La suspensión de servicios en campos menores por parte de una contratista de la ex Petroamazonas ocasionaron un perjuicio millonario al Estado.
La Contraloría confirmó glosas para una contratista de la extinta petrolera estatal Petroamazonas por USD 204 millones.
El perjuicio ocurrió debido a la suspensión de servicios y ajustes injustificados de trabajos de la contratista en campos menores de la exPetroamazonas, ahora Petroecuador.
El organismo de control determinó la responsabilidad civil del proveedor, contratado en 2018
por la estatal petrolera, para suministrar servicios específicos. Entre ellos están actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras.
La mayor parte del perjuicio, es decir, USD 152,7 millones, se desprenden de los hallazgos del examen especial a dos contratos y sus adendas modificatorias en los campos menores Drago y Guanta-Dureno, ejecutado en la extinta Petroamazonas.
Los contratos son C0389-PAM-EP-2018 y C0390-PAM-EP-2018.
Más plazo para trabajos
Valiéndose de su voto dirimente en el Comité Ejecutivo del contrato C0389-PAM-EP-2018, según la Contraloría, la contratista aprobó la reprogramación de los trabajos del Plan Anual de Inversiones Comprometidas de 2020 en el campo Drago.
Lo anterior ocurrió pese a que los representantes de Petroamazonas en el Comité no estuvieron de acuerdo con esa decisión.
El equipo de auditoría estableció que los argumentos expuestos por la compañía de servicios
petroleros, para justificar las reprogramaciones, no se inscribieron en las causales técnicas o económicas definidas en el contrato para realizar cambios en la planificación.
Por la ampliación del tiempo para las tareas, se originó un perjuicio al Estado de USD 152’497.915.
Además, el proveedor suspendió sin justificación sus actividades por más de 60 días, incurriendo en uno de los motivos para la terminación anticipada del contrato.
Los incumplimientos ocasionaron que no se incremente la producción de los pozos.
Por las reprogramaciones de las inversiones en los campos Drago y Guanta Durero, el organismo de control fijó, además, un perjuicio a Petroamazonas de USD 51 millones.
No se hizo capacitación en Petroamazonas
Durante el examen especial, la auditoría también estableció que el contratista no ejecutó los planes de capacitación dirigidos al personal de Petroamazonas.
Los procesos de entrenamiento eran para transferencia tecnológica, mejores prácticas y avances de la industria petrolera.
Por esta inobservancia de las cláusulas contractuales se confirmaron dos glosas más, por USD 173.142 y USD 39.589, para funcionarios que laboraron en la empresa pública entre 2017 y 2020 y para la contratista, debido a que reprogramaron para el siguiente año (2021) las capacitaciones que debían impartirse en 2020.
En consecuencia, los servidores de Petroamazonas no fortalecieron sus conocimientos, capacidades y competencias en el manejo del sector hidrocarburífero.
Las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo, dijo la Contraloría.
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