de acreedores preferentes que tienen los trabajadores, en cuanto al pago de las obligaciones laborales que estén en mora, frente a otro tipo de deudas que tenga la compañía.
Otro decreto sin luz verde
La Corte Constitucional también emitió dictamen no favorable para el decreto ley de Apoyo Financiero a Favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas.
De igual manera, la Corte consideró que no cumple con el criterio de urgencia económica, sino que se trata de un problema estructural que data de hace más de una década.
La propuesta de ley planteaba beneficios económicos a deudores de créditos educativos. Una de las facilidades era la eliminación del 100% de intereses, multas y recargos generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago en créditos educativos.
Además, la eliminación del reporte de las operaciones en coactivas en el buró de crédito, con el fin de que estas personas mejoraran su calificación crediticia.
En un comunicado, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación lamentó la decisión de la Corte, a la que calificó de "impactante".
Según la entidad educativa, la ley propuesta hubiera dado una solución definitiva a la crisis que sufren sufren los deudores. También señaló que el presidente Guillermo Lasso buscará una alternativa para por fin a este drama.
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