Juez dictamina que Finanzas pague a tiempo los salarios a los funcionarios judiciales

El juez de Garantías Constitucionales, Mauricio Estrella Caizaguano, de la Unidad Judicial Penal de Carcelén, aceptó la noche del 31 de julio de 2020, la acción de protección que obliga al Ministerio de Finanzas el pago puntual de los salarios de los funcionarios judiciales.

La acción fue planteada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, y del director General del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, el 20 de junio de 2020.

En el dictamen, Estrella dejó claro que el Consejo de la Judicatura no incurrió en violaciones de ningún derecho constitucional, pues el pago puntual de la remuneración de los funcionarios judiciales está por fuera del ámbito de su competencia.

También determinó la reparación integral y dispuso al ministro Martínez que los pagos de la remuneraciones de los funcionarios judiciales se realice en los primeros 5 días de cada mes.

Mientras que, como reparación material, el juez dispuso "la garantía de no repetición" del pago retrasado de los salarios de los funcionarios judiciales.

Los demandantes argumentaron que desde marzo los jueces y funcionarios judiciales no reciben el pago de sus remuneraciones de forma puntual y esto no les permite "acceder a los servicios básicos y otras obligaciones".

Mientras que Finanzas argumentó que los atrasos obedecen a la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Finanzas no se pronunció sobre esta acción de protección. Pero, en la mañana de este 1 de agosto de 2020, el Departamento de Comunicación informó que la nómina de junio del sector público fue cancelada.

En cambio, los salarios de los funcionarios de los sectores de Salud y Seguridad, a quienes adeudaban únicamente el mes de julio, ya se empezaron a cancelar.

De manera paralela a la acción de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, el Consejo de la Judicatura inició otro proceso legal ante la Corte Constitucional por los recortes presupuestarios del Gobierno Central.

Esta acción constitucional fue admitida el 25 de julio.

También le puede interesar: