El Acuerdo Ministerial 001-2019, firmado por la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo ha puesto en alerta los trabajadores del sector público en las provincias.

Una trabajadora del Ministerio de Salud en Guayaquil asegura que en el Distrito Zonal 8 están preocupados.

“No nos han notificado nada formalmente, solo existe el rumor de que se vienen nuevos despidos y hemos visto el acuerdo en redes sociales”, dice la funcionaria que pidió a PRIMICIAS omitir su nombre. 

El documento de 10 páginas, que todavía no se publica en el Registro Oficial, dispone la revisión técnica del número de oficinas del Gobierno central, que funcionan en los nueve territorios o coordinaciones zonales.

La resolución, firmada el pasado 24 de junio, no determina qué cantidad de empleados públicos saldría de la función pública, ni tampoco de qué ministerios o instituciones estatales. 

PRIMICIAS solicitó una entrevista con la directora de Planificación, Sandra Argotti, pero indicaron que “estaba en reuniones precisamente para tratar varios detalles sobre el tema”.

También se pidió una entrevista al Ministerio de Finanzas, ente encargado de las liquidaciones de quienes serían desvinculados y del presupuesto a destinarse según la nueva planificación. La respuesta fue que la Secretaría General de la Presidencia está manejando el tema.

En esta última dependencia dijeron que el secretario de la Presidencia, José Agusto Briones, se pronunciará sobre la resolución en los próximos días.  

Mientras tanto, el legislador por Loja Rubén Bustamante solicitó a la Asamblea, que se someta a votación la comparecencia de quienes han firmado el Acuerdo Ministerial.

En una carta remitida a César Litardo, presidente del Legislativo, Bustamante argumenta que es necesario conocer las motivaciones e impacto de la nueva resolución. El tema está en la agenda del jueves 4 de julio.

Ajustes a la vista 

En el primer semestre de 2019, el Gobierno ha reducido la nómina de sueldos de empleados públicos en USD 66 millones versus el mismo período de 2019.

Hasta ahora, la cifra del Ministerio de Finanzas está lejos del objetivo de USD 500 millones, programados en el Plan de Prosperidad anunciado para el periodo 2018-2021.

En medio de esta necesidad de reducir el gasto corriente, destinado a pagar sueldos, aparece el nuevo Acuerdo de la Secretaría de Planificación. 

Anualmente el Gobierno destina USD 9.400 millones para pagar sueldos a casi 500 mil empleados públicos, según el Ministerio de Trabajo.

El nuevo acuerdo, dispone, entre otras cosas:

• En el artículo seis del documento se norma la “duplicidad de funciones en territorio”. Es decir ninguna oficina de un Distrito Zonal podrá mantener las mismas actividades que realiza la oficina central. 
• Mientras que en la tercera disposición general se dispone que “no se podrán mantener contratos de servicios ocasionales, nombramientos provisionales o partidas vacantes”. 

Despidos de personal con contrato provisional ya ocurrieron en marzo. 

Uno de estos casos fue el de Christian Samaniego. Él trabajaba en el Distrito 5 (Guayaquil) del Ministerio de Educación como jefe de atención ciudadana. 

“Cuando nos despidieron indicaron que era por recorte de personal y sé que, hasta la fecha, no contratan a nadie para que se encargue de las jefaturas”, dice Samaniego. 

Quienes realizan la atención al cliente en los Distritos educativos, dice Christian, son trabajadores con nombramientos que han sido reubicados.

Además, el pasado 6 de marzo de 2019, 50 trabajadores de las direcciones zonales de salud hicieron un plantón afuera de la Gobernación del Guayas. 

Protestaban en contra de los despidos de personas con contratos provisionales, especialmente en el Servicio de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (SNEM). 

Esther (nombre protegido) fue una de las personas que protestó ese día. Cuenta que el primer viernes de marzo, 150 personas fueron despedidas de la Dirección Zonal 8 del SNEM que cubre Guayaquil, Durán y Samborondón. 

“La mayoría de despedidos fueron técnicos de campo, como fumigación”, dice Esther, quien sigue sin empleo fijo. 

Un día después del plantón en Guayaquil, el Ministerio de Trabajo justificó las medidas de ajuste, pues serviría para reducir el gasto corriente.

Un recorte esperado 

{"align":"left"}

Esta es una de las expectativas del Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional). 

“La gente siempre espera que no haya impacto por los ajustes, pero esto no es posible”, dice.

El exministro de Finanzas lamenta que el ajuste en el gasto corriente no ha sido donde más se lo esperaba: recorte de salarios. 

Por ejemplo, en el Plan de Prosperidad 2018-2021 se hablaba de un proceso de optimización de las empresas públicas.  

Un ofrecimiento fue la venta de Yachay EP, Cementera Nacional, Enfarma, y la optimización de CNT o Tame. Nada de esto ha sucedido hasta ahora. 

Más bien, dice el economista, se ha retrasado el gasto de inversión. “En lugar de hacer una obra o una carretera en tres años, se la programa para cinco años”. 

En el primer semestre del 2019, el gasto de inversión se redujo en USD 331 millones, según datos del Ministerio de Finanzas.